GARANTÍAS INDIVIDUALES Y SOCIALES | GENERALIDADES (2022)

Al recordar la tesis aristotélica elementalen materia de política –aquella que asienta que el hombre es un seresencialmente sociable (zoon politikon)- o la doctrina de Rousseau (laexistencia aislada e individual del ser humano precede a la formación social)nos percatamos que no podemos concebir al hombre fuera de la convivencia consus semejantes, es decir, la vida en común es un hecho y un supuesto indiscutible.Por lo anterior y para que sea posible el desarrollo de esa vida en común, esnecesario que la vida de cada quien se encuentre limitada con el único objetivode que su ejercicio no ocasione el caos y el desorden con lo cual se destruiríaprecisamente la sana convivencia. Las limitaciones a la conducta particular decada miembro de la comunidad en sus relaciones con los demás sujetos que laintegran, se traducen en la aparición de exigencias y obligaciones mutuas,mismas que son impuestas a través del derecho, como un medio de satisfacer lasnecesidades de regulación. Ahora bien, el contenido del derecho ya sea plasmadoen disposiciones legislativas expedidas por los órganos competentes o bien porla fuerza da la costumbre, es decir, por una práctica social constante y conuna fuerza de obligatoriedad, debe estar garantizado en cuanto a suimperatividad por un poder superior a la voluntad de cada individuo, por lo quela aplicación de lo jurídico no debe de quedar supeditada al arbitrio de éste,sino que debe ser aplicado por una autoridad, siendo ésta el órgano estataldotado de las funciones de ejecución y decisión en el propio grupo social,dicho en otras palabras el Estado.Podemos concluir esta presentación diciendoque las garantías individuales o del gobernado denotan esencialmente elprincipio de seguridad jurídica (juridicidad) el cual implica la obligaciónineludible del Estado a través de todas sus autoridades desometer sus actos al Derecho.

Acepciones dela palabra garantía

Al parecer la palabra garantía proviene deltérmino anglosajón warranty o warantie, que significa la acción de asegurar,proteger, defender o salvaguardar, por lo que tiene una connotación bastanteamplia. Podemos decir que en sentido lato garantía equivale a aseguramiento o afianzamiento.Jurídicamente tanto el vocablo como el concepto nacen en el derecho privado,teniendo en él las acepciones antes mencionadas. Ignacio Burgoa menciona en sulibro “Las Garantías Individuales”1: “que según la afirmación de SánchezViamonte, en el Derecho Público la palabra garantía y el verbo garantizar soncreaciones institucionales de los franceses y de ellos lo tomaron los demáspueblos en cuya legislación aparece desde mediados del siglo XIX”. Así tenemosque, en el Derecho Público el concepto garantía ha significado diversos tiposde seguridades o protecciones a favor de los gobernados dentro de un estado dederecho. Por ello la doctrina ha considerado que los principios de legalidad,de división o separación de poderes, de responsabilidad oficial de losfuncionarios públicos, son garantías jurídicas estatuidas en beneficio de losgobernados, afirmándose también que el mismo concepto se extiende a los medios orecursos tendientes a hacer efectivo el imperio de la ley y del derecho. Ladoctrina no se ha podido poner de acuerdo en la acepción estricta y específicaque debe tener el concepto garantía en el Derecho Público y, especialmente enel Constitucional. La diversidad de opiniones sobre lo que debe entenderse porgarantía obedece a que sus autores toman la idea respectiva en su sentidoamplio o lato, es decir, sin contraerla al campo donde específicamente debe serproyectada, o sea, al de las relaciones entre gobernantes y gobernados. Además,los doctrinarios al enfocar la definición de garantías desde diferentes puntosde vista, sugieren ideas confusas o demasiado generales.

Relaciónjurídica de las garantías individuales

La autolimitación y, por ende, laslimitaciones o restricciones a la conducta de las autoridades, se establecenpor todo el orden jurídico del Estado, independientemente de la índolejerárquica de las distintas normas que lo integran, siguiendo diferentescriterios y frente a diversos factores. Ahora bien, directa y primariamente,frente a los miembros singulares del Estado o gobernados, la autolimitaciónestatal y las limitaciones jurídicas a la actuación de las autoridades serevelan en las garantías individuales. Por lo antes expuesto, éstas se traducenjurídicamente en una relación de derecho existente entre el gobernado comopersona física o moral y el Estado como entidad jurídica y política conpersonalidad propia y sus autoridades, cuya actividad en todo caso se desempeñaen ejercicio del poder y en representación de la entidad estatal. En la vida decualquier estado o sociedad existen tres fundamentales tipos de relaciones, asaber: las de coordinación, las de supraordinación y las de supra asubordinación. Las relaciones de coordinación son vínculos que se entablanmerced a una gama variada de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentrode su condición de gobernados. Esas relaciones pueden ser de índole privada ode carácter socio-económico. En el primer caso, cuando están previstas yreguladas por las normas jurídicas, el conjunto de éstas constituye lo quesuele denominarse Derecho Privado y en el segundo, si las citadas normas lasimponen y rigen, su agrupamiento integra lo que se llama Derecho Social. Enambas hipótesis, los sujetos de las relaciones reguladas jurídicamente no son losórganos del Estado, ni entre sí, ni frente a los gobernados, pudiendo éstosser, también simples particulares o entidades colectivas o los miembrosindividuales de las mismas y si en las propias relaciones puede interveniralgún órgano estatal, como sujeto, no es su actividad de imperio la que seencauza. Las relaciones de supraordinación se establecen en los diferentes órganosde poder o gobierno de un estado o sociedad, normando la actuación de cada unode ellos y si esta normación se consagra por el Derecho Positivo, la rama deéste que la instituya, configura tanto el Derecho Constitucional como elAdministrativo en sus aspectos orgánicos. A diferencia de los dos tipos derelaciones que hemos mencionado, que reconocen siempre una situaciónigualitaria o de paridad formal entre sus sujetos, las relaciones de supra osubordinación descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, quesurgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, es decir,entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, por unlado, y el gobernado, por el otro. En dichas relaciones, la persona moralestatal y sus autoridades desempeñan frente al gobernado la actividad soberanao de gobierno, o sea, actos autoritarios propiamente dichos, que tienen comotributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Enefecto, se dice que todo acto de autoridad es unilateral, porque su existenciano requiere de la voluntad del particular al que va dirigido o frente al que serealiza; que es imperativo, en virtud de que se impone contra y sobre lavoluntad en contrario del gobernado, quien tiene la obligación de obedecerlo, ysin perjuicio de que lo impugne jurídicamente como corresponda; y que es coercitivoatendiendo a que, si no se acata por rebeldía u oposición de la persona contraquien se pretenda ejecutar, puede realizarse coactivamente, incluso mediante lafuerza pública, en detrimento de ella. La concurrencia de los tres elementosindicados forma la índole propia del acto autoritario o de gobierno, de talmanera que, faltando cualquiera de ellos, el acto que provenga de un órganoestatal y que se realice frente a un particular, no será de autoridad. Ahorabien, cuando las relaciones de supra a subordinación se regulan por el ordenjurídico, su normación forma parte tanto de la Constitución como de sus leyesadministrativas principalmente, implicando en el primer caso las llamadasgarantías individuales. En consecuencia, éstas, de conformidad con lo que acabade exponer, se traducen en relaciones jurídicas que se entablan entre el gobernado,por un lado, y cualquier autoridad estatal de modo directo e inmediato y elEstado de manera indirecta o mediata, por el otro lado.

El gobernado

Por gobernado o sujeto activo de lasgarantías individuales debe entenderse aquella persona en cuya esfera operen ovayan a operar actos de autoridad, es decir, actos atribuibles a algún órganoestatal que sean de índole unilateral, imperativa y coercitiva. De acuerdo conel artículo 1° de nuestra Constitución Federal, el gobernado a cuyo conceptoequivale la idea de individuo, puede darse en diferentes tipos de entesjurídicos, tales como las personas físicas o individuos en sentido estricto,las personas morales de derecho privado (sociedades o asociaciones), las dederecho social (sindicatos y comunidades agrarias), las de Derecho Público(personas morales y oficiales) y los organismos descentralizados, mismos queestudiaremos a continuación:

a) En el primer caso, el gobernado o sujetoactivo de la garantía individual esta constituido por todo habitante oindividuo que viva en el territorio nacional, independientemente de su calidadmigratoria, nacionalidad, sexo, condición civil, etc. Lo anterior lo observamosclaramente en el artículo 1° de nuestra Constitución, que dispone en su parterelativa que: “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de lasgarantías que otorga esta Constitución...”.

b) En cuanto a las personas morales, cuyasustantividad y capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones lascreas la ley, es evidente que cuando se ostentan como gobernados, son titularestambién de garantías individuales, aunque tal titularidad parezca un paralogismo.Interpretando literalmente los artículos 1ºs de las Constituciones del 57 y del17, puede uno resistirse a considerar a las personas morales como sujetosactivos de las garantías individuales, concluyendo que estas sólo debenimputarse a las personas físicas. Sin embargo, la garantía individual in-generepuede atribuirse también a las personas morales como entidades sometidas al imperioautoritario, puesto que bajo ciertos aspectos constituidos por derechos opotestades que no tengan un sustrato biológico, dichas personas están colocadaspor la ley en un rango semejante al que ocupan los individuos propiamentedichos. La extensión de las garantías individuales en beneficio de las personasmorales ha sido corroborada constante e invariablemente por la jurisprudenciade la Suprema Corte, así como establecida indirectamente por la Ley de Amparoal tratar la cuestión de la personalidad y la representación en el juicioConstitucional. La cuestión de si las personas morales deben considerarse o no comotitulares de garantías individuales ha sido un tema sobre el que algunos denuestros más distinguidos juristas han emitido sus opiniones; al respecto eleminente jurisconsulto Ignacio L. Vallarta, sostuvo que las corporacionestienen derechos civiles, propiedades y capacidad para celebrar contratos, yque, a pesar de que solamente los individuos tienen derechos naturales quegozan en su condición de hombres, las compañías también pueden disfrutar de talesderechos, porque esas personas morales pueden ser juzgadas como cualquierindividuo, y sus propiedades están bajo la protección de la ley Constitucional,protección que necesitan contra los actos arbitrarios, lo mismo que cualquierindividuo.

c) Sin embargo, no solamente la titularidadde las garantías individuales, es decir, su subjetividad activa, corresponde alas personas físicas y a las morales de derecho privado, sino que se extiende alas personas morales de derecho social y aún a las de Derecho Público. Enefecto, hemos dicho que el concepto de individuo a que se refiere el artículo1° Constitucional equivale a la idea de gobernado, o sea, al de sujeto físico omoral cuya esfera jurídica es susceptible de constituir el objeto total oparcial de actos de autoridad imputables a los órganos estatales. Por tanto, sidicha esfera pertenece a una persona moral de derecho social (sindicato, confederaciónsindical, comunidad agraria), ésta asume el carácter de sujeto gobernado frentea los actos autoritarios de afectación correspondientes, o sea, de individuopara los efectos de la titularidad activa de las garantías que expresamenteconsagra la constitución. Además de que según lo marca el artículo 9º de la Leyde Amparo, las personas morales oficiales o estatales pueden entablar la acciónde amparo cuando los actos de autoridad de que se traten, lesionen susintereses patrimoniales. En cuanto a los organismos descentralizados, operaanáloga conclusión, porque sì su esfera jurídica es susceptible de afectarsepor algún acto de autoridad y, por ende, si merced a dicha posibilidad deafectación pueden ostentarse como entidades gobernadas, son también sujetosactivos o titulares de garantías individuales.

d) En resumen, podemos concluir diciendo quelas garantías que con el título de individuales, instituye nuestraConstitución, propiamente se refieren a todo sujeto que tenga o pueda tener elcarácter de gobernado en los términos antes expuestos.

Fuentes de lasgarantías individuales

Ignacio Burgoa O., ha afirmado que lagarantía individual se traduce en una relación jurídica que se entabla entre elgobernado como persona física o moral, por un lado y las autoridades estatalesy del Estado, por el otro. Ahora bien, la juridicidad de este vínculo y por ende,de la garantía individual, descansará en un orden de derecho, es decir, en unsistema normativo que rige la vida social. Ese orden de derecho, en cuanto a suforma, puede ser escrito o consuetudinario. Por consiguiente, la fuente formalde las garantías individuales puede ser o bien la costumbre jurídica, o bien lalegislación escrita. Sin embargo, no a toda ésta debe reputarse como fuente delas garantías individuales, sino una categoría especial de normas. En efecto,los Derechos Públicos subjetivos, cuyo titular es todo gobernado, se instituyenen el ordenamiento fundamental o básico del orden jurídico estatal, es decir,en la Constitución, según sucede en la generalidad de los casos. Por loanteriormente expuesto tenemos que, los Derechos Públicos subjetivos, quetraducen uno de los elementos de la garantía individual o del gobernado, son decreación Constitucional conforme al artículo 1° de nuestra Ley Suprema, sin queesos derechos se agoten en los llamados “derechos del hombre” aunque sí loscomprendan, pero únicamente con referencia a un solo tipo de gobernado, como esla persona física o individuo. Ahora bien, los Derechos Públicos subjetivosestán preservados por un cúmulo de condiciones que aseguran su goce y ejercicioa favor de su titular o gobernado en el sentido de que aquéllos no puedenafectarse válidamente por ningún acto del poder público sin que éste observe o acatetales condiciones, cuyo conjunto integra la seguridad jurídica dentro de unrégimen de derecho.

Concepto degarantías individuales
Este concepto se forma mediante laconcurrencia de los siguientes elementos:

1. Relación jurídica de supra a subordinaciónentre el gobernado (sujeto activo) y el Estado y sus autoridades (sujetospasivos).

2. Derecho Público subjetivo que emana dedicha relación en favor del gobernado (objeto).
3. Obligación correlativa a cargo del Estadoy sus autoridades, consistente en respetar el consabido derecho y en observar ocumplir las condiciones de seguridad jurídica del mismo (objeto).
4. Previsión y regulación de la citadarelación por la Ley Fundamental (fuente).

De estos elementos fácilmente se infiere elnexo lógico-jurídico que media entre las garantías individuales o del gobernadoy los “derechos del hombre” como una de las especies que abarcan los Derechos Públicossubjetivos. Los derechos del hombre se traducen substancialmente en potestadesinseparables e inherentes a su personalidad; son elementos propios yconsubstanciales de su naturaleza como ser racional, independientemente de la posición jurídicopositiva en que pudiera estar colocado ante el Estado y sus autoridades; encambio, las garantías individuales equivalen a la consagraciónjurídico-positiva de esos elementos, en el sentido de investirlos deobligatoriedad e imperatividad para atribuirles respetabilidad por parte de lasautoridades estatales y del Estado mismo. Por ende, los derechos del hombreconstituyen, en términos generales, el contenido parcial de las garantíasindividuales, considerando a éstas como meras relaciones jurídicas entre lossujetos de que hemos hablado: gobernados, por un lado y Estado y autoridades,por el otro.

Característicasde las garantías individuales
a) Existencia de una relación jurídica desupra a subordinación entre el gobernado y el Estado y sus autoridades.
b) Debe ser un Derecho Público subjetivo queemana de dicha relación en favor del gobernado.
c) La existencia de una obligacióncorrelativa a cargo del Estado y sus autoridades, consistente en respetar elconsabido derecho y en observar o cumplir las condiciones de seguridad jurídicadel mismo.
d) La previsión y regulación de la citadarelación por la Ley Fundamental.

Reglamentaciónde las garantías individuales

Ninguna leysecundaria debe limitar las disposiciones Constitucionales relativas acualquier garantía individual bajo la sanción de carecer de validez jurídica enlos preceptos restrictivos, ello no implica que los ordenamientos noConstitucionales no puedan reglamentar los mandatos de la Ley Supremaconcernientes a algún Derecho Público subjetivo. En este sentido debemosentender que la reglamentación, sólo significa pormenorizar o detallar la normasuperior de que se trate, a fin de procurar su mejor aplicación u observancia. Cabehacer mención que el ordenamiento reglamentario no puede bajo ningún aspectovariar el ámbito normativo de las disposiciones que reglamente, y como éste setraduce en una determinada situación abstracta, impersonal y general,identificada por un conjunto de modalidades o supuestos que forman el contenidode dicha situación, la reglamentación únicamente debe tender a pormenorizarlasin introducir elementos perceptivos que en el expresado ámbito no se prevean.En consecuencia, un precepto reglamentario desvirtúa su propia índole jurídicacuando se excede de la propia norma reglamentada abarcando su regulaciónmaterias o supuestos que no se comprendan en la situación general abstractacontemplada en dicha norma. Ahora bien, la reglamentación de las garantíasindividuales puede tener dos orígenes formales en atención a la fuentenormativa que establezca la potestad reglamentaria, a saber: el Constitucionaly el legal. En el Constitucional es precisamente la misma Constitución la que autorizala reglamentación, es decir, cuando los preceptos que regulan o consignan lagarantía individual de que se trate prevén su pormenorización por lalegislación secundaria federal o local. En cuanto a la reglamentación puramentelegal, su fuente exclusiva es la ley ordinaria, sin que tal reglamentación estéprevista en la Ley Fundamental. Con relación a esta cuestión surge el problemade la Constitucionalidad de aquellas leyes en sentido material, que contengandicha reglamentación. Burgoa7 señala que este problema no debe resolverse apriori, sino a posteriori, es decir, tomando en consideración el caso especialde cada ley que reglamente un Derecho Público subjetivo emanado de una garantíaindividual de que se trate, podemos aducir como criterio general para constatarsi una ley secundaria en sentido material reglamentaria de una garantía individual,pugna o no con el precepto Constitucional en que ésta se consagra, laestimación de que, si una disposición legal ordinaria, al reglamentar elDerecho Público subjetivo correspondiente, hace nugatorio el ejercicio de éste,de tal manera que lo descarte o niegue, aun que en hipótesis o circunstanciasdeterminadas, dicha disposición será inconstitucional. Por el contrario, si laley secundaria que reglamenta una garantía individual no alterasubstancialmente el Derecho Público subjetivo emanado de ella, sino que sóloestablece ciertas condiciones o requisitos para su ejercicio, entonces dichanorma no será inconstitucional. Por lo anterior concluimos que, el problema de laConstitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley secundaria que reglamenteuna garantía individual no debe resolverse in abstracto, sino atendiendo a cadacaso concreto siguiendo el criterio general, el cual, si bien no deja de servago e impreciso, si puede contribuir, en cambio, a elucidar tal cuestión, quereviste vital importancia.


PrincipiosConstitucionales de las garantías

Siendo nuestra Constitución la fuente de las garantías individuales, o sea elordenamiento en el cual éstas se consagran, formando, por ende, parte de la LeyFundamental, es lógico y evidente que están investidas de los principiosesenciales que caracterizan al cuerpo normativo supremo respecto de lalegislación secundaria. Por consiguiente, las garantías individuales participandel principio de supremacía Constitucional, en cuanto tienen prevalencia sobrecualquier norma o ley secundaria que se les contraponga y primacía deaplicación sobre la misma, por lo que las autoridades todas deben observarlaspreferentemente a cualquier disposición ordinaria. Por otra parte, lasgarantías individuales, que forman parte integrante de la Constitución, están,como ésta, investidas del principio de rigidez Constitucional, en sentido deque no pueden ser modificaciones o reformadas por el poder legislativoordinario, sino por un poder extraordinario integrado en los términos delartículo 135 de la Ley Fundamental.

Reformas a lospreceptos Constitucionales que consagran las garantías individuales

Para que se puedan realizar reformas a los preceptosConstitucionales que consagran las garantías individuales, estas no deberánllevarse a cabo por el poder legislativo ordinario, sino por un poderextraordinario integrado en los términos del Título Octavo de nuestraConstitución denominado “De las Reformas de la Constitución” (Art. 135), elcual establece:

ARTÍCULO 135. La presente Constituciónpuede ser adicionada o reformada. Para que las acciones o reformas lleguen aser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto delas dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones,y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputode los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas lasadiciones o reformas.

Clasificaciónde las garantías individuales
La propia Constitución Federal no agrupa alas garantías bajo determinados rubros, aparte de que dentro de un solo artículoes factible encontrar más de una garantía. El examen de ladoctrina permite clasificar a las garantías individuales en:

1. Garantías de Seguridad Jurídica, tiene como fin que las autoridadesdel Estado no incurran en arbitrariedades a la hora de aplicar el ordenjurídico a los individuos. La libertad y la dignidad de éstos se vensalvaguardadas cuando las autoridades evitan actuar con desapego a las leyes, particularmentea las formalidades que se deben observar antes de que una persona se le privede sus propiedades o de su libertad. Los artículos que consagran estas garantíasson el 8º, el 14 y del 16 al 23.

2. Garantías de Igualdad, están destinadas aproteger la condición de igualdad que todas las personas ubicadas en el territoriode la nación guardan respecto de las leyes y ante las autoridades. Es decir,las garantías de igualdad dejan de lado cualquier consideración referente a quepor cuestiones de raza, sexo o condición social, las leyes deban aplicarse demanera distinta a cada persona a la que aquéllas se apliquen. Las garantías deigualdad están contenidas en los artículos 1º, 4º, 12 y 13.
3. Garantías de Libertad, son aquellas queindependientemente de informar al individuo sobre los derechos queConstitucionalmente le son conferidos para que pueda actuar sin dificultades enla sociedad a que pertenece, imponen cotos a la actividad que el Estado realicea fin de limitar o anular los derechos naturales que el hombre tiene por elsimple hecho de ser persona. Estas garantías están consagradas en los artículos2º,5º, 6º, 7º, 9º, 10, 11, 15, 16, PárrafosNoveno y siguientes y 24.
4. Garantías Sociales, el fin de estas garantíases que ciertos grupos de individuos gocen de la protección de la Constitución respectode derechos varios, fundamentalmente de tipo laboral. Así, los artículos 3º, 27y 123 se refieren ampliamente a las prerrogativas otorgadas a esos grupossociales.
5. Garantías de Propiedad, este tipo de garantíasobedece principalmente a cuestiones de tipo económico. La propiedad es unagarantía que en un mismo tiempo puede ser considerada individual y social. Estagarantía se encuentra consagrada en el artículo 27 de nuestra Carta Magna.



TERCERA UNIDAD. GARANTÍADE SEGURIDAD JURÍDICA


La libertad individual consiste esencialmenteen la amplitud y expedición de acción propia de cada individuo, de modo que enel terreno de las garantías individuales viene a ser el derecho de hacer o nohacer una cosa, sin que a ello nos obligue apremio alguno, mientras que laseguridad personal es el derecho de impedir la acción de un tercero, seaindividuo privado o funcionario público cuando tal acción venga indebidamente ainquietarnos en el goce tranquilo de nuestra persona, de nuestros derechos o denuestras cosas. La seguridad por lo mismo se divide en personal y real. Laprimera nos pone a cubierto de todo ataque dirigido contra nuestra propiapersona. La segunda nos pone al abrigo de todo atentado contra nuestras cosas, asegurándonosasí el goce quieto y pacífico de ellas. Nuestro derecho Constitucional atribuyea esta garantía los siguientes efectos:


1º. Seguridad de nuestra propia persona y enla de los individuos que componen nuestra familia.


2º. Necesidad de ciertas formalidades previasa la aprehensión de personas.


3º. Prohibición de toda ley retroactiva.


4º. Prohibición de servicios personalesforzosos y sin retribución.


5º. Prescripción de la excarcelación bajofianza, en determinadas condiciones.


6º. Prohibición de prisión por deuda, y detoda violencia en el ejercicio de los derechos.


7º. Prescripción para que en ningún tiempopueda decirse suspensa la administración de justicia.


8º. Precauciones que deban tenerse en todojuicio criminal.


9º. Reglas para la aplicación de penaspropiamente tales, y para la de puramente correccionales.


10º. Prohibición de las penas de mutilación,tormento, multa excesiva, confiscación, penas inusitadas y trascendentales.


11º. Abolición de la pena de muerte en losdelitos políticos y su limitación en los comunes y en los militares.


12º. Y por último, la declaración de que unavez salidos los delincuentes del territorio nacional, conquistan laprescripción de toda pena por delitos políticos, y que solo cabe la extradiciónen los delitos comunes.


En cuanto a la seguridad real nos otorga:


1. Inviolabilidad del domicilio, exención dedar alojamiento y bagajes y cualquier otro servicio personal o real en tiempode paz.


2. Inviolabilidad de los papeles y de lacorrespondencia postal y telegráfica.


3. Inviolabilidad de las posesiones ypropiedades, y limitación de la expropiación.


4. Prohibición de los monopolios y estancos,así como de todo sistema prohibitivo.

(Video) GARANTIAS INDIVIDUALES Y SOCIALES


De tales antecedentes se desprende, que laseguridad, ya personal o real, nos viene de la ley, y es por lo mismo creaciónjurídica, a la cual tenemos un derecho incontestable. La seguridad personaldebe consistir principalmente en ponernos a cubierto de las disposicionesarbitrarias y esto no podrá conseguirse de una manera absoluta, sino precisandolos motivos que puedan servir de causa justificada a una prisión o a una simpledetención. Esto, como se ve, nos escuda de los atentados que pudieran partirdel Poder Judicial y aun del Ejecutivo; pero no nos pone a cubierto de los tirosapasionados del Poder legislativo. La real se hace efectiva con castigar todaexpropiación y con garantizar en aquella que haya necesidad de hacer por causade utilidad pública los justos y sagrados derechos del propietario, y el gocetranquilo de toda posesión.



Garantía deseguridad jurídica.


En las relaciones entre gobernantes, comorepresentantes del Estado, y gobernados, se suceden múltiples actos, imputablesa los primeros, que tienden a afectar la esfera jurídica de los segundos. ElEstado, al desplegar su actividad de imperio, al asumir su conducta autoritaria,imperativa y coercitiva, necesariamente afecta la esfera o ámbito jurídico quese atribuye a cada sujeto como gobernado (persona física o moral). Todo acto deautoridad emanado por esencia del Estado y desempeñado por los diferentesórganos autoritarios estatales creados por el orden de derecho, tienen comofinalidad inherente, imbíbita, imponerse a alguien de diversas maneras y pordistintas causas; en sus múltiples derechos (vida, propiedad, libertad, etc.). Dentrode un régimen jurídico, ya sea, bajo un carácter normativo legal o bajo unaspecto consuetudinario, esa afectación de diferente índole y de múltiples yvariadas consecuencias que opera en el status de cada gobernado, debe obedecera determinados principios previos, llenar ciertos requisitos, dicho en otraspalabras, debe estar sometida a un conjunto de modalidades jurídicas, sin cuyaobservancia no sería válida desde el punto de vista del derecho. Ese conjuntode modalidades jurídicas a que tiene que sujetarse un acto de cualquierautoridad para producir válidamente, desde un punto de vista jurídico, laafectación en la esfera del gobernado a los diversos derechos de éste, y que setraduce en una serie de requisitos, condiciones, elementos o circunstanciasprevias a que debe sujetarse una cierta actividad estatal autoritaria paragenerar una afectación válida de diferente índole en la esfera del gobernado,integrada por el summum de sus derechos subjetivos. Por ende un acto deautoridad que afecte el ámbito jurídico particular de un individuo como gobernado,sin observar dichos requisitos, condiciones, elementos o circunstanciasprevios, no será válido a la luz del Derecho. La seguridad jurídica in genere,al conceptuarse como contenido de varias garantías individuales consagradas porla Ley Fundamental, se manifiesta como la sustancia de diversos derechossubjetivos públicos individuales del gobernado, oponibles y exigibles al Estadoy a sus autoridades, quienes tienen la obligación de acatarlos u observarlos. Estaobligación estatal y autoritaria es de índole activa en la generalidad de loscasos tratándose de las diferentes garantías de seguridad jurídica, o sea, queel Estado y sus autoridades deben desempeñar, para cumplir dicha obligación,actos positivos, consistentes en realizar todos aquellos hechos que impliquenel cumplimiento de todos los requisitos, condiciones, elementos o circunstanciasexigidas para que la afectación que generen sea jurídicamente válida. Adiferencia de la obligación estatal y autoritaria que deriva de la relaciónjurídica que implican las demás garantías individuales, y que ostenta unanaturaleza negativa en la generalidad de los casos, la que dimana de lasgarantías de seguridad jurídica es eminentemente positiva en términosgenerales, ya que se traduce, en un mero respeto o en una abstención devulnerar, sino en el cumplimiento efectivo de todos aquellos requisitos,condiciones, elementos o circunstancias, etc., cuya observancia seajurídicamente necesaria para que un acto de autoridad produzca válidamente laafectación particular, en la esfera del gobernado, que esté destinado arealizar.



Artículo 14 dela Constitución.


El artículo 14 Constitucional reviste unagran importancia, ya que a través de las garantías de seguridad jurídica quecontiene, el gobernado encuentra gran protección en los bienes que integran su esferade derecho. Podemos decir que el artículo 14 Constitucional es un precepto complejo,ya que en el se encuentran cuatro garantías individuales fundamentales, queson:


1. Irretroactividad legal (párrafo primero).


2. De audiencia (párrafo segundo).


3. De legalidad en materia judicial civil(párrafo tercero).


4. De legalidad en materia judicial penal(párrafo tercero).


La garantía de irretroactividad de las leyescomo ya mencionamos con anterioridad, esta concebida en el primer párrafo delartículo 14 Constitucional en los siguientes términos: “A ninguna ley se daráefecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.” La no retroactividad legal,se ha consignado en nuestra Ley suprema, como contenido de un Derecho Públicosubjetivo derivado de la garantía correspondiente. Ese derecho tiene comoobligación estatal y autoritaria correlativa, la consistente en que todaautoridad del Estado está impedida para aplicar una ley retroactivamente enperjuicio de alguna persona. Por la forma en que esta concebida éstadisposición, creemos que se trata de una garantía contra su aplicación por las autoridadesdel Estado y no contra su expedición. Para finalizar con este punto podemosdecir también, que para que la aplicación retroactiva de una ley implique lacontravención a la garantía individual relativa, es menester que los efectos deretroacción originen un perjuicio personal. Por ende, interpretando a contrariosensu el primer párrafo del artículo 14º Constitucional, la prohibición en él contenidano comprende los casos en que la aplicación retroactiva de una ley no produzcaningún agravio o perjuicio a ninguna persona.



Garantía deaudiencia.


La garantía de audiencia, una de las másimportantes dentro de cualquier régimen jurídico, ya que implica la principaldefensa de que dispone todo gobernado frente a actos del Poder Público quetiendan a privarlo de sus más caros derechos y sus más apreciados intereses, estáconsignada en el segundo párrafo de nuestro artículo 14 Constitucional queordena: “Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad, de sus posesiones,propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunalespreviamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales delprocedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”. Comopodemos observar, la garantía de audiencia está contenida en una fórmulacompleja e integrada por cuatro garantías específicas de seguridad jurídica, yque son:


a) La de que en contra de la persona, a quiense pretenda privar de alguno de los bienes jurídicos tutelados por dichadisposición Constitucional, se siga un juicio;


b) Que tal juicio se substancie ante lostribunales previamente establecidos;


c) Que en el mismo se observen lasformalidades esenciales del procedimiento, y


d) Que el fallo respectivo se dicte conformea las leyes existentes con antelación al hecho o circunstancia que hubiere dadomotivo al juicio.


Todas estas garantías se traducen en unaobligación que, con salvedades establecidas por la propia constitución y lajurisprudencia las autoridades del Estado deben cumplir, en el sentido deabstenerse de cometer actos que mermen determinados bienes de los gobernados sinque se satisfaga la garantía de audiencia. Los actos deben ser privativos;dicho en otras palabras, los actos causantes de una privación pueden provenirde autoridades administrativas, jurisdiccionales y legislativas. La inclusiónde estas últimas responde a que son las encargadas de que las leyes deprocedimientos contengan los requisitos necesarios para que se satisfaga la garantíade audiencia, sin que ello implique que los gobernados puedan acogerse a talgarantía antes de que se promulgue una ley. Por otra parte, en el juicio previoa que se tiene derecho antes de que proceda un acto de privación, se debenobservar las llamadas formalidades esenciales del procedimiento, mismas que de manera general setraducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio delprocedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar laspruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar, y 4) Eldictado de una resolución que dirimiría las cuestiones debatidas. De norespetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía deaudiencia, que es evitar la indefensión del afectado. De lo antes expuesto sedesprende, lo relacionado al momento en que se debe respetar esta garantía. Talmomento debe presentarse antes de que se emita el acto que causaría laprivación; ahora bien, esta exigencia de que el acto se notifique con antelaciónno se presenta en el caso de la producción de leyes, dado que ello supondríaque la autoridad legislativa señalara de antemano, a todos los gobernados, el contenidode la ley que se dispone a redactar, lo que causaría un retraso absoluto en lacreación legislativa, así como un desconocimiento de los medios procesales queexisten para que los particulares se defiendan contra leyes que merman susderechos jurídicamente tutelados. Por otra parte, la garantía de audiencia noes absoluta; es decir, hay excepciones para que se actualice. En el ámbitoConstitucional, el artículo 33 señala que los extranjeros tienen derecho agozar de las garantías individuales, pero que no podrán invocar la garantía de audiencia cuando su presencia en el paísresulte inconveniente a juicio del Ejecutivo Federal. Un segundo caso loencontramos en el párrafo segundo del artículo 27 Constitucional, el cual prevéque las expropiaciones se harán con base en dos requisitos: por causa deutilidad pública y mediante indemnización; esto es, no prevé que se cubra elrequisito de previa audiencia. Una tercera excepción a la garantía de audienciase ubica en la materia fiscal; en virtud de que las leyes tributarias sonestablecidas unilateralmente por el Estado, por lo que combatirlas es algo quesólo se puede hacer luego de que tales leyes hayan sido promulgadas, no antes. Unasalvedad más se refiere a la expedición de un auto de prisión preventiva, noincluido dentro de los actos a que se refiere el artículo 14.



Garantía delegalidad en materia penal.


Esta garantía de seguridad se encuentradentro del párrafo tercero del artículo 14 Constitucional, en los siguientestérminos: “En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, porsimple analogía y aun por mayoría de razón pena alguna que no esté decretadapor una ley exactamente aplicable al delito de que se trate.” Esta garantíatiene como campo de vigencia la materia procesal penal e implica el tradicionalprincipio de legalidad que se enuncia nulla poena, nullum delictum sine lege.Hay que hacer hincapié en que este postulado establece la bifurcación delegalidad sobre dos elementos: los delitos y las penas. Relacionado con elprimer elemento, tenemos, que para que un hecho determinado sea consideradocomo delito y como motivo de aplicación de una pena a la luz de dicho preceptode la Constitución, es necesario que exista una ley que repute a aquél comotal, o sea, que haya una disposición legal para que le atribuya una penalidadcorrespondiente. Se violará entonces, el párrafo tercero del artículo 14Constitucional, cuando se pretenda aplicar entonces una sanción penal a unhecho que no esté legalmente considerado como delito en los términos del artículo7º del Código Penal para el Distrito Federal o de los Códigos Penales de losEstados. Como se había mencionado en líneas anteriores, el principio de legalidaden materia penal no sólo ostenta el aspecto indicado en cuanto a la concepcióndelictiva de un hecho, sino que se refiere también a las penas. Por ello, bajoeste segundo carácter, esta prohibida la aplicación de una sanción penal sinoexiste alguna disposición legal que expresamente la imponga por la comisión deun hecho determinado. Por ende, se infringirá el párrafo tercero del artículo14 de la Constitución, cuando se aplique a una persona una pena que no seatribuya por la ley directa y expresamente a un delito determinado. Así mismo,y para asegurar la garantía de la “exacta aplicación de la Ley” en materiapenal, el párrafo tercero del artículo 14 Constitucional, también prohíbe laimposición de penalidad por analogía y por mayoría de razón.



Garantía delegalidad en materia civil.


La garantía de legalidad en materia civil, seencuentra contenida en el párrafo cuarto del artículo 14 de la Constitución,dicho párrafo establece: “En los juicios del orden civil, la sentenciadefinitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de laley, y a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho”. Enel ámbito secundario, esta garantía se halla refrendada en los numerales 158,segundo párrafo, de la Ley de Amparo; 1324 del Código de Comercio y 19 delCódigo Civil para el Distrito Federal prevén: “Para los efectos de este artículo, sóloserá procedente el juicio de amparo contra sentencias definitivas o laudos yresoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles,administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la leyaplicable al caso, a su interpretación jurídica o a sus principios generales dederecho a falta de Ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones ocosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, poromisión o negación expresa”; “Toda sentencia debe ser fundada en ley y si nipor el sentido natural ni por el espíritu de ésta se puede decidir lacontroversia, se atenderá a los principios generales de derecho, tomando enconsideración todas las circunstancias del caso”, y “Las controversiasjudiciales del orden civil deberán resolverse conforme a la letra de la ley o asu interpretación jurídica. A falta de ley se resolverán conforme a losprincipios generales del derecho”. La importancia de la garantía de legalidaden materia civil es fundamental; ya que se pretende que con ésta, se mantengael orden, dado que dejar sin resolver las contiendas de naturaleza privada porel mero hecho de que no exista una ley exactamente aplicable al caso, conduciríaa que se vulnerará lo dispuesto por el artículo 17 de nuestra Carta Magna, enel sentido de que nadie puede hacerse justicia por su propia mano. A la inversade lo que ocurre con la garantía de la exacta aplicación de la ley, por la quebasta con que no haya un fundamento jurídico preciso para que una persona no sele impute una conducta delictuosa, la garantía de legalidad en materia civil dapie a que, si la letra de la ley parece no aplicar para un caso concreto, serecurra tanto a la interpretación de aquélla como a los “principios generalesdel derecho”. Se trata de una garantía de legalidad porque, al observarla, nodebe hacerse abstracción del imperativo expresado en el primer párrafo del artículo16 de la Constitución Política, relativo a la obligación de las autoridades defundar y motivar los mandamientos escritos mediante los que pretendan causaractos de molestia sobre las personas. Así, la prescripción del cuarto párrafodel artículo 14 se completa cuando la sentencia que se dicta en un juicio delorden civil se encuentra debidamente fundada y motivada. Por otra parte, esindispensable hacer hincapié en que al hablar de “juicios del orden civil”, eltexto Constitucional no alude exclusivamente a los que son regulados por lasnormas procesales civiles; antes bien, en esta garantía tiene un alcance queinvolucra, asimismo, a los juicios administrativos, mercantiles, familiares, dearrendamiento y aun a los laborales. Además, las palabras sentencia definitivahan de comprenderse en un sentido amplio, esto es, no sólo como una resoluciónque pone fin definitivamente a un proceso, sino como cualquier resolución judicialque se pronuncie dentro del proceso; por ejemplo un auto o una sentenciainterlocutoria, que se caracterizan por resolver puntos controvertidos dentrode un asunto judicial. Asimismo, cuando la letra de la ley resulta clara, esevidente que el juzgador la aplicará sin más al caso concreto sometido a su consideración;ahora bien, siempre que el sentido de la ley no sea fácil de comprender, seránecesario desentrañarlo a través de la interpretación. Los métodos deinterpretación que existen son muy variados; cada uno de ellos tendrá lugarcuando los demás no hayan sido suficientes para comprender el sentido de laley; así tenemos los siguientes métodos:


1. Sistemático o de interpretación armónica.Consiste en determinar cuál es el sentido y el alcance de un precepto cuandoéste es relacionado con los otros preceptos de la ley a la que pertenece;


2. Gramatical. Se basa en el significadoliteral de las palabras con que la ley está redactada;


3. Lógico. Este método obliga a interpretarla ley conforme a la recta razón;


4. De interpretación auténtica. Pretendedesentrañar el sentido de la ley mediante el descubrimiento de lo que ellegislador deseaba al momento de redactar la norma;


5. Causal-teleológico. Obliga a tener encuenta cuáles pudieron haber sido las causas y los fines que se tuvieron enmente para la creación de la ley, y


6. Progresivo. Fuerza a recurrir “al estudiocomparativo de las condiciones jurídicas que prevalecían al expedirse laConstituciónPolítica delcinco de febrero de mil novecientos diecisiete, en relación con las existentesactualmente”. Relacionado con este método se encuentra el genético-teleológico,tendiente a desentrañar cuales fueron las causas que motivaron reformas a la Constitución.Cuando una vez agotados los métodos de interpretación, no ha sido posiblecomprender el sentido de la ley, puede concluirse que ésta tiene un vacío quedebe ser integrado, es decir, colmado; entonces, habrá que hacer uso de losprincipios generales del derecho, lo cuales cumplen la función de mantener lacoherencia y la cohesión entre los ordenamientos que integran el sistemajurídico mexicano. De lo anterior, podemos concluir que, el orden en que elaplicador del derecho debe acudir a las fuentes para resolver un conflicto enmateria civil, primeramente debe aplicar la ley y, se ésta no presentaclaridad, el juzgador deberá interpretarla y para ello puede recurrir a otrafuente formas, denominada jurisprudencia. Únicamente a falta de ley y de su interpretaciónjurídica, el juzgador recurrirá a los principios generales del derecho.



Artículo 15 dela Constitución.


El contenido del artículo 15 Constitucionaltiene amplios alcances humanitarios y es congruente con la previsión deldiverso 1º de la Ley Suprema, que establece que el goce de las garantíasindividuales para toda persona que se encuentre en territorio nacional, asícomo la proscripción de la esclavitud. Al prohibir la extradición de reospolíticos y otros delincuentes, este precepto se revela como un baluarte de lalibertad humana, al salvaguardarla del regreso al ignominioso estado deesclavitud. El artículo 15 de la Constitución establece: “No se autoriza la celebraciónde tratados para la expedición de reos políticos, ni para la de aquellosdelincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron eldelito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de losque se alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución parael hombre y el ciudadano”. La prohibición que establece dicho artículo, sedecreta para las autoridades del Estado que Constitucionalmente debenintervenir en la celebración de tratados o convenios internacionales,imponiéndoles, por ende, obligaciones negativas o de no hacer. Por su objeto,son dos los tipos de tratados o convenios internacionales cuya celebración estaprohibida, a saber, los que se refieren a la extradición y los que impliquen laalteración de las garantías del gobernado y de los derechos del ciudadano. Asítenemos, que la extradición es el acto por el cual un Estado hace entrega aotro Estado que la reclama, de una persona a quien se le imputa la comisión deun delito dentro del territorio de la entidad reclamante, para juzgarla poreste motivo. Ahora bien, dicho acto no puede acordarse en ningún tratado oconvenio internacional si el delito, por el que se pretenda extraditar a suautor, es de carácter político. De conformidad con lo anterior, el EstadoMexicano no deberá conceder extradición, si con ésta se pretende privar alextraditado del goce de los derechos que ha encontrado en el territorionacional. Por lo que respecta al procedimiento de extradición, éste consta detres fases procesales que la Primera Sala del Máximo Tribunal ha detallado: “Existentres periodos perfectamente definidos en los que se encuentra dividido elcitado procedimiento:


a) El que se inicia con la manifestación deintención de presentar formal petición de extradición, en la que el Estadosolicitante expresa el delito por el cual pedirá la extradición y que existe encontra del reclamado una orden de aprehensión emanada de autoridad competente;o en su caso, a falta de tal manifestación de intención, el que inicia con la solicitudformal de extradición, la cual debe contener todos y cada uno de los requisitosa que se refiere el artículo 16 de la Ley de Extradición Internacional o losestablecidos en el tratado respectivo;


b) El que comienza con la decisión de laSecretaría de Relaciones Exteriores de admitir la petición, por estarsatisfechos los requisitos legales correspondientes, etapa dentro de la cualinterviene el juez de Distrito competente y emite su opinión, y


c) Aquel en el que la Secretaría deRelaciones Exteriores resuelve si concede o rehúsa la extradición, sin estarvinculado jurídicamente a la opinión que dictó el juez de Distrito. Luegoentonces, las violaciones que en su caso se cometan en una etapa concluidaquedan consumadas irreparablemente por cesación de efectos del acto y no puedenafectar ni trascender a la otra. Es importante hacer hincapié que por reospolíticos debemos entender aquellos que hayan cometido un delito político. Eneste sentido el artículo 144 del Código Penal Federal establece: “Se considerandelitos de carácter político los de rebelión, sedición, motín y el de conspiración…”.Es importante hacer notar que el hecho de que una persona sea extraditada no laexime de gozar de las garantías individuales consagradas en la Constitución. Enel artículo 1º. Constitucional se establece que todo individuo gozará de lasgarantías otorgadas por la Ley Fundamental; o sea, no hace distinción algunasobre quiénes serán los beneficiarios por las garantías, por tanto, cualquierpersona requerida en extradición goza de las garantías individuales conferidas porla Carta Magna. Por otra parte, cabe tener presente que el Tratado deExtradición entre Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América,otorga al Presidente de la República la facultad discrecional de entregar a un mexicanopor haber cometido un delito en aquel país, “si no se lo impiden sus leyes”, osea, la Constitución Política o cualquier ley federal. Ahora bien, dado el casoque no exista un tratado de extradición, celebrado con un país solicitante, conel objeto de garantizar la legalidad en este tipo de procedimientos, debe aplicarselo dispuesto en la Ley de Extradición Internacional ya que dicho ordenamiento establecelos requisitos y condiciones que deben observarse antes de extraditar a unapersona que haya cometido un delito del orden común, precisamente cuando nohaya un tratado internacional que regule la extradición. Así como el artículo15 de la Constitución Política salvaguarda la libertad personal de posiblessujetos de extradición, el artículo 10 de la Ley de Extradición Internacionalimpone a los Estados requirentes la satisfacción de las siguientes condiciones,cuando hagan una petición de extradición al Estado Mexicano:


1. Que llegado el caso, otorgará lareciprocidad;


2. Que no serán materia del proceso, ni aúncomo circunstancias agravantes, los delitos cometidos con anterioridad a la extradición,omitida en la demanda e inconexa con los especificados en ella. El Estadosolicitante queda relevado de este compromiso si el inculpado conscientelibremente en ser juzgado por ello o si permaneciendo en su territorio más dedos meses continuos en libertad absoluta para abandonarlo, no hace uso de estafacultad;


3. Que el presunto extraditado será sometidoa tribunal competente establecido por la ley con anterioridad al delito que sele impute en la demanda, para que se le juzgue y sentencie con las formalidadesde derecho;


4. Que será oído en defensa y se lefacilitarán los recursos legales en todo caso, aun cuando ya hubiere sidocondenado en rebeldía;


5. Que si el delito que se impute alreclamado es punible en su legislación hasta con la pena de muerte o alguna delas señaladas en el artículo 22 Constitucional, sólo se impondrá la de prisióno cualquier otra de menor gravedad que esa legislación fije para el caso, yasea directamente o por substitución o conmutación.


6. Que no se concederá la extradición delmismo individuo a un tercer Estado, sino en los casos de excepción previstos enla segunda fracción de este artículo, y


7. Que proporcionará al Estado mexicano unacopia auténtica de la resolución que se pronuncie en el proceso


Fuera de los reos políticos, el artículo 15Constitucional también prohíbe la extradición de delincuentes del orden común.Esto significa que desde el punto de vista Constitucional, el fuero al quepertenezcan los delitos cometidos es irrelevante para que no opere laextradición, si con esta se pretende atentar contra los derechos fundamentales–sobre todo la libertad- de la persona que se desee extraditar. Como ya sehabía mencionado al principio de este subtema, el artículo 15 de la Constitucióntambién prohíbe los tratados de extradición del delincuente del orden común quehaya tenido la condición de esclavo en el país donde se hubiese cometido eldelito. Mediante esta prohibición se reafirma la proscripción de la esclavitudque preconiza el artículo 1º Constitucional, en el sentido de que basta que unsujeto, que haya estado en esa situación infamante e inhumana, entre alterritorio nacional, para que por ese solo hecho adquiera la libertad. Sería,pues, un contrasentido si México celebrara con potencias extranjeras, que mantuvieraninstitucionalmente la esclavitud, tratados de extradición de delincuentescomunes que se encontrasen en semejante ignominioso estado, para que, una vezentregados al país reclamante, perdiesen la libertad obtenida por efectoConstitucional automático en nuestro territorio. Por último, la terceraprohibición que consigna dicho precepto es la más extensa. A través de ella seasegura la observancia de todas las garantías del gobernado, haciéndolasinvulnerables por la conducta contractual del Estado mexicano en el campointernacional. Ningún tratado o convenio, sea cual fuere su materia, essusceptible de celebrarse si mediante él se alteran dichas garantías. Esta imposibilidaddenota la hegemonía del derecho interno de nuestro país sobre el DerechoInternacional, cuyas normas, en su aspecto convencional, sólo pueden aplicarseen el territorio nacional en tanto no pugnen con los mandamientosConstitucionales, según se advierte con claridad en el artículo 133 de nuestraConstitución.



CUARTA UNIDAD. ARTÍCULO16 CONSTITUCIONAL


El artículo 16 de nuestra Constitución, sinduda alguna es uno de los preceptos que imparten mayor protección al gobernado,sobre todo a través de la garantía de legalidad que consagra, la cual, dada su extensióny efectividad jurídicas, pone a la persona a salvo de todo acto de meraafectación a su esfera de derecho que no sólo sea arbitrario, es decir, que noeste basado en norma legal alguna, sino contrario a cualquier precepto,independientemente de la jerarquía o la naturaleza del ordenamiento a quepertenezca. Y es precisamente por ello, que podemos afirmar que el artículo 16Constitucional, difícilmente se descubre en ningún sistema o régimen jurídicoextranjero, a tal punto, que nos es posible aseverar que en ningún otro país elgobernado encuentra su esfera de derecho tan libremente preservada como en México,cuyo orden jurídico total, desde la Ley Suprema hasta el más minuciosoreglamento administrativo, registra su más eficaz tutela en las disposicionesimplicadas en dicho precepto.



Garantía queconsagra el precepto.


Se considera legal lo que está “prescrito poruna ley y conforme a ella”; por consiguiente, la legalidad será la “cualidad delegal”. De conformidad con el primer párrafo del artículo 16 Constitucional, “nadiepuede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones,sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde ymotive la causa legal del procedimiento”. La garantía de legalidad consagradaen estas líneas descansa en el llamado principio de legalidad, consistente enque las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando le ley se los permite,en la forma y los términos que dicha ley determine. El conjunto de lasgarantías que contiene el artículo en comento se puede desglosar de lasiguiente manera:


Primer párrafo: Todo acto de molestia debeconstar en un mandamiento escrito de autoridad competente, que lo funde y lomotive.


Segundo y tercerpárrafos: Todaorden de aprehensión que se libre contra una persona debe provenir de unaautoridad judicial, que de inmediato deberá poner al inculpado a disposicióndel Juez.


Cuarto párrafo: En los casos de delitoflagrante, cualquier persona puede detener al indiciado, siempre que en el actolo ponga a disposición de la autoridad inmediata, que en seguida lo deberáponer a la del Ministerio Público.


Quinto párrafo: En casos urgentes, y siempreque se trate de delitos graves, el Ministerio Público puede, bajo suresponsabilidad, ordenar la detención del indiciado, para lo que deberá fundary motivar su proceder.

(Video) Derecho Constitucional de México: Garantías individuales y sociales.


Sexto párrafo: En los casos de flagrancia ourgencia, el Juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamenteratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.


Séptimo párrafo: Nadie puede ser detenido porel Ministerio Público durante más de cuarenta y ocho horas.


Octavo párrafo: Las órdenes de cateo sólopueden ser expedidas, por escrito, por la autoridad judicial.


Noveno y décimopárrafos: Lascomunicaciones privadas son inviolables, y las intervenciones que de ellas sehagan deben ser autorizadas por la autoridad judicial federal, y sujetarse alos requisitos y límites previstos en las leyes.


Décimo primerpárrafo: Laautoridad administrativa practicará visitas domiciliarias sólo para cerciorarsede que se han cumplido los reglamentos sanitarios o de policía, así como paraexigir la exhibición de libros y papeles que comprueben que se han acatado lasdisposiciones fiscales.


Décimo segundopárrafo: Lacorrespondencia que circule por estafetas es inviolable.


Décimo tercerpárrafo: Entiempo de paz ningún militar podrá alojarse en una casa particular sin permisodel dueño, ni imponer prestaciones. En tiempo de guerra, cualquier militarpodrá exigir alojamiento y otras prestaciones a los particulares, con sujecióna lo dispuesto por la ley marcial correspondiente. Como podemos observar, lagarantía Constitucional contenida en el primer párrafo reviste particularimportancia; ya que a la luz de este párrafo deben llevarse a cabo los actos demolestia a que alude el resto del artículo.



Acto demolestia.


La primera parte del artículo 16Constitucional, ordena textualmente: “Nadie puede ser molestado en su persona,familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento de laautoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.” Segúnla jurisprudencia plenaria de la Suprema Corte de Justicia, son actos demolestia los que: “sólo restringen de manera provisional o preventiva un derechocon el objeto de proteger determinados bienes jurídicos”. Ahora bien, el actode autoridad que debe supeditarse a tales garantías consiste en una simplemolestia, o sea, en una mera perturbación o afectación a cualquiera de losbienes jurídicos mencionados en dicho precepto, cuyo alcance protector, através de ese elemento, es mucho más amplio que la tutela que imparte elartículo 14 Constitucional mediante las garantías de audiencia y de legalidadconsagradas en sus párrafos segundo, tercero y cuarto. Por ello, cuando no setrate de actos de privación en sentido estricto ni de actos jurisdiccionales penaleso civiles, sino a actos de mera afectación de índole materialmenteadministrativa, las garantías condicionantes son las consagradas en el artículo16 de la Constitución. Por otra parte y en virtud de que todo acto de privaciónestricto y todo acto jurisdiccional penal o civil entrañan un acto de molestia,ya que la implicación lógica de este último concepto es mucho más extensa, es evidenteque las garantías de seguridad jurídicas involucradas en la primera parte delartículo 16 Constitucional también condicionan a los primeros. De esta maneracuando se trate de actos privativos o jurisdiccionales penales o civiles, lavalidez Constitucional de los mismos debe derivar de la observancia de lasgarantías consagradas en los tres últimos párrafos del artículo 14 en susrespectivos casos, así como de las contenidas en el propio artículo 16. Paraterminar podemos decir que los actos de autoridad que necesariamente deben desupeditarse a las exigencias que establecen las garantías consagradas en laprimera parte del artículo 16 Constitucional, son todos los posiblesimaginables, pudiendo traducirse específicamente en los siguientes tipos:


a) En actos materiales administrativos quecausen al gobernado una simple afectación o perturbación a cualquiera de susbienes jurídicos, sin importar un menoscabo, merma o disminución de su esferasubjetiva de derecho ni una impedición para el ejercicio de un derecho (actosde molestia en sentido estricto);


b) En actos materialmente jurisdiccionalespenales o civiles, comprendiendo dentro de este último género a losmercantiles, administrativos y del trabajo (actos de molestia en sentido lato),y


c) En actos estrictos de privación,independientemente de su índole formal o material, es decir, en aquellos queproduzcan una merma o menoscabo en la esfera jurídica subjetiva de la persona ola aludida impedición (actos de molestia en sentido lato).



Orden dedetención y aprehensión.


El artículo 16 Constitucional en su segundaparte establece: “Nadie podrá librarse orden de aprehensión sino por laautoridad judicial y sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hechodeterminado que la ley señale como delito sancionado, cuando menos, con pena privativade libertad y existan datos que acrediten los elementos que integran el tipopenal y la probable responsabilidad del indiciado". Dicho precepto agregaque “La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner alinculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estrictaresponsabilidad”, en la inteligencia de que la contravención a lo anterior serásancionada por la ley penal”. Como podemos observar, el acto de autoridadcondicionado por las diversas garantías consagradas en esta segunda parte delartículo 16 Constitucional, tiene como efecto directo de la privación de lalibertad del sujeto no derivada de una sentencia judicial, o sea, la privación libertariacomo un hecho preventivo.



Cateo.


El precepto Constitucional que estudiamosdispone en su tercera parte que: “En toda orden de cateo, que sólo la autoridadjudicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse,la persona o personas que hayan de que aprehenderse y los objetos que sebuscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose alconcluirla un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos porel ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad quepractique la diligencia.” El acto autoritario condicionado por las garantías deseguridad jurídica involucradas en esta tercera parte del artículo 16Constitucional, estriba en el cateo, o sea, en el registro o inspección desitios o lugares con el fin de descubrir ciertos objetos para evidenciardeterminadas circunstancias de aprehender a algún sujeto o de tomar posesión deun bien.


a) La primera garantía de seguridad jurídicaque condiciona el acto de cateo estriba en que la orden respectiva debe emanarde autoridad judicial en el sentido formal del concepto, es decir, de un órganoautoritario constitutivo del Poder Judicial, bien sea local o federal. b) Encuanto a su forma, dicha orden debe constar por escrito, por lo que un cateoordenado o dictado verbalmente es violatorio de una tercera parte del artículo16 Constitucional.


c) La orden de cateo nunca debe ser general,esto es, tener un objeto indeterminado de registro o inspección, sino que debeversar sobre cosas concretamente señaladas en ella y practicarse en un cierto lugar.Además, cuando la orden de cateo lleve aparejado un mandamiento de detención oaprehensión, la constancia escrita relativa debe indicar expresamente lapersona o personas que han de ser objeto de estos últimos casos.


d) Por último, la tercera parte del artículo16 Constitucional contiene, ya no como meras garantías de seguridad jurídica aque se debe de condicionar el cateo, sino como obligación impuesta a las autoridadesque lo practican,, el hecho de que una vez concluida la diligencia respectiva,se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos porel ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa por la autoridad queverifique aquella.



Visitadomiciliaria.


Independientemente de las visitas que puedenpracticarse en el domicilio de los gobernados provenientes de ordenes de cateoo condicionadas por las garantías implicadas en la tercera parte del artículo16 Constitucional, este mismo precepto faculta a las autoridades administrativaspara realizar visitas domiciliarias sin previa orden judicial. Es la prácticade estas visitas el acto que está condicionado por las garantías de seguridadjurídica contenidas en el último párrafo del artículo 16 Constitucional, quedispone: “La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliariasúnicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios yde policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables paracomprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estoscasos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. Lasvistas domiciliarias a que hace referencia el artículo 16 Constitucional y queequivalen a las inspecciones que pueden practicar toda autoridad administrativapara constatar en cada caso concreto la observancia de los reglamentosgubernativos o los ordenamientos de carácter fiscal, no sólo no deben estarprecedidas por orden judicial alguna, sino ni siquiera por ningún mandamientoescrito. Cabe mencionar que la simple inspección o visita domiciliaria no producenun acto de molestia al gobernado, puesto que su objetivo únicamente consiste enestablecer si se cumplen o no las leyes tributarias o los reglamentosgubernativos, sin que por ello y por si mismas causen agravio o perjuicioalguno al gobernado cuyo negocio será visitado o inspeccionado. Además de tenerque sujetarse a los ordenamientos que rijan las visitas domiciliarias, talesvisitas o inspectores deben hacerse constar en un acta circunstanciada. Las actasde inspección, por otra parte, deben levantarse en presencia de dos testigospropuestos por la persona cuyo establecimiento o negocio se visite o seinspeccione, o por el inspector en caso de ausencia o negativa del particularinteresado, lo cual se debe hacer constar en actas. Si la práctica de lasdiligencias de inspección administrativa arroja como resultado la infracción alreglamento gubernativo o a la ley fiscal de que se trate, la autoridad quecorresponda debe hacer cumplir tales ordenamientos mediante las decisiones oresoluciones que procedan, y como dichos actos entrañan sendas molestias en cualquierade los bienes jurídicos a que hace referencia el artículo 16 Constitucional ensu primera parte, deben estar condicionados a las garantías de seguridadjurídica que ésta contiene y que ya se ha estudiado con anterioridad.



El domiciliode los particulares y las autoridades militares.


Por decreto, publicado en el Diario Oficialde la Federación el día 3 de febrero de 1983, se incorporo al artículo 16Constitucional un último párrafo, mismo que dispone que: “En tiempo de paz,ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular, contra lavoluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra, los militares podrán exigiralojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos queestablezca la ley marcial correspondiente”. En el primer caso es decir cuandose trate de tiempos de paz, se consigna como una garantía la inviolabilidad deldomicilio privado contra las autoridades militares que pretendan ocuparlo ohabitarlo, en el sentido de prohibir a éstas alojarse en él. Este preceptoconfiere el derecho al gobernado de oponerse, si es posible por medio de la violenciafísica a cualquier intento de ocupación que hagan los militares respecto de sucasa particular. Por otra parte, la garantía de que en tiempo de paz ningúnmiembro del Ejército puede imponer prestación alguna al gobernado, se encuentracomplementado con las disposiciones categóricas que contiene el artículo 129Constitucional; según este precepto, “ninguna autoridad militar puede ejercermás funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Enel segundo caso, esto es, cuando se trate de tiempos de guerra, la disposiciónque comentamos faculta a los militares para exigir de los gobernados ciertasdotaciones o prestaciones en general en forma gratuita y aun en contra de lavoluntad de los mismos. Sin embargo, hay que señalar, que la exigencia de lasmencionadas prestaciones a favor de los militares, deben apoyarse y normarse enuna legislación especial que al efecto dicte o se haya dictado, es decir, laley marcial, que constituye o constituiría parte integrante de la legislaciónde emergencia en general, queel Ejecutivo Federal puede dictar con fundamento en el artículo 29Constitucional.



QUINTA UNIDAD. ARTÍCULO17 Y 18 CONSTITUCIONAL


De manera general podemos decir que elartículo 17 Constitucional encierra tres garantías de seguridad jurídica, lascuales se traducen en impedimentos o prohibiciones a los gobernados y en unaobligación para las autoridades judiciales. Por su parte el artículo 18 de laConstitución involucra garantías individuales del gobernado y garantíassociales en materia penal.



Artículo 17 dela Constitución.


El artículo 17 Constitucional contiene unaprohibición -que se traduce en una garantía- y tres garantías individuales. a)En el primer párrafo de esta disposición, se niega a los gobernados laposibilidad de que se hagan justicia por si mismos o que ejerzan violencia parareclamar sus derechos; en términos estrictos, esta disposición Constitucionalse traduce en una relación jurídica existente entre el gobernado por un lado yel Estado y sus autoridades por el otro, en virtud del cual se crea para elprimero un derecho subjetivo público y para los segundos una obligación correlativa.Así tenemos, que la prevención Constitucional de que tratamos, en realidad nosólo no establece para el gobernado ningún derecho subjetivo ni para el Estadoy sus autoridades una obligación correlativa, sino que impone al sujeto como yase había mencionado al inicio de este tema dos deberes negativos: No hacersejusticia por su propia mano y no ejercer violencia para reclamar su derecho.Además, de esta obligación negativa, este precepto, contiene tácitamente paralos gobernados un deber positivo, anexo a aquella, y que estriba en acudir alas autoridades estatales en demanda de justicia para reclamar el derecho, sin dudaeste articulo busca garantizar la armonía en las relaciones sociales.


b) El segundo párrafo del artículo 17Constitucional garantiza a toda persona el derecho de acceso efectivo a lajusticia por medio de tribunales que estarán expeditos para brindarla de maneragratuita, de ahí que estén prohibidas las costas judiciales. La garantía de seguridadjurídica establecida a favor del gobernado en este caso, se traduce en laimposibilidad que tienen las autoridades judiciales de retardar o entorpecerindefinidamente la función de administrar justicia, teniendo en consecuencia laobligación de sustanciar y resolver los juicios ante ellas ventilados dentro delos términos consignados por las leyes respectivas.


c) Como se puede observar, el tercer párrafose relaciona con el párrafo citado en el inciso anterior, en el sentido queéste asegura a los gobernados el hecho de que las leyes federales y las localesse encargarán de establecer los medios para que los tribunales sean independientesy hagan efectivos sus fallos.


d) Por último el párrafo final del artículo17 de nuestra ley suprema señala que: “Nadie puede ser aprisionado por deudasde carácter puramente civil”. Esta garantía no viene a ser sino lacorroboración o confirmación del principio jurídico de nullum delictum, nullapoena sine lege. En efecto, de acuerdo con él, solamente un hecho reputado porla ley como delito puede ser considerado como tal y, en consecuencia, sersusceptible de sancionarse penalmente. Por ello, una deuda proveniente de unacto o relación jurídicos civiles en sí mismos, esto es, no estimados por laley como delictuosos, no puede engendrar una sanción penal, ya que ésta sereserva a los delitos, es decir, a los hechos reputados legalmente como tales. Bajoeste aspecto, el artículo 17 Constitucional viene a confirmar la garantía de laexacta aplicación de la ley en materia penal, en el sentido de que sólo podráaplicarse una pena prevista expresamente por la ley para un determinado delito,o sea, para un hecho calificado legalmente como tal.



Artículo 18 dela Constitución.


El artículo 18 Constitucional dispone en suprimer párrafo: “Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar aprisión preventiva”. Así mismo, como garantía de seguridad jurídica propia dela realización material de la prisión preventiva, el artículo 18 dispone que elsitio en que ésta tenga lugar, sea distinto del que se destinare para laextinción de las penas, debiendo estar ambos en lugares separados. Los párrafossegundo y tercero del artículo en comento estatuyen: “Los gobiernos de laFederación y de los Estados organizarán el sistema penal en sus respectivasjurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y laeducación como medios para la readaptación social del delincuente. Las mujerescompurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres paratal efecto”. “Los gobernadores de los Estados, sujetándose a los queestablezcan las leyes locales respectivas, podrán celebrar con la Federación conveniosde carácter general, para que los reos sentenciados por delitos desorden comúnextingan su condena en establecimientos dependientes del Ejecutivo Federal”. Comose ve, goza de rango Constitucional la obligación de que la Federación y losEstados organicen el sistema penitenciario, esto es, no se trata de una potestad,sino de un imperativo que debe traducirse en la elaboración de disposicionesfederales y locales que prevean las condiciones en que las personas privadas dela libertad deberán purgar sus condenas. Es de destacar que el precepto demandaque el fin de las penitenciarias no sea tener castigados a quienes las ocupen,sino suministrarles las condiciones necesarias para que pueda readaptarse a lasociedad de la que, por haber cometido un delito, fueron separados. Los reos noestán limitados a sufrir un desesperante e ignominioso cautiverio, sino quepueden trabajar y educarse con miras a que, al terminar sus condenas, sereintegren a la sociedad para desempeñar en ella un papel útil y provechoso.Para contribuir a tal fin, el 14 de agosto de 2001 se adicionó un párrafo finalal artículo en estudio, donde se prevé que los reos pueden, de darsedeterminadas condiciones legales purgar sus condenas en los centrospenitenciarios más cercanos a su domicilio. En cuanto a la prohibición de quelos hombres y las mujeres purguen sus condenas en el mismo lugar, tiende aevitar situaciones de promiscuidad o de dominación masculina, en el entendidode que las mujeres guardan una situación de debilidad respecto de los varones. Eltercer párrafo deja a la elección de las entidades federativas la celebraciónde convenios con el gobierno federal, a fin de que los condenados por delitosdel orden común que purguen sus condenas en un establecimiento federal, seantrasladados a uno local, y viceversa. La soberanía de los Estados sesalvaguarda por el hecho de que la celebración de estos convenios no seaobligatoria. El penúltimo párrafo del artículo prevé que tanto la federacióncomo los estados habrán de establecer instituciones que se encarguen de tratar alos menores infractores. El porque de esta disposición radica en la evidentediferencia que debe existir entre el tratamiento que se le da a un adulto y elque recibe un menor. La Ley para el Tratamiento de Menores Infractores,aplicable en el Distrito Federal y en toda la República en Materia Federal, esque determina la clase de medidas que se tomarán para la readaptación social delos menores que hayan cometido conductas tipificadas por las leyes penalesfederales y del Distrito Federal. Para llevar a cabo tales medidas fue creadoel Consejo de Menores. Los Estados, previos convenios con la federación, hanestablecido Consejos de Menores en sus territorios. El menor que resida entales Consejos debe recibir un trato humano y justo, y sus garantías deben serrespaldadas de modo irrestricto.


Por lo que hace a la situación de los reosnacionales que purguen condenas en el extranjero, el penúltimo párrafo delartículo que se estudia dispone que podrán ser trasladados a territorionacional, de conformidad con tratados internacionales que al respecto haya celebradoel gobierno mexicano. Al tenor de esos tratados, también procederá que los reosde nacionalidad extranjera que se hallen presos en el territorio nacional seanenviados a sus países de origen. Sin embargo, para que proceda tal trasladotienen que concurrir tres voluntades: en primer lugar, la del Estado donde elreo se encuentre; en segundo, la del Estado al que podría ser trasladado y, porfin, la del 16 Artículo 4º de la Ley para el Tratamiento de MenoresInfractores.



SEXTAUNIDAD. GARANTÍAS PENALES.


En la presente Unidad analizaremos de maneraparticular otra garantía de seguridad jurídica que consagra el artículo 21Constitucional consistente en que la persecución de los delitos compete alMinisterio Público. Así mismo, analizaremos la importancia que tiene comogarantías de seguridad jurídica en materia procesal penal el auto de formalprisión o de prisión preventiva, toda vez que es este el que resuelve una controversiaprevia entre el iniciado y el Ministerio Público. Por último, analizaremos laexcepción de que adolece el artículo 21 Constitucional en relación, al hecho deque la imposición de penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial.



MinisterioPúblico.


El Ministerio Público es aquella organizaciónde funcionarios que, a nivel tanto federal como local, tiene la encomienda derepresentar los intereses sociales en diversos procesos, y cuya actividadfundamental consiste en provocar el ejercicio de la jurisdicción para que se subsanenlos daños que, como consecuencia de diversas conductas, haya resentido lasociedad. La institución del Ministerio Público tiene antecedentes que se remontana los tiempos de la Grecia antigua. No obstante, su antecedente más próximo selocaliza en el Ministère Public, creado en Francia a principios del siglo XIX,y que desde entonces revestía sus características típicas. En México hubo unaépoca en que el Ministerio Público funcionó bajo la forma de “fiscales” queestaban integrados al Poder Judicial. Esto cambió a partir de la expedición dela actual Constitución Política. Hoy, el Ministerio Público depende del PoderEjecutivo Federal y de los Poderes Ejecutivos locales; con independencia delartículo 21, el Ministerio Público es regulado también por los diversos 102,apartado A; 107, fracción XV y 122, apartado D, de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos. La primera de tales disposiciones regula la organizacióny el funcionamiento del Ministerio Público de la Federación; el segundo, por suparte, dispone que esta organización es parte en todos los juicios de amparo,salvo en aquellos que, a su parecer, no sean de interés público; por último elartículo 122, apartado D, se refiere al Ministerio Público en el DistritoFederal. Como ya fue mencionado, el Ministerio Público no sólo actúa enprocesos del orden penal, sino que su actuación también es válida en juiciosciviles y familiares, donde funge como representante de menores y ausentes, y seconstituye como parte principal en juicios donde se defienden los interesespatrimoniales del Estado. En lo tocante a los procesos penales, la persecuciónde los delitos se da a través de dos etapas sucesivas:


1. Mediante una averiguación previa, que estáintegrada por las investigaciones que realiza el Ministerio Público para reunirlos datos que hagan probable la responsabilidad de un indiciado, y


2. Al interponer la acción penal. En estepunto, es imprescindible hacer mención del antepenúltimo párrafo del artículo21 Constitucional: “Las resoluciones del Ministerio Público sobre el noejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por víajurisdiccional en los términos que establezca la ley”. Este párrafo fueadicionado al texto Constitucional el 31 de diciembre de 1994. Lo que implicaque es una garantía individual de seguridad jurídica, en virtud de que concedela oportunidad de que se combata la inactividad del Ministerio Público en arasde seguridad de la sociedad, así como para prevenir el incremento de laimpunidad. En efecto, si la autoridad monopoliza el ejercicio de la acciónpenal, no insta a las autoridades jurisdiccionales para que enjuicien a un inculpado,podría dar pie a que jamás se le reparen a la sociedad los daños que la ley lehaya causado. En otro orden de ideas, hay que hacer mención de que durante la averiguaciónprevia, el Ministerio Público no esta solo. Se auxilia de un cuerpo de policíaque se encuentra bajo su autoridad y mando inmediato, y que forma parte tantode la Procuraduría General de la República como de las Procuradurías deJusticia locales. Antiguamente, esta policía recibía el calificativo dejudicial, pero ello cambió para evitar, sobre todo, que se les consideraraperteneciente alPoder Judicial.Ahora es conocida como Policía Federal Investigadora; en este sentido, elartículo 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Repúblicaseñala que tal policía es uno de los auxiliares directos del Ministerio Públicode la Federación –el otro son los servicios periciales-. Más aún, el artículo21 de la misma ley reitera el mandato Constitucional, en el sentido de que lapolicía federal investigadora deberá auxiliar al Ministerio Público de laFederación en la investigación de los delitos del orden federal. Por lo querespecta a sus atribuciones, el tercer párrafo del artículo en cita señala: “Conforme a las instrucciones quedicte el Ministerio Público de la Federación, la policía federal investigadoradesarrollará las diligencias que deban practicarse durante la averiguación previay, exclusivamente para los fines de ésta, cumplirá citaciones, notificaciones yprestaciones que ordenen y ejecutará las órdenes de aprehensión, los cateos yotros mandamientos que emita la autoridad judicial, así como las órdenes de detenciónque en los casos a los que se refiere el párrafo quinto del artículo 16 de laConstitución de los Estados Unidos Mexicanos, dicte el propio MinisterioPúblico de la Federación”. Es importante recordar que el 1º de noviembre de2001, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de laRepública fue adicionado con un capítulo sexto quáter, que en dos artículosseñala la integración y el funcionamiento de la Agencia Federal deInvestigación (AFI). Es particularmente relevante el artículo 19 quáter, ya quesegún observaremos, señala que los miembros de la AFI pueden llevar a cabo lasdiligencias que según la Constitución y las leyes, deben ser ejecutadas por laPolicía Federal Investigadora, en tal sentido a continuación se reproduce elcontenido del citado artículo. “La policía que se encuentra bajo la autoridad ymando inmediato del Ministerio Público de la Federación, se integra en laAgencia Federal de Investigación, en los términos del presente Reglamento ydemás disposiciones aplicables. Con independencia de las atribucionesconferidas a la Agencia Federal de Investigaciones y a sus unidadessubalternas, cualquiera de los agentesque le estén adscritos estará facultado para ejecutar mandamientosministeriales y judiciales”.



Instrucción.


El artículo 19 de la Constitución Federalprevé los requisitos de forma y de fondo que debe cubrir el auto de formalprisión. Este numeral de la Carta Suprema es particularmente importante, dadoque garantiza, a un tiempo, la libertad y la seguridad jurídica de todas laspersonas que se encuentren en territorio nacional. En su primer párrafo, esteartículo señala que: “ninguna detención ante autoridad judicial podrá excederdel plazo de setenta y dos horas”. Este plazo comienza a correr desde elmomento en que el probable autor del delito es puesto a disposición de laautoridad judicial. Si dentro de esas 72 horas no se dicta un auto de formalprisión, deberá dictarse uno de libertad o de sujeción a proceso, pero enningún caso se permitirá que la persona continúe detenida si no se gira un autode formal prisión en su contra en el plazo mencionado. Este plazo de 72 horaspuede ser prorrogado, siempre que se cumpla con ciertos requisitos establecidosen la ley. En este sentido, el artículo 161 del Código Federal de ProcedimientosPenales señala que el plazo se prorrogará por otras 72 horas, cuando elindiciado lo solicite por sí o a través de su defensor; o bien la ampliaciónserá sólo de otras tres horas, si se hace con el fin de que se aporten ydesahoguen pruebas para que el juez determine la situación jurídica delinculpado. En el caso que dentro de las primeras 72 horas, los encargados del establecimientodonde se halle el indiciado no hayan recibido ningún pronunciamiento por partedel Juez deben llamar la atención de éste sobre el particular; si dentro de lastres horas siguientes no hay constancia de que haya expedido un auto de formalprisión, al indiciado se le pone en libertad de inmediato. No debemos olvidar,que incurrirá en responsabilidad penal, aquel juez que no dicte ningún autodespués de que han transcurrido los términos Constitucionales y legales paraque se defina la situación jurídica del inculpado. Por otra parte, la puesta enlibertad del inculpado deberá responder al dictado de un auto de libertad porfalta de elementos para procesar, donde conste que no se llegó a comprobarresponsabilidad del indiciado en el delito que se le imputara. No obstante,este auto tiene naturaleza provisional, dado que el Ministerio Público puederecabar nuevas y mejores pruebas e insistir en la acción penal, a fin de que sedicte un auto de formal prisión. Por otra parte, si se comprueba que eldetenido cometió en efecto un delito, pero los que no son castigados con penacorporal o que se sancione con pena alternativa, se dictará un auto de sujecióna proceso, donde se establezca la naturaleza de la conducta delictiva por laque la persona puesta en libertad será procesada. En cuanto a los requisitosque debe cubrir el auto de formal prisión se enuncian en el propio primerpárrafo del artículo que se analiza. Éste señala que el auto de formal prisión“se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar tiempo ycircunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguaciónprevia, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito yhacer probable la responsabilidad del indiciado”. El auto de formal prisiónfija el tema del proceso –abre el periodo de instrucción-, es decir, establecepor qué delito o delitos deberá ser procesada la persona contra quien se dictó.


Otros efectos del auto de formal prisiónconsisten en justificar la prisión preventiva, suspender las prerrogativas delciudadano y marcar el inicio del plazo fijado en la constitución para dictarsentencia. Asimismo, el auto de formalprisión le pone límite a la sentencia, dado que ésta no podrá referirse aningún delito distinto del que se haya señalado en aquel. El 21 de septiembrede 2000, el artículo 20 de la Constitución Política Federal, sufrió reformas yadiciones, y su contenido se dividió en dos apartados. El primero de ellosestablece las garantías que asisten a los inculpados, en lo que el segundoconsigna diversas prerrogativas para las victimas o los ofendidos por undelito. En primer lugar abordaremos el apartado A, el cual como se mencionó conanterioridad hace referencia a las garantías del inculpado. El apartado A delartículo 20 Constitucional se encuentra integrado por diez fracciones, que setraducen en garantías que asisten a los acusados en los procesos del ordenpenal. La fracción I establece que el Juez, en cuanto el inculpado lo solicite,deberá otorgarle a éste la libertad provisional bajo caución. Este tipo de libertad,que pretende aliviar la situación que se genera a causa de la prisiónpreventiva, procede siempre que se satisfagan ciertos requisitos. En primerlugar, este beneficio no se otorga cuando el proceso se vaya a seguir pordelitos que, de acuerdo con la ley sean graves. Ahora bien, en el caso dedelitos no graves,, y previa solicitud del Ministerio Público, el Juez puedenegar la libertad provisional, si el inculpado fue condenado con anterioridadpor algún delito grave, o bien, cuando el propio Ministerio Público aporte alJuez pruebas que demuestren que poner en libertad al inculpado implicaría unriesgo de cuidado para la sociedad o para el ofendido. Respecto del monto de lacaución, que son fijados por el Juez, deben ser “asequibles para el inculpado”.Para efectos de lo anterior, el Juez debe tomar en cuenta aspectos tales comola naturaleza, las modalidades y las circunstancias del delito, lascaracterísticas del inculpado y la posibilidad de que cumpla las obligacionesprocesales a su cargo, los daños y perjuicios que le haya causado al ofendido yla sanción pecuniaria que se le pudiera imponer. La fracción II del artículo encomento, al decir que el inculpado “no podrá ser obligado a declarar”,establece en beneficio de éste la imposibilidad de que se recurra a la tortura,la intimidación o la incomunicación para efectos de obtener una confesión, quecarecería de cualquier valor probatorio por haberse obtenido de modo coaccionado.De hecho esta garantía le permite al inculpado no declarar en absoluto, o bien,decir sólo aquello que le convenga. La fracción III le otorga al inculpado un plazode 48 horas –también previsto en el artículo 16 Constitucional- para que rindasu “declaración preparatoria” en audiencia pública, en la que se le debe decomunicar el nombre de su acusador y la naturaleza de la acusación. Lo anteriorprocede para que el acusado tenga conocimiento de los hechos que se leatribuyen, ya que, si no supiera por qué se le ha llevado ante la justicia, nopodría ejercer ninguna de sus garantías para defenderse. Por lo que hace a lafracción IV, concede la posibilidad de que el acusado sea careado, en presenciadel Juez, con la persona que haya depuesto en su contra. Este careo esdenominado careo Constitucional, que debe distinguirse del procesal,establecido en las leyes adjetivas penales. Los careos Constitucionales, en suaspecto de garantía individual, difieren de los careos desde el punto de vista procesal,porque los primeros tienen por objeto que el acusado vea y conozca a laspersonas que declaran en su contra, para que no se puedan formarartificiosamente testimonios en su perjuicio y para permitirle que les formuletodas las preguntas que estime pertinentes para su defensa, mientras que lossegundos persiguen la finalidad de aclarar los puntos de contradicción queexistan entre las declaraciones respectivas, para que el juzgador cuente conpruebas eficaces para resolver la cuestión sujeta su potestad. En la fracción Vse prevé, a favor del acusado, un sistema de prueba libre, en el sentido de queaquél podrá presentar todas las pruebas que quiera, así como valerse de lostestigos que necesite para apoyar su defensa; estos últimos incluso, pueden serconstreñidos a comparecer al lugar del proceso a través de medios de apremio, ysiempre que de hecho se ubiquen en donde el proceso se lleve a cabo. Elcarácter público del proceso penal se advierte en lo dispuesto por la fracciónVI. Esta necesidad de publicidad terminó con modalidades antiguas, por cuyacausa los procesos eran secretos, lo que les permitía la comisión de cualquiercantidad de injusticias por parte de quienes juzgaban. El proceso se da, ahora,de cara a la sociedad, para que el público supervise cómo actúan lasautoridades judiciales ante los inculpados. Esta fracción también dispone laposibilidad de que el acusado sea juzgado por un jurado, que debe componerse devecinos del lugar donde el delito se cometa; los miembros del jurado no necesitanmás que saber leer y escribir e intervendrán siempre que el delito pudiera sercastigado con una pena superior a un año de prisión. La fracción VII obliga alas autoridades del orden penal a facilitar al acusado “todos los datos quesolicite para su defensa y que consten en el proceso”. Como se ve, el espíritude este artículo es que se haga todo lo posible con tal de que el inculpadosalvaguarde su libertad personal y todo lo que de ella dependa. La fracciónVIII es fundamental; impone a los Jueces la obligación de respetar ciertosplazos para dirigir el proceso de un inculpado.Así, la sentencia debe dictarse “antes de cuatro meses si se tratare de delitoscuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la penaexcediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa”. Loque pretende es que la situación del procesado no permanezca indeterminada pormucho tiempo. Como ningún proceso penal puede darse sin que figure en él un defensor,la fracción IX establece que el inculpado, desde el inicio de su proceso,deberá ser informado sobre los derechos que la constitución le otorga, entrelos que se encuentra el de contar con una defensa adecuada, que puede llevar acabo por si mismo o a través de un abogado o de una persona de su confianza;esto último quiere decir que quien defienda a un inculpado no está obligado acontar con un título profesional que lo faculte para ejercer la abogacía. Eldefensor sea quien fuere, representa e incluso sustituye al inculpado a lolargo del proceso, y debe comparecer ante la autoridad judicial cuantas veceslo solicite. La última fracción del apartado que se analiza prohíbe que las detencionesse prolonguen por falta de pagos de honorarios a defensores, por causa deresponsabilidad civil o por algún otro motivo similar. Esto es congruente conla prohibición del primer párrafo del artículo 19, en cuanto a la prolongaciónde la detención hecha por una autoridad judicial. En el caso de la prisiónpreventiva, su duración no podrá ser superior a la que cómo máximo fije la leypara el delito que motivó el proceso. Asimismo, si tras prisión preventivaresulta declarado culpable el indiciado, éste se convierte en reo y debe purgaruna condena; sin embargo, para el cómputo de tal condena se tiene que tomar encuenta el tiempo que duró la detención; esto es, si una persona estuvo un añoen prisión preventiva y es finalmente condenada a dos años de cárcel, el tiempoque permanecerá es ésta será sólo de un año dado que se ha computado el tiempoque estuvo presa preventivamente. Como se pudo observar, las garantíasestablecidas en las fracciones II, III, IV, V, VII y IX se destinan a asegurarlas defensas del acusado, en tanto que las restantes se abocan a imponerdeterminadas obligaciones a la autoridad judicial. Si ésta se abstiene deobservar los requisitos que para efectuar sus funciones les impone laConstitución, debe considerarse que viola formalidades esenciales delprocedimiento. Por otra parte en los procesos penales no sólo hay garantíaspara el inculpado, sino también para la persona o personas que se hayan visto afectadasen virtud de la conducta antijurídica cometida por aquél; por ello, a partirdel 21 de septiembre de 2000, el artículo 20 de la Constitución ha presentadoun apartado B, donde se hallan consagradas varias garantías que favorecen a lavictima o el ofendido; mismas que a continuación se mencionan:


1. Recibir asesoría jurídica; ser informadode los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando losolicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;


2. Coadyuvar con el Ministerio Público; a quese le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tantoen la averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligenciascorrespondientes. Si el Ministerio Público considera que no es necesariodesahogar la diligencia, debe fundar y motivar su negativa;


3. Recibir, desde la comisión del delito,atención médica y psicológica de urgencia;


4. Que se le repare el daño. En los casos enque sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar lareparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dichareparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley debe fijarprocedimientos ágiles para que se ejecuten las sentencias en materia dereparación del daño;


5. Cuando la victima o el ofendido seanmenores de edad, no estarán obligados a carearse con el inculpado cuando setrate de delitos de violación o de secuestro. En estos casos, se llevarán acabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley, y


6. Solicitar las medidas y providencias queprevea la ley para su seguridad y auxilio.

(Video) Garantías Individuales en México



Reglamentos.


La garantía de seguridad jurídica que estribaen que la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridadjudicial, adolece de una importante excepción Constitucional, en el sentido deque “Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infraccionesde los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán enmulta o arresto hasta por treinta y seis horas. Si el infractor fuesejornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importede su jornal o su sueldo de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados,la multa no excederá del equivalente a un día de ingreso”. Como podemosobservar, las autoridades administrativas tienen facultad discrecional parasancionar las infracciones que se cometan a los reglamentos gubernativos y depolicía, es decir, para imponer sanción pecuniaria y corporal a que se refierela disposición transcrita de nuestra Constitución. Ahora bien ¿Qué se entiendepor reglamento gubernativo y de policía? Es un principio jurídico general el deque un reglamento tiene como antecedente necesario una ley, la cual esprecisamente el objeto de su pormenorización preceptiva. En otras palabras, elreglamento es materialmente una ley, o sea, un acto jurídico creador,modificativo o extintivo de situaciones abstractas e impersonales, que expidela autoridad administrativa para dar bases detalladas conforme a las cualesdeban aplicarse o ejecutarse las leyes propiamente dichas. Sin embargo, existenotros reglamentos, los cuales ya no especifican o pormenorizan lasdisposiciones de una ley pre-existente para dar las bases generales conforme alas que ésta deba aplicarse con más exactitud en la realidad, sino que por simismos establecen una regulación a determinadas relaciones o actividades. Ahorabien, aunque tales reglamentos no detallen las disposiciones de una ley propiamentedicha, ésta debe autorizar su expedición para normar los casos o situacionesgenerales que tal autorización comprenda.



SÉPTIMA UNIDAD. GARANTÍADE LIBERTAD


Nuestra Constitución, sin definir la libertadcomo lo han hecho multitud de constituciones, menciona en el párrafo segundo desu artículo 1º, que los esclavos del extranjero que entren al territorionacional, alcanzaran por ese solo hecho, su libertad. En otros de sus artículosagrega que todo hombre tiene derecho a recibir educación; y que a ningunapersona se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria, comercioo trabajo que le acomoden siendo lícitos. Que tienen derecho para manifestarsus ideas sin sujetarlas a previa inquisición judicial o administrativa. Que esinviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia.Que los funcionarios y empleados públicos respetaran el ejercicio del derechode petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica yrespetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho losciudadanos de la República. Que todo hombre tiene derecho de asociación concualquier objeto lícito; pero al igual que en la disposición anterior, cuandoel objeto sea político, está entonces reservado al ciudadano solamente. Quetodo hombre tiene derecho para entrar libremente a la República y para salirdel territorio, lo mismo que para viajar y mudar de residencia. Después detantas prescripciones de nuestros derechos Constitucionales, podemospreguntarnos ¿Qué es la libertad? A lo que podemos responder, como es evidente,que la libertad consiste en la falta de traba o presión, que nos dejeenteramente dueños de nuestros propiosactos, la libertad en su sentido más general es la facultad de hacer o de nohacer todo aquello que en voluntad nos venga.



Concepto delibertad.


La palabra libertad proviene de la raízlatina libertas, -atis, y gramaticalmente significa “facultad natural que tieneel hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que esresponsable de sus actos”, así como “estado o condición de quien no esesclavo”. El hecho de que el hombre pueda actuar de un modo determinado o de otro,así como de no actuar, responde a la razón, pues sólo en los seres racionalespuede concebirse la idea de la libertad. El tema de la libertad ha sido tratadoampliamente a lo largo de la historia. Los estudiosos de la filosofía se hanocupado de proponer diversasconcepciones sobre la libertad. Aristóteles, por ejemplo, consideraba a lalibertad como la elección que el hombre hace de los medios que le permitiríanllegar a su fin último: la felicidad. En tiempos medievales, los autorescristianos concluyeron que la libertad consistía en la elección del bien mejor,lo que sólo podía lograrse si la razón estaba involucrada. Según estosautores,, antes de tal elección debía existir siempre un juicio, que sería elque permitiría elegir no sólo un bien, sino el bien mejor, y éste último seobtendría si junto con la razón y el juicio previo, el hombre contaba con unavoluntad fuerte. La libertad también ha sido estudiada según una clasificaciónque la divide en positiva y negativa. La liberad positiva implica que un sujetooriente su voluntad hacia un objetivo sin que tal acto sea determinado por lavoluntad de los otros. Por su parte, la negativa supone que un individuo estéfacultado para obrar o no. La libertad positiva también es entendida comoautonomía o autodeterminación y generalmente alude a una colectividad, en tantoque la negativa es exclusiva del individuo y se traduce en que éste haga lo quelas leyes le permiten y no haga lo que le prohíben. Para el orden filosófico lalibertad que importa es la negativa, la plena autodeterminación para hacer odejar de hacer algo. Este tipo de libertad puede considerarse privativa delfuero interno del hombre, de ahí que no sea de interés para el derecho. Ahorabien, cuando la libertad negativa y la positiva se unen, es posible concluirque la sociedad es libre, dado que la libertad negativa presupone a lapositiva, con tal que facultad libertaria de los hombres no se desproporcioney, en consecuencia, devenga en caos para la sociedad. Lo anterior puedecomprenderse mejor si la libertad negativa y la positiva se equiparánrespectivamente, con la libertad subjetiva y la social. La subjetiva es propiadel fuero íntimo del sujeto, no trasciende al grado de tener que ser tomada encuenta por el orden jurídico. En cambio la libertad social sí es consideradapor el derecho, pues implica que cuando un sujeto exterioriza su libertadmediante actos, éstos pueden repercutir en la esfera de libertad de otros. Lacompleta libertad subjetiva del hombre sólo es concebible en el estado de naturalezaque, según Rousseau, el hombre tuvo antes de empezar a vivir en sociedad. Hoyla libertad no puede concebirse sin que al propio tiempo se haga mención de lanormatividad jurídica. Podemos concluir diciendo que: “La libertad,genéricamente considerada, es la facultad racional del hombre que le permite encausarsu voluntad hacia los objetivos que desee, sin que tal acción trascienda elámbito que comparte el común de los hombres y sin quenadie la pueda restringirde modo alguno”. Por otra parte y en particular en el campo de lo jurídico, lalibertad no puede ser eminentemente subjetiva. Al vivir en sociedad, el hombreno debe hacer con su voluntad lo que haría si se encontrara aislado. Es importante,a este respecto, tener presente que la correcta marcha de todo conglomeradohumano ha de regirse por un principio de orden. Ciertamente el orden traeconsigo la armonía, lo que a su vez se traduce en la sana convivencia entre loscomponentes humanos de toda sociedad. En razón de lo expresado en el párrafoanterior, tenemos que la libertad que tiene relevancia para la ciencia delderecho es la social, que no pierde de vista la trascendencia que pueden tenerlos actos humanos generados como resultado del ejercicio de la libertadsubjetiva. En toda organización humana es imperativo que el ejercicio pleno dela libertad de cada cual no sea irrestricto. Permitir la manifestación de una libertadsubjetiva total conllevaría la posibilidad del caos y, en consecuencia, elrompimiento del orden social. Los Estados modernos deben asegurar que sushabitantes no hagan uso desmedido de la libertad que gozan; para ello se creanleyes cuyo fin consiste no sólo en configurar las instituciones que regirán ala sociedad, sino en establecer las restricciones necesarias al ejercicio de lalibertad, con miras a que ésta no llegue a lesionar los intereses del propioEstado. De conformidad con lo anterior, puede concluirse que, jurídicamente, lalibertad es la facultad que, a la luz de los intereses de la sociedad tiene elindividuo para realizar los fines que ha propuesto, dentro de los límitesimpuestos por el orden jurídico y en aras de la persistencia de las relacionesarmónicas entre los individuos que la integran.



Artículo 3° dela Constitución.


Se puede decir que el artículo 3º de laConstitución a pesar de estar comprendido dentro del capítulo denominado “Delas Garantías Individuales”, propiamente no contiene ningún derecho subjetivopúblico. Ignacio Burgoa señala que en realidad, el artículo 3º Constitucionaldebe estar contenido en la Ley Suprema a título de prevención general, comoacontece, por ejemplo con el artículo 130; y si actualmente permanece inciertodentro del referido capítulo, es por un resabio histórico, pues efectivamente,bajo la Constitución de 57 y la de 17, hasta antes de la reforma de diciembrede 1934, tal precepto contenía un Derecho Público subjetivo individual alconsignar la libertad de enseñanza. La garantía individual se manifiesta, segúnafirmamos como una relación jurídica que existe entre el Estado y susautoridades, por un lado, y el gobernado, por el otro, a virtud de la cualsurge para éste un derecho subjetivo público, con la obligación estatalcorrelativa, la cual si implica, o bien una abstención (respeto), o bien unhacer positivo. Si observamos, aunque sea someramente, el contenido delartículo 3º Constitucional, descubriremos que no importa esa relación jurídica comogeneradora de ese derecho subjetivo público para el gobernado ni de esaobligación estatal-autoritaria correlativa. El mencionado artículo no consigna,ninguna libertad específica como contenido de una posible potestad jurídicasubjetiva del gobernado; antes bien, proscribe, dentro de un considerableámbito educacional, la libertad de enseñanza, al imponer a ésta un determinadocontenido. En diciembre de 1934 se introdujo una reforma al artículo 3º Constitucional, que imprimió enla enseñanza pública un determinado contenido ideológico y una ciertafinalidad, concebidos en los siguientes términos:“La educación que imparta el Estado será socialista, además de excluir todadoctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual laescuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear enla juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social”. Esen el mes de diciembre de 1946 que se reformó el artículo 3º Constitucional,suprimiendo el calificativo “socialista” que se había atribuido a la educaciónimpartida por el Estado. Puede afirmarse que el actual artículo 3º de nuestraConstitución establece que la educación estatal debe administrarse con base enlos principios políticos, sociales y económicos que sustentan el régimenimplantado por nuestra Ley Suprema. En consecuencia, es dable sostener quedicha educación es eminentemente nacionalista o mexicanista, según se adviertede las diferentes disposiciones que integran dicho artículo. Así en el párrafoprimero establece que “la educación estatal además de desarrollar armónicamentetodas las facultades del ser humano, fomentará en éste el amor a la patria y laconciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en lajusticia”. Siguiendo el principio de laseparación de la Iglesia y del Estado, el citado precepto declara a laeducación impartida por el Estado ajena a cualquier doctrina religiosa, lo queequivale a coartar la libertad de creencias consagrada en el artículo 24Constitucional, pues tal Derecho Público subjetivo subsiste en toda su plenitudfuera del ámbito educativo estatal, en el sentido de que cualquier gobernadopuede abrazar y practicar la religión que más le agrade. Partiendo de la ideade que la educación debe tener una base científica de sustentación, el citadoartículo 3º declara que a través de ella se luchará contra la ignorancia y susefectos, contra las servidumbres, los fanatismos y los perjuicios. Desde elpunto de vista político, la educación estatal debe impartirse sobre principiosdemocráticos, lo que significa la exclusión de cualquier doctrina que funde lasoberanía del Estado y el gobierno de un pueblo en voluntades autocráticas uoligárquicas. En el aspecto social la educación que imparta el Estado tiende aimbuir en el educando principios de solidaridad para con la sociedad a efecto deque se estime que el interés de ésta debe prevalecer sobre los interesesprivados, sin que por ello se menosprecie la dignidad de la persona ni seafecte la integridad de la familia. Además a través de dicha tendencia, sepretende desarraigar ideas que sustenten privilegios raciales, sectarios o degrupos, así como que conciernan a estimar desigualdades humanas por razón desexos. Así mismo, el artículo 3º Constitucional, establece la posibilidad deque los particulares colaboren con el Estado en la función educativa, al preversela autorización oficial que al respecto puede otorgarse, en relación con laeducación primaria, secundaria y normal y con la de cualquier tipo o gradodestinado a obreros y campesinos. Igualmente, se dispone que dicha autorizaciónpueda ser negada o revocada por las autoridades competentes sin que contra lanegativa o revocación correspondiente proceda juicio o recurso alguno. Encuanto a la educación primaria, el precepto Constitucional que comentamosdeclara su obligatoriedad, de lo que se desprende que toda persona debe cursarlos estudios inherentes a dicha educación; por otra parte, el servicioeducacional que desempeña el Estado, es decir, el que concierne a la educaciónprimaria, secundaria, normal y a la de los tipos que menciona la legislaciónreglamentaria sobre dicha materia, debe ser gratuito. Por último, el artículo3º Constitucional, consigna una facultad legislativa a favor del Congreso de laUnión para expedir leyes necesarias destinadas a distribuir la función socialeducativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar lasaportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar lassanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir lasdisposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que la infrinjan con elobjetivo de unificar y coordinar la educación en toda la República. Por DecretoCongresional publicado el 28 de enero de 1992, se reforma el artículo 3º; dichodecreto declara que la educación que imparta el Estado será laica y que se mantendrápor completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Reitera los principiosfundamentales conforme a los cuales la educación estatal debe desarrollarse. Unade las innovaciones más importantes que dicha reforma establece consiste en laabolición de la prohibición para que las corporaciones religiosas, losministros de los cultos y las sociedades por acciones, así como las ligadas conla propaganda de cualquier credo religioso, intervengan en la impartición de laeducación estatal. El Artículo 3º Constitucional sólo se refiere a la educaciónque imparte el Estado al través de la Federación, de las entidades federativasy de los municipios, sin aludir a la enseñanza universitaria que en nuestro paísse desarrolla por instituciones autónomas que jurídicamente asumen la forma deorganismos públicos descentralizados como la Universidad Nacional Autónoma deMéxico. No sólo el citado precepto dejade hacer mención a las instituciones universitarias, sino que en ninguna otradisposición Constitucional se alude a ellas. Esta omisión sin duda, implica unasituación de desprotección en que se encuentran las universidades del país, porcarecer de tutela Constitucional para el ejercicio de sus trascendentalesfunciones en el campo de la cultura, de la ciencia y de la tecnología.



OCTAVA UNIDAD. LIBERTADDE PROCREACIÓN Y DE TRABAJO


Otras de las garantías de libertad ha quehace referencia nuestra Constitución, es la que señala el artículo 4º en susegundo párrafo, referente a la libertad que tienen las personas para decidirsobre el número de los hijos que desean tener. Otra garantía de libertadconsagrada en el artículo 5º de nuestra Constitución es la de trabajo, toda vezque dicho precepto establece que “A ninguna persona podrá impedirse que sededique a la profesión, industria comercio o trabajo que le acomode siendolícitos”.



Artículo 4°Constitucional.


El segundo párrafo del artículo 4ºConstitucional permite que las parejas decidan, libremente, el número de hijosque quieran tener. La procreación debe provenir de la responsabilidad, que enlos Estados modernos se finca en las personas con el auxilio de la acción del Estado,al que le compete diseñar vías para evitar que el número de individuos quecomponen la sociedad crezca de tal modo que no sea posible satisfacer lasnecesidades de todos ellos. La previsión a que se refiere el segundo párrafodel artículo 4º Constitucional es de creación relativamente reciente. Seincorporó a la Carta Suprema a principios de 1975, hecho queConstitucionalmente produjo que la garantía de libertad ocupacional setrasladara al artículo 5º. La creación de este párrafo obedeció a la necesidadde controlar la explosión demográfica, que se ha presentado especialmente enMéxico durante las últimas décadas. Es de notar que el precepto no restringe lalibertad de procreación, sino que prevé que las parejas reciban informaciónnecesaria para formar una familia a la que puedan mantener decorosamente. Elsegundo párrafo del artículo 4º Constitucional dispone: “Toda persona tienederecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y elespaciamiento de sus hijos”. Esta previsión Constitucional se traduce en elderecho de los gobernados a decidir libremente, de tener o no tenerdescendencia. A nadie se le condiciona a estar casado para efectos de tenerhijos; aquí la intención del constituyente fue que todos los gobernados, porigual, pudieran tener en cuenta la conveniencia de tener o no tener hijos. Estederecho supone una obligación activa por parte del Estado, consistente endifundir medios de control de la natalidad para ayudar a los individuos a escoger elnúmero exacto de hijos que deseen. Las campañas informativas que emprenda elEstado deben ser constantes, para efectos de que las personas puedan contar conelementos que los auxilien al momento de planificar su familia. En efecto laexpresión planificación familiar entraña que las personas cuenten con laresponsabilidad y la información necesarias para decidir cuantos hijos quierentener y cómo los distribuirán en el lugar donde vivan. De planear adecuadamentela familia se deriva que los hijos puedan desarrollarse en paz y sin carencias,lo que sucede sólo cuando existe un espacio suficiente para que toda la familiasubsista sin privaciones. Este derecho Constitucional se encuentra reiterado enla legislación secundaria. El segundo párrafo del artículo 162 del Código CivilFederal señala: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsablee informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Por lo que toca almatrimonio, éste derecho será ejercido de común acuerdo por los cónyuges”.



Artículo 5° dela Constitución.


Nuestro artículo 5º Constitucional consagrala libertad de trabajo en los siguientes términos: “A ninguna persona podráimpedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que leacomode, siendo lícitos”. Como se colige, la libertad de trabajo, tiene unalimitación en cuando a su objeto: se requiere que la actividad comercial,industria, profesional, etc., sea lícita. Por ende, todo aquel trabajo que esilícito no queda protegido por la garantía individual de que tratamos,habiéndolo considerado así la Suprema Corte. De la disposición contenida en laprimera parte del artículo 5º Constitucional, en relación con el artículo 1º dela Constitución, se infiere que la libertad de trabajo se hace extensiva a todogobernado, a todo habitante de la República independientemente de su condición particular (sexo,nacionalidad, raza, edad, etc.), así como a todo sujeto que tenga dichacalidad. Otra limitación Constitucional establecida por el artículo 5º, es laque consiste en que la libertad de trabajo sólo podrá vedarse por determinaciónjudicial cuando se ataquen los derechos de tercero. Más bien se trata de unaposibilidad de limitación, la cual se actualiza por determinación o sentenciajudicial recaída en un proceso previo en que se cumplan los requisitoscontenidos en el artículo 14 Constitucional a favor de aquel a quien sepretende privar de ese derecho libertario. Una limitación más a la libertad detrabajo que el propio artículo 5º Constitucional contiene, consiste en que elejercicio de la misma, sólo podrá vedarse por resolución gubernativa, dictadaen los términos que marca la ley, cuando se ofendan los derechos de lasociedad. Aquí, tenemos que señalar que desde luego, la autoridadadministrativa está facultada para restringir el ejercicio de dicha libertad,siempre y cuando dicte una resolución conforme a una ley limitativacorrespondiente y la cual tenga en cuenta el perjuicio que la sociedad pudieseresentir con el desempeño de tal derecho. Otra limitación Constitucional a lalibertad de trabajo es la que dice: “En cuanto a los servicios públicos sólopodrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas,el de las armas y el de los jurados, así como el desempeño de los cargosconcejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funcioneselectorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero seránretribuidas aquellas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitucióny las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole socialserán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con lasexcepciones que ésta señale”. Esta prevención Constitucional implica unalimitación a la libertad de trabajo porque constriñe al individuo a desempeñarciertos servicios aun en contra de su propia voluntad. Pues al declararobligatorios los servicios públicos de armas, de jurados, de cargos concejilesy los de elección popular, las actividades profesionales de índole social y lasfunciones electorales y censales, descartan la facultad que tiene el sujeto derechazar o no optar por dichos trabajos, desde el momento en que, aunque no lo desee,tiene que desplegarlos. La siguiente limitación impuesta por el artículo 5ºConstitucional dice: La ley determinará en cada Estado cuáles son lasprofesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que debenllenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo”. La limitación queinvolucra esta prevención Constitucional se traduce en la prohibición impuestaa aquellos individuos que no tengan el título correspondiente para ejercer lasprofesiones en que este requisito se exija. Por ello, de acuerdo con estalimitación Constitucional, a la libertad de trabajo, toda persona que deseededicarse a alguna actividad para cuyo desempeño se requiera el títulocorrespondiente, debe obtener éste de la autoridad u organismo designados porla ley como competentes para expedirlo. A continuación mencionaremos lasseguridades Constitucionales relativas a la libertad de trabajo, ya que enestas queda comprendido el estudio de todas aquellas prevenciones que establecela Constitución para tutelar, bien al trabajo en sí mismo considerado, esto es,como prestación o desarrollo de energías humanas con determinada finalidad, obien el producto de éstas, que generalmente se traduce en un salario o sueldo. Laprimera medida de seguridad para el trabajo que encontramos en la Constituciónesta contenida en el artículo 5º en los siguientes términos: Nadie puede serprivado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Otra garantíade seguridad para la libertad de trabajo que viene a investir a ésta deefectividad es la de que: Nadie podrá ser obligado a prestar trabajospersonales, sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. El párrafoquinto del artículo 5º Constitucional en su primera parte, declara que elEstado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto oconvenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocablesacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educacióno de voto religioso. Limitando la autonomía de la voluntad o la libertad decontratación para proteger la libertad de trabajo y, en general a la personahumana, el párrafo cuarto del artículo 5º Constitucional establece: Tampocopuede admitirse convenio en que el hombre pacte su proscripción o destierro, oen que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión,industria o comercio. Los dos últimos párrafos del artículo 5º Constitucionalpropiamente no se refieren a la libertad de trabajo como garantía individual;mas bien consagran sendas garantías sociales, esto es, establecen una relación jurídicaentre los miembros de dos clases económicamente diferentes (patrones yobreros), en virtud de la cual se consignan para éstos medidas de protección. Enel año de 1992, se reforma el artículo 5º Constitucional, dicha reforma estáconcebida en los siguientes términos: El Estado no puede permitir que se llevea efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo,la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona porcualquier causa. Como podemos observar, se advierte que mediante ella, serespeta la libertad humana en toda su dimensión, al abolirse la prohibición delvoto religioso a que se refería el párrafo quinto ya modificado del artículo5º. Tal abolición confirma, además el laicismo estatal que es un principio querige las relaciones del Estado con las diversas iglesias, primordialmente conla Iglesia Católica.



NOVENA UNIDAD. LIBERTADDE PENSAMIENTO


La libre expresión de ideas es otra garantíade libertad expresada en nuestra Constitución en el artículo 6º, ya que esdonde se consagra la libertad de pensamiento oral. Por su parte la libertad deimprenta consagrada en el artículo 7º Constitucional, es sin duda alguna uno delos derechos más preciados del hombre, toda vez que por medio de su ejerciciono sólo divulga y propaga la cultura, o se abren horizontes a la actividadintelectual, sino que también, se pretende corregir errores y defectos degobierno dentro de un régimen jurídico. La libertad de imprenta es unaconquista netamente democrática; su desempeño tiende a formar una opinión públicaen lo tocante a la forma de realización de las actividades gubernativas.



Artículo 6° dela Constitución.


El artículo 6º Constitucional establece: “Lamanifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial oadministrativa, sino, en el caso de que ataque a la moral, los derechos detercero, provoque algún delito o perturbe el orden público”. Esta disposicióngarantiza la facultad de los individuos de expresar libremente sus ideas,siempre que ello no implique perturbaciones para la libertad de la sociedad ensu conjunto. Como antecedentes históricos de este tema, tenemos que la libertadde expresión no adquirió el rango de garantía individual sino hasta el estallidode la Revolución Francesa, que trajo consigo la publicación de la Declaraciónde los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789)19. Antes de ello la expresiónde las ideas no era tanto una libertad como fenómeno fáctico, pues podíaejercerse siempre que no molestará al poder público. En efecto, cuando lamanifestación de las ideas no era del agrado de las autoridades, procedía laaplicación de medidas represivas para silenciar a quienes los expresaran. 19Art. 10. Nadie debe ser perseguido por sus opiniones, incluso religiosas, en lamedida en que sus manifestaciones no alteren el orden público establecido porla ley. Art. 11. La libre comunicación de pensamientos y opiniones uno de los derechosmás valiosos del hombre. Por consiguiente, todo ciudadano puede hablar,escribir e imprimir libremente, haciéndose responsable de los abusos de esalibertad en los casos previstos por la ley. En México, la primera vez que sehabló de la libertad de expresión, fue por medio del Decreto Constitucionalpara la Libertad de la América Mexicana, cuyo artículo 40 señaló que: “…lalibertad de hablar, de discutir y de manifestar sus opiniones por medio de laimprenta, no debe prohibirse a ningún ciudadano, a menos que en susproducciones ataque el dogma, turbe la tranquilidad pública u ofenda el honorde los ciudadanos”. Por lo anteriormente expuesto, y recordando lo visto en eltema el concepto de libertad –en particular el concepto de libertad jurídica-, ciertamentela posibilidad de tener ideas nace y se desarrolla en primera instancia en elfuero interno de los individuos, por lo que resulta prácticamente imposiblerestringir esa libertad, pues no existe medio alguno que coarte la generaciónde pensamientos en la mente de una persona; ahora bien, el ámbito subjetivo enque se da la gestación de las ideas suele ser reemplazado por uno objetivo, quese presenta cuando las ideas son manifestadas ya sea verbalmente o porcualquier otro medio que la ciencia y la tecnología proporcionen. Mientras laexposición de las ideas no repercuta negativamente en el orden social, lalibertad de expresión se habrá manifestado plenamente, pero cuando de esalibertad deriven daños a la moral, las buenas costumbres y, en general, alorden público, habrá lugar a inquisiciones judiciales o administrativas con talde salvaguardar la libertad de la sociedad.



Libertad depensamiento oral.


La libre manifestación de las ideas,pensamientos, opiniones, etc., constituye uno de los factores indispensablespara el progreso cultural y social. Según cita Ignacio Burgoa O.20 “es mediantela emisión eidética como se impulsa la investigación científica, descubriéndosenuevos principios, sustentándose teorías innovadoras, colmándose lagunas ensistemas ya existentes, criticándose vicios, defectos y aberraciones de losmismos, en una palabra, fincándose bases para la construcción cultural. Siendouna derivación específica de la libertad en general, la libre manifestación delas ideas contribuye para el cabal desenvolvimiento de la personalidad humana,estimulando su perfeccionamiento y elevación culturales. La degradación delhombre proviene en gran parte del silencio obligatorio que se le impone, esto es,de la prohibición de que externe sus sentimientos, ideas, opiniones, etc.,constriñéndolo a conservarlos en su fuero íntimo. Y así un pueblo integrado porindividuos condenados a no manifestar su pensamiento a sus semejantes, serásiempre servil y abyecto, incapaz de experimentar ningún progreso cultural. Losregímenes en los que impere la libre emisión de las ideas, la libre discusión yla sana crítica, estarán siempre en condiciones de brindar a la sociedadposibilidades de elevación intelectual; por el contrario, cuando se coarta la manifestacióndel pensamiento, vedándose polémicas, conversaciones, los discursos, lasconferencias, etc., en los que suele traducirse, se prepara para la sociedadhumana el camino de la esclavitud espiritual que trae aparejada su ruina moral.


Limitaciones.


La manifestación del pensamiento tiene lassiguientes limitaciones establecidas por la propia Constitución, fuera de lascuales no debe existir ninguna y, en el supuesto de que un ordenamientosecundario instituya alguna otra hipótesis limitativa, está seríainconstitucional. De acuerdo con las limitaciones que la Ley Suprema consignaen la garantía de la libre emisión del pensamiento, ésta es objeto de inquisiciónjudicial o administrativa en los siguientes casos:


1. Cuando ataque a la moral;


2. Cuando ataque los derechos de tercero;


3. Cuando provoque algún delito, y


4. Cuando perturbe el orden público.


La limitación a la manifestación de las ideasestablecidas en las hipótesis contenidas en los dos primeros casos y en elúltimo, nos parece peligrosa por un lado y, por el otro, inútil. Lo anterior,en virtud de que, ni la Constitución ni la legislación secundaria, ni la jurisprudenciabrindan un criterio seguro y fijo para establecer en qué casos la libreexpresión del pensamiento ataca la moral, los derechos de tercero o perturbenel orden público. Por consiguiente, la estimación de tales consecuencias encada caso concreto, que provoque la manifestación de una idea, queda alarbitrio subjetivo y discrecional de las autoridades judiciales yadministrativas. Éstas por tal motivo y en uso de ese arbitrio, pueden procesara un individuo so pretexto de que cierta conversación por él sostenida, ciertodiscurso pronunciado, cierta conferencia sustentada, etc., alteran el ordenpúblico, atacan los derechos de tercero o pugnan contra la moral. AsimismoBurgoa O.21 considera que las limitaciones a que hicimos referencia en elnumeral anterior, resultan inútiles en vista de la restricción que el propioartículo 6º Constitucional establece a ese derecho, y que consiste en que laautoridad judicial o administrativa puede iniciar una inquisición cuando elejercicio de la libertad de expresión del pensamiento provoque algún delito. Loanterior al considerar que cuando se ataca la moral pública, generalmente se cometecualquiera de los delitos contenidos en el Código Penal; por tal motivo cuandoun individuo manifieste una idea que ataque a la moral pública, está provocandocualquier delito de los que establece el ordenamiento penal, por lo que suconducta en tal sentido puede ser inquirida por las autoridades judiciales oadministrativas, al considerársele como copartícipe de la comisión del hechodelictivo de que trate. Por otra parte, cuando se ataquen los derechos detercero por medio de la manifestación de una idea, en la generalidad de los casosse cometen los delitos de injurias, amenazas, calumnias, difamación, etc. Porúltimo, la expresión del pensamiento, al perturbar el orden público, puedeintegrar las figuras delictivas de conspiración, rebelión sedición, etc., porello, la persona que exprese sus ideas tendientes a realizar tales actos, quesiempre importan, actual o potencialmente, la alteración del orden público,puede ser procesada.



Lainformación.


La parte final del artículo 6º Constitucionalfue el resultado de una reforma en materia política sufrió el Código Supremo de1977. La interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia del Derecho ala Información a variado con el paso del tiempo; inicialmente consideró que setrataba de una garantía electoral a favor de los partidos políticos, perodespués amplió su criterio hasta equiparar a este derecho con una garantíaindividual. En realidad el derecho a la información no es otra cosa que un complementoa la libertad de expresión, dado que no puede opinar correctamente quien no seencuentra bien informado. En ese sentido el 11 de junio de 2002 se publicó enel Diario Oficial de la federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso ala Información Pública Gubernamental, que es de orden público y, aun cuando nosea reglamentaria del artículo 6º Constitucional tiene la finalidad de “proveerlo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información enposesión de los Poderes de la Unión, los órganos Constitucionales autónomos ocon autonomía legal, y cualquier otra entidad federal. Al tenor de lo anterior,el artículo 9º de la ley citada establece que las autoridades pondráninformación a disposición del público “a través de medios remotos o locales decomunicación electrónica”. Ésa es, pues, la forma en que las autoridades debengarantizar que los particulares accedan a ciertos datos que la ley no considerainformación reservada o confidencial. En cuanto al significado de informaciónreservada y al modo en que el Estado debe manejarla, el Pleno de la SupremaCorte de Justicia se expresó en los siguientes términos: “El derecho a lainformación consagrado en la última parte del artículo 6º de la ConstituciónFederal no es absoluto, sino que, como toda garantía se halla sujeto alimitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protecciónde la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedadcomo a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso han dadoorigen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en ladoctrina como reserva de información o secreto burocrático. En esascondiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citadagarantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas Constitucionalesy legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente,sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a suvez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto ala seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el accesoa la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puedegenerar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan lainobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta connormas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y lamoral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la personaexisten normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de losgobernados”.



Artículo 7° dela Constitución.


Este artículo establece la libertad deimprenta, conocida también como libertad de prensa. Reconoce el derecho quetienen las personas a difundir sus ideas sobre cualquier materia a través demedios gráficos o escritos, siempre que ello no vulnere la vida privada dealguien ni la moral o la paz pública. El Estado sólo puede coartar esa libertadsi el mantenimiento del orden social lo demanda. Como antecedentes históricosde esta garantía tenemos que los Estados Unidos de América y Francia fueron losprimeros países donde se reconoció solamente la libertad de imprenta. En 1776,luego de que las colonias inglesas en América lucharan por su independencia, laDeclaración de Derechos del Estado de Virginia proclamó la libertad de imprentaen su artículo 12,25 la libertad ha que se hace referencia, no fue mencionadaen la Constitución de los Estados Unidos de América, pero la primera enmienda,aprobada en 1971, se estableció que el congreso no expediría ley alguna querestringiera la libertad de palabra o de imprenta. Por lo que hace a Francia laDeclaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, estableció ensu artículo 11 lo siguiente: “La libre comunicación de pensamientos y opinioneses uno de los derechos más valiosos del hombre. Por consiguiente, todociudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, haciéndose responsable delos abusos de esa libertad en los casos previstos por la ley””. A partir deentonces, los Estados democráticos se han preocupado por establecer la libertadde imprenta a nivel Constitucional. En México la libertad de imprenta no fueplenamente reconocida durante la dominación española. La imprenta se establecióen la Nueva España en 1539, pero ello no implicó que su uso fuera libre. Hubo numerosasordenanzas tendientes a restringir el ejercicio de esa libertad, además de queel Santo Oficio tenía un extraordinario poder de censura. El primer intento porgarantizar la libertad de imprenta se dio con la Constitución de Cádiz, de1812, que proscribió la censura a través de sus artículos 131, fracción XXIV y371. Más tarde la libertad de imprenta se garantizó nuevamente en los artículos40 y 119 del Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana, deMorelos, documento que desafortunadamente nunca tuvo vigencia. “…la libertad de prensa es uno de los mejoresbaluartes de la libertad y no puede ser nunca restringida más que por ungobierno despótico”. La Constitución de 1824, pese a no haber contenido uncatálogo de garantías individuales, se estableció en sus artículos 50, fracciónIII y 161, fracción IV, la libertad de imprenta, al obligar al congreso a respetarel ejercicio de aquélla en la Federación y las entidades federativas. En 1857,tras largos y acalorados debates entre liberales y conservadores, la libertadde imprenta quedó establecida en el artículo 7º de la Norma Suprema, en lossiguientes términos: “Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritossobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previacensura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad deimprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moraly a la paz pública. Los delitos de imprenta serán juzgados por un jurado que califiqueel hecho, y por otro que aplique la ley y designe la pena”. Por último, durantelos debates del Congreso Constituyente de 1916- 1917, se suprimió lo relativoal jurado popular, dado que la existencia de éste se preveía genéricamente enel artículo 20,26 y el artículo 7º fue aprobado en la forma que presenta hastala fecha. Así tenemos que el artículo 7º protege la libertad de las personas físicasy morales de manifestar sus ideas por medios gráficos o escritos, así como sucorrespondiente circulación. Esto quiere decir que el Estado no debe utilizarla censura u otras medidas para coartar esa libertad. La abstención de lasautoridades estatales en cuanto a restringir la libertad de imprenta apuntalael carácter democrático de un Estado de derecho, puesto que a través de lamanifestación libre de las ideas se puede contribuir a la reparación deposibles errores cometidos por el gobierno. Actualmente, en el apartado A,fracción VI, prevé la procedencia del juicio por jurado de delitos cometidospor medio de la prensa. Ahora bien, cuando el ejercicio de esta libertadredunde en perjuicios para la vida privada, la moral y la paz pública, serápreciso que el Estado intervenga para enmendar las alteraciones producidas. Unavez más es claro el hecho de que la libertad que considera la Constitución esla social, esto es, la que debe ser protegida en atención a que se pueda vivirarmónicamente.



Limitaciones.


En primer lugar el artículo 7ºConstitucional, mediante su interpretación a contrario sensu, que la libertadde imprenta se podrá coartar o impedir cuando su ejercicio implique un ataque ofalta de respeto a la vida privada. Otro de los casos en que la libertad deimprenta puede coartarse, se refiere a la circunstancia de que el ejercicio deeste derecho importe un ataque a la moral. Como tercera limitación general a lalibertad de imprenta y como prohibición de su ejercicio en los casos concretoscomprendidos en aquélla tenemos el supuesto de que mediante el desempeño de esederecho se altere la paz pública. Una cuarta limitación Constitucional a lalibertad de imprenta y que ha sido reiterada incluso por la jurisprudencia dela Suprema Corte, es la contenida en el párrafo trece del artículo 130Constitucional, el cual prescribe: “Las publicaciones periódicas de carácterconfesional, ya sean por su programa, por su título o simplemente portendencias ordinarias, no podrán comentar asuntos políticos nacionales niinformar sobre actos de las autoridades del país, o de particulares, que se relacionendirectamente con el funcionamiento de las instituciones públicas”. Por último,en materia educativa existe la posibilidad, autorizada por el mismo artículo 3ºConstitucional, para que a través de leyes o reglamentos se limite la libertadde imprenta, sin que las limitaciones legales o reglamentarias respectivasdeban reputarse contrarias al citado Derecho Público subjetivo.



Medidas deprotección.


Las seguridades jurídico-constitucionales dela libertad de imprenta son


dos. La primera de ellas consiste en que enningún caso podrá secuestrarse a la imprenta como instrumento de delito. Elhecho delictuoso a que se refiere esta prohibición está constituido poraquellos ataques que, por medio de impresos en general, se dirigen en contra dela vida privada, de la moral o de la paz pública. Tales hechos implican lo quese llama delitos de imprenta, que tipifica la ley relativa expedida por Don VenustianoCarranza, y para cuyo conocimiento es competente el jurado popular. El CódigoPenal, dentro del sistema de penalidad establece, consigna como sanciónespecífica la pérdida de los instrumentos del delito. Pues bien, esta pena nose debe aplicar a los delitos de imprenta en vista de la prohibiciónConstitucional mencionada, la cual se justifica plenamente, porque impide quese inutilice un aparato u objeto que tan necesario es para la divulgación cultural.La segunda, es la consistente en que en ningún caso se podrán encarcelar, sopretexto de delitos de prensa a los expendedores, papeleros, operarios y demásempleados del establecimiento donde haya salido el escrito denunciando, a menosque se demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos.



DÉCIMA UNIDAD. LIBERTADDE PETICIÓN


En la presente Unidad analizaremos otragarantía específica de libertad que se conoce con el nombre de derecho depetición, y que está consagrada en el artículo 8º Constitucional en lossiguientes términos: Los funcionarios y empleados públicos respetarán elejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manerapacífica y respetuosa, pero en materia política sólo podrán hacer uso de esederecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer unacuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tieneobligación de hacerlo conocer en breve tiempo al peticionario.



Derecho depetición.


La potestad jurídica de petición, cuyotitular es el gobernado en general, se deriva como un derecho subjetivoindividual de la garantía respectiva consagrada en el artículo 8ºConstitucional. En tal virtud, toda persona tiene la facultad de ocurrir acualquier autoridad, formulando la solicitud o instancia escritas de cualquieríndole, la cual adopta, específicamente, el carácter de simple peticiónadministrativa, acción, recurso, etc. El Estado y sus autoridades, en virtud dela relación jurídica consignada en el artículo 8º de la Constitución, tiene comoobligación ya no un deber de carácter negativo o abstención como en lasanteriores garantías individuales, sino la ejecución o cumplimiento positivosde un hacer, consistente en dictar un acuerdo escrito a la solicitud que elgobernado les eleve. Por ello, una autoridad cumplirá su obligación, al dictarun acuerdo, expresado por escrito, respecto de la solicitud que se le hayaelevado, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Dichoen otras palabras, se trata, de una obligación positiva a cargo de lasautoridades estatales, que deben decir si conceden o no lo solicitado y exponerrazones y fundamentos para no dejar en la incertidumbre jurídica y en estado deindefensión al solicitante. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte deJusticia de la Nación ha expuesto el contenido de este artículo del siguientemodo: “El derecho de petición es consagrado por el artículo 8º de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos subjetivosdel gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por lasnormas legales en su calidad de Gobierno del Estado, obligado como tal a darcontestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que laexistencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juiciode amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionarioo servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relaciónjurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación reguladapor el derecho privado en que el ente público actúe como particular”. No bastacon que la autoridad sea un servidor público que actúe como ente pertenecienteal gobierno del Estado, sino que, además es preciso que tal autoridad seacompetente para tender la petición que el gobernado le hubiere formulado. Elejercicio de este derecho supone la observancia de determinados requisitos porparte tanto de quien pide como de quien contesta. En efecto, de acuerdo con elartículo 8º Constitucional, la petición habrá de ser formulada “por escrito, demanera pacífica y respetuosa”; ello implica que, si el gobernado pide sinceñirse a estas formalidades, su petición será ignorada por la autoridad. Encuanto a ésta, tiene la obligación de responder a través de un acuerdo escrito,que dará a conocer en breve término al peticionario. La idea de breve términoque emplea el artículo 8º Constitucional, no ha sido delimitadacronológicamente. Sin embargo, la Corte ha estimado, en su jurisprudencia, quedicha disposición se infringe si transcurren cuatro meses desde que laautoridad haya recibido la petición escrita del gobernado sin que se hubiesecontestado.Por otra parte, y aunque el artículo 8º Constitucional no loindique, el acuerdo o escrito que deba recaer a una solicitud de la mismaíndole, debe ser congruente con ésta. Asimismo, cabe mencionar, que nosolamente debe pronunciarse un acuerdo escrito que deba recaer toda solicitudde la propia naturaleza, sino que el órgano del Estado a quien se dirija, tienela obligación de hacer del conocimiento del solicitante dicho acuerdo. Además de lo anterior, existe unalimitación, ya que el artículo 8º Constitucional establece que: sólo puedenejercitarlo en materia política los ciudadanos de la República, o sea, laspersonas que conforme a los términos de los artículos 30 y 40 de nuestraConstitución tienen el carácter de tales personas. La ciudadanía mexicana se alcanzacuando se tiene la calidad de mexicano y se cumple con los requisitos queconsigna el artículo 34 Constitucional: “haber cumplido dieciocho años de edady tener un modo honesto de vivir”. EN cuanto a lo que debe entenderse por materiapolítica, hay que remitirse al contenido del artículo 35 de la Propia CartaMagna, que en cinco fracciones indica cuáles son las prerrogativas de losciudadanos de la República: I.- Votar en las elecciones populares; II.- Servotado para cargos de elección popular; III.- Asociarse para tomar parte en losasuntos políticos del país; IV.- Servir en el ejército o la Guardia Nacional, yV.- Ejercer el derecho de petición en cualquier clase de negocios. En estaúltima fracción se advierte que no hay limitación alguna para ejercer elderecho de petición, por lo que se reitera aquí el contenido del artículo 8ºConstitucional. Al referirse que la fracción V a cualquier tipo de negocio, daa entender que un procesado no podrá ejercer el derecho de petición en materiapolítica, pero sí podrá hacerlo respecto de negocios civiles o administrativos.Por último, es importante que no se confunda el derecho de petición con lainstitución denominada negativa ficta, que se aplica exclusivamente en lasmaterias fiscal y administrativa y que está regulada por el primer párrafo delartículo 37 del Código Fiscal de la Federación, que dice: “Las instancias opeticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas enun plazo de tres meses; transcurrido dicho plazo sin que se notifique laresolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolviónegativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posteriora dicho plazo mientras no se dicte resolución, o bien, esperar a que ésta se dicte”.



DÉCIMAPRIMERA UNIDAD. LIBERTAD DE REUNIÓN Y ASOCIACIÓN.


En la actualidad, el artículo 9ºConstitucional garantiza a un tiempo, la libertad de asociarse y la dereunirse, que no deben ser confundidas. Como todas las libertades que se hanestudiado hasta ahora, son susceptibles de ser limitadas por el Estado cuandola estabilidad de la nación así lo demande.



Libertad dereunión.


Al contrario de lo ocurrido con la libertadde asociación, la de reunión alcanzó rango Constitucional a partir del sigloXVIII, al ser consagrada en la primera enmienda de la constituciónestadounidense de 1791. En tiempos anteriores esa libertad tenía una existenciafáctica pues estaba sujeta a la aprobación de quienes detentaban el poder; elloimpedía que el poder público pudiera ser cuestionado a través de reuniones públicas.En países como España se llegó al grado de suprimir esta libertad por medio deordenanzas reales que prohibieron toda reunión publica durante casi un siglo. EnMéxico la libertad de reunión también fue una cuestión fáctica durante ladominación española; su manifestación dependía de la tolerancia de lasautoridades. Ahora bien, pese a que la lucha de independencia culminó en 1821,la libertad de reunión fue consagrada Constitucionalmente hasta 1847, en elActa Constitutiva y de Reformas, cuyo artículo 20 indicaba: “Es derecho de los ciudadanos votar en las eleccionespopulares, ejercer el de petición, reunirse para discutir los negocios públicosy pertenecer á la Guardia Nacional, todo conforme á las leyes”. Debe notarseque, en este caso, la libertad de reunión sólo era permitida para discutir losnegocios públicos. Por último, en la Constitución de 1857 se estableció conmayor amplitud en los términos en que se encuentra en la Ley Fundamental, y extendidaa las reuniones tendientes a ejercer el derecho de petición. La libertad dereunión implica la posibilidad de que una persona se reúna con sus semejantescon cualquier objeto lícito y pacíficamente. Ésas son las únicas condicionesque deben satisfacerse para el sano ejercicio de esta libertad; mientras lareunión se abstenga de recurrir a la violencia para alcanzar su objetivo ysiempre qué este sea permitido por las leyes, las autoridades del Estado habránde abstenerse de intentar sofocarla. Aquí corresponde hablar del segundopárrafo del artículo 9º Constitucional, que señala: “No se considera ilegal, yno podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una peticióno presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profiereninjurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas paraintimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. Esta previsiónestá completamente relacionada con lo dispuesto por el artículo 8º de la PropiaCarta Suprema, que consagra el derecho de petición como garantía individual deseguridad jurídica. Ahora bien, mientras que el artículo 8º prevé el ejerciciodel derecho de petición de modo individual, el segundo párrafo del diverso 9ºlo hace para las colectividades, que tienen que satisfacer los mismosrequisitos que observaría un particular aislado, a saber: dirigirse a laautoridad por escrito y de manera pacífica y respetuosa, es decir, noverbalmente y sin injuriar al destinatario de la petición.



Libertad deAsociación.


La consagración Constitucional de la libertadde asociación pasó de largo los tiempos de la Revolución Francesa, pues lasideas liberales que impulsaron este movimiento, en particular las posturas deJuan


Jacobo Rousseau, obligaban a rechazar la ideade que el hombre se viera obligado a pertenecer a alguna asociación. Estoúltimo se justificaba con el hecho de que no quería volverse a laobligatoriedad


de asociarse que, durante la Edad Media, sedio con la existencia de regímenes corporativos fabriles, gremiales ycomerciales. A raíz de lo anterior, la libertad de asociación no sería tomadaen cuenta sino hasta mediados del siglo XIX. Se estableció en la Constituciónfrancesa del 4 de noviembre de 1848 así como en la mexicana de 1857, cuyoartículo 9º establecía: “A nadie se le puede coartar el derecho de asociarse ode reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente losciudadanos de la República pueden hacerlo para tomar parte de los asuntospolíticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar”. Posteriormenteel Constituyente de 1916-1917 mantuvo el reconocimiento de la libertad deasociación en el propio artículo 9º, si bien con cambios de la redacción y conun párrafo más, relativo a las reuniones colectivas para ejercitar el derechode petición. Esta libertad también sería protegida a través del artículo 123,apartado A, de la Constitución. En el plano internacional, la regulación de lalibertad de asociación se ha manifestado en documentos tales como el PactoInternacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional deDerechos Económicos, Sociales y Culturales. La importancia de esta garantía esfundamental. Su consagración Constitucional denota la existencia de un Estadolibre y democrático de derecho, toda vez que da pie a la creación de cualquierpersona moral, tanto pública como privada. En el caso de las personas morales públicasdestacan los partidos políticos, que se dedican a participar activamente en lavida política nacional, de conformidadcon idearios tendientes a mejorar la forma de gobierno de la República. Como setrata de una potestad, el individuo tiene libertad absoluta tanto paraasociarse como para no hacerlo; del mismo modo, si decide asociarse, lo puedehacer a una organización humana ya establecida, o bien a una creada por élmismo. Por tanto, esta libertad puede operar entes direcciones:

(Video) garantías individuales y sociales


1. Derecho de asociarse formando unaorganización o incorporándose a una ya existente;


2. Derecho a permanecer en la asociación o arenunciar a ella, y


3. Derecho de no asociarse.


Correlativamente, la autoridad no podráprohibir que el particular se asocie; no podrá restringir su derecho apermanecer en la asociación o a renunciar a ella, ni tampoco podrá obligarlo aasociarse. Esas condiciones también se presentan en el caso de la libertad sindical,establecida en los apartados A, fracción XVI, y B, fracción X del artículo 123de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para concluirtenemos que, por derecho de asociación se entiende todapotestad que tienen losindividuos de unirse para constituir una entidad o persona moral, consubstantividad propia y distinta de los asociantes, y que tiende a laconsecución de determinados objetivos, cuya realización es constante ypermanente. Por lo expuesto anteriormente, sabemos que la libertad deasociación al ejercitarse, engendra las siguientes consecuencias:


a) Creación de una entidad con personalidad ysubstantividad jurídicas propias y distintas de las que corresponden a cada unode sus miembros individuales, y


b) Persecución de fines u objetivospermanentes y constantes.



Diferenciaentre reunión y asociación.


Las consecuencias que se derivan delejercicio del derecho de reunión y de asociación son diferentes de las queproduce el desempeño de la libertad de asociación. Esto en virtud de que adiferencia de la asociación, la libertad de reunión, al actualizarse, no creauna entidad propia con substantividad y personalidad diversa e independiente dela que cada uno de sus componentes; además, una reunión contrariamente a lo quesucede con una asociación es transitoria, esto es, su existencia y subsistenciaestán condicionadas a la realización del fin concreto y determinado que lamotivó, por lo que logrado éste, tal acto deja de tener lugar. Por otra parte,y en atención al orden que debe prevalecer en la sociedad, las libertades deasociación y de reunión cuentan con varias limitaciones:


1. La asociación o la reunión deben serpacíficas y tener objetos lícitos;


2. Sólo los ciudadanos de la República puedenasociarse o reunirse para tomar parte en los asuntos políticos del país;


3. Las reuniones armadas no tienen derecho adeliberar, lo que es acorde con el requisito de asociarse o reunirsepacíficamente;


4. Según el artículo 130 Constitucional, losministros de cultos no pueden aprovechar las reuniones públicas o los actos deculto para hacer propaganda religiosa;


5. No se permite la creación de agrupacionespolíticas cuyo nombre aluda a una fe religiosa, y


6. Está prohibido que en los templos se haganreuniones de carácter político.



DÉCIMASEGUNDA UNIDAD. LIBERTAD DE POSESIÓN DE ARMAS.


La primera regulación que se dio en México encuanto a la facultad de poseer y portar armas se previó en la Constitucióngaditana de 1812, cuyo artículo 56 señalaba que “en la junta parroquial ningúnciudadano se presentará con armas”. Doce años más tarde se expidió un bando degobierno que prohibió la portación de armas de cualquier clase sin licenciacorrespondiente. Durante el cuarto gobierno de la República, que estuvieraencabezado por Anastasio Bustamante, los constantes enfrentamientos entre diversosgrupos políticos motivaron la expedición de dos bandos –de 11 de septiembre de1830 y 4 de febrero de 1831-, que buscaron prohibir la portación de armas, asícomo lograr que se redujera el número de éstas en el país. Finalmente, en elartículo 10 de la Constitución de 1857 se estableció, por vez primera, elderecho de los individuos a poseer y portar armas: “Todo hombre tiene derechode poseer y portar armas para su seguridad y legítima defensa. La ley señalarácuales son las prohibidas y la pena en que incurren los que las portaren”.Ampliado para efectos de mayor especificidad, este precepto se reprodujo en laConstitución vigente quedando de la siguiente manera: Artículo 10. Los habitantes de losEstados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para suseguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la leyfederal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, FuerzaAérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitosy lugares en que podrá autorizar a los habitantes la portación de armas. Comopodemos observar, este precepto garantiza tanto la posesión como la portaciónde armas. Con arreglo a la Ley Federal de Armas de Fuego y explosivos, ciertasarmas se podrán poseer en el domicilio siempre que con ellas se busque laseguridad y defensa propia de quienes las posean, mientras que sólo se portaráun arma –de las señaladas por la ley- previa autorización de la Secretaría dela Defensa Nacional.



Libertad deposesión de armas.


La posesión para los efectos del artículo 10Constitucional, equivale, jurídicamente hablando, a un poder de hecho que unindividuo tiene sobre ciertos objetos denominados armas. Este poder de hecho esde carácter continuo, en el sentido de que opera independientemente de que sutitular tenga o no en un momento dado, la tenencia, captación o aprehensión dela cosa. El artículo en comento concede el derecho de poseer armas en eldomicilio; siempre que se cumpla con los requisitos establecidos por la LeyFederal de Armas de Fuego y Explosivos. El propio artículo limita esta garantíaen cuanto a que no está permitido poseer ciertas armas descritas en la leyfederal, así como las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, la Armada,la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. El Artículo 7º de la Ley federal deArmas de Fuego y Explosivos previene que “la posesión de toda arma de fuegodeberá manifestarse a la Secretaría de la Defensa Nacional, para el efecto desu inscripción en el Registro federal de Armas”.



Portación dearmas.


Este mismo artículo establece otra libertaden esta materia, que es la referente a la portación de armas. Este acto implicauna tenencia concreta, circunstancial, de tales objetos. A diferencia de laposesión, la portación es un hecho discontinuo, en el sentido de que sólo tienelugar cuando la persona capta, aprehende una cosa y la retiene en su tenenciamaterial o física. Por otra parte, la portación al igual que la posesión, sepermite sólo para legítima defensa y seguridad personal. El artículo 9º de laLey Federal de Armas de Fuego y Explosivos, señala las armas que puedenportarse, así como sus limitaciones; señalando las siguientes:


1. Pistolas de funcionamiento semi-automáticode calibre no superior al .380” (9mm.), quedando exceptuadas las pistolascalibres .38” Súper y .38” Comando, y también en calibres 9mm., las Mausser,Luger, Parabellum y Comando, así como los modelos similares del mismo calibrede las exceptuadas, de otras marcas.


2. Revólveres en calibres no superiores al.38” Especial, quedando exceptuado el calibre .357” Mágnum.


Los ejidatarios, comuneros y jornaleros delcampo, fuera de las zonas urbanas, podrán poseer y portar con la solamanifestación un arma de las ya mencionadas, o un rifle de calibre .22”, o unaescopeta de cualquier calibre, excepto de las de cañón de longitud inferior a635 mm. (25”), y las de calibre superior al 12 (.729” ó 18.5mm.).


3. Las que menciona el artículo 10 de la LeyFederal de Armas de Fuego y Explosivos.


4. Las que integren colecciones de armas, enlos términos de los artículos 21 y 22 de la ley de al materia. El artículo 8ºde la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos repite la restricción a laportación de armas de fuego a que alude la Constitución, en el sentido que lasarmas del uso exclusivo del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la GuardiaNacional no pueden ser poseídas ni portadas por particulares.



DÉCIMA TERCERA UNIDAD.LIBERTAD DE TRÁNSITO Y CORRESPONDENCIA


El artículo 11 Constitucional garantiza lalibertad de tránsito, reconocida a partir del seguimiento de los Estadosliberales. Supone la posibilidad de que los individuos se trasladen por elterritorio de la República sin recurrir a documentación alguna. Al igual queocurre con todas las libertades reconocidas en los Estados democráticosactuales, la de tránsito no es ilimitada, pues su ejercicio puede serrestringido por motivos de tipo judicial o administrativo. Se trata de unagarantía que protege sólo a los individuos, sin tomar en cuenta los medios queestos utilicen para desplazarse. También observaremos la libertad decorrespondencia contenida dentro del tercer párrafo del artículo 16 de laConstitución.



Libertad detránsito.


Durante la Antigüedad y la Edad Media, lalibertad de tránsito no fue conceptuada porque siempre había que recabar unaautorización antes de trasladarse. Sería hasta los comienzos del liberalismocuando se pensará en garantizar este derecho. Así, la Declaración de los Derechosdel Hombre y del Ciudadano la consagró en su artículo 4º, relativo a lo que sedebe de entender por libertad. En México, desde los inicios de laIndependencia, se tomó en cuenta la posibilidad de transitar libremente por elpaís. El Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana serefirió a la libertad de tránsito en su artículo 17. Por su parte, las SieteLeyes Constitucionales de 1836 la previeron en el artículo 2º, fracción VI, dela primera ley, que consideraba un derecho del mexicano “no podérsele impedirla traslación de sus personas y bienes a otro país, cuando le convenga, con talde que no deje descubierta en la república responsabilidad de ningún género, ysatisfaga, por la extracción de los segundos, la cuota que establezcan lasleyes. La fracción XIV del artículo 9º de las Bases Orgánicas de la RepúblicaMexicana de 1843, prácticamente repitió el contenido del artículo trascrito dela primera ley Constitucional. El Estatuto Orgánico Provisional de la RepúblicaMexicana, de 15 de mayo de 1856, dedicó su artículo 34 no tanto a la libertadde tránsito como a la de residencia, pues señalaba: “A nadie puede privarse delderecho de escoger el lugar de su residencia, de mudarlo cuando le convenga, yde salir de la República y transportar fuera de ella sus bienes, salvo elderecho de tercero y el cumplimiento de los deberes del empleo o encargo que seejerza”. En la Constitución de 1857 se hablaría de la libertad, tanto detránsito como de residencia; en el artículo 11, cuyo texto permaneció casi idénticoen la Constitución Política de 1917, también con el número 11 se prescribe:“Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajarpor su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad,pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de estederecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en loscasos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridadadministrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobreemigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobreextranjeros perniciosos residentes en el país”. Este es uno de los pocosartículos de la Carta Magna actual que no han sido reformados. Como podemosobservar, la libertad de tránsito, tal como está concebida en dicho precepto,comprende cuatro libertades especiales: la de entrar al territorio de laRepública, la de salir del mismo, la de viajar dentro del Estado mexicano y lade mudar de residencia o domicilio. El ejercicio de estas libertades por partedel gobernado o titular de la garantía individual de que se derivan, esabsoluto, o mejor dicho incondicional, en el sentido de que para ello no serequiere carta de seguridad o salvo conducto, pasaporte u otros requisitos semejantes.En vista del contenido del derecho subjetivo público que emana de la garantíaindividual que consagra el artículo 11 Constitucional, y que está constituidopor la libertad de tránsito manifestada en las supradichas cuatro potestades ofacultades, la obligación que para las autoridades del Estado para este mismose deriva de la indicada relación jurídica, consiste en no impedir o entorpecerla entrada y salida de una persona al y del territorio nacional, el viajedentro de éste o el cambio de su residencia y domicilio, y de no exigir, ademásninguna condición o requisito. Hay que hacer hincapié, que la libertad detránsito, que como garantía individual instituye el precepto Constitucional quecomentamos, únicamente se refiere al desplazamiento o movilización física del gobernado.Por otra parte el artículo 11 Constitucional consagra las siguientes limitacionesa la libertad de tránsito:


1. Por lo que toca a las autoridades judiciales,éstas están autorizadas por nuestra Constitución para prohibir a una persona,que salga de determinado lugar o para condenar a una persona a purgar una penaprivativa de la libertad dentro de cierto sitio.


2. En cuanto a las autoridades administrativas,estas pueden Constitucionalmente impedir a una persona que penetre alterritorio nacional y que radique en él cuando no llene los requisitos que la LeyGeneral de Población exige, así como la de expulsar a extranjeros perniciososde acuerdo al artículo 33 Constitucional, o, por razones de salubridad,prohibir que se entre, salga o permanezca en un sitio en el cual se localice unpeligro para la higiene pública.



Libertad decorrespondencia.


La libertad de circulación de correspondenciaestá concebida por nuestra Constitución dentro de los párrafos noveno, décimo ydécimo segundo de su artículo 16, en los siguientes términos: “Las comunicacionesprivadas son inviolables, y las intervenciones que de ellas hagan deben serautorizadas por la autoridad judicial federal, y sujetarse a los requisitos ylímites previstos en las leyes. La correspondencia que bajo cubierta circulepor estafetas estará libre de todo registro, y su violación será penada por laley”. De conformidad con esta garantíaindividual, toda autoridad tiene la obligación negativa de no intervenir oregistrar, esto es, de no inspeccionar la correspondencia de cualquierindividuo y, por mayoría de razón, de no censurarla o prohibir su circulación.



DÉCIMA CUARTA UNIDAD.LIBERTAD RELIGIOSA


En nuestra Constitución vigente la libertadreligiosa está consagrada como garantía individual en su artículo 24, queestablece: Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más leagrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del cultorespectivo, en los templos o en su domicilio particular, siempre que noconstituya un delito o falta penados por la ley.



Libertadreligiosa.


La libertad religiosa, comprende doslibertades propiamente dichas: la de mera profesión de una fe o una religióncomo acto ideológico de sustentación de determinados principios, ideas, etc.,respecto de Dios y de la conducta humana frente a Él, y la cultural, traducidaen una serie de prácticas externas que tienen como fin primordial la veneracióndivina y el perfeccionamiento religioso-moral del individuo. La profesión religiosa,como simple conjunto de ideas, principios, etc., que una persona abrigarespecto de Dios en sus variados aspectos y manifestaciones, escapa al campodel Derecho, en tanto que no se exteriorice en actos positivos y reales, puestoque pertenece al terreno meramente subjetivo del ser humano. Por ello, laprofesión religiosa, como acepción lisa y llana de ideas, postulados, etc., notiene limitación alguna; es por tanto, absoluta. En cambio cuando una ideologíareligiosa se manifiesta exteriormente por diversos actos, principalmente porlos culturales, éstos, constituyendo una actividad externa, trascendente osocial del individuo, caen bajo el imperio del Derecho. En vista de ello, elartículo 24 Constitucional se contrae a limitar ese aspecto objetivo de lalibertad religiosa, que es precisamente el único susceptible de regularsejurídicamente, pues el subjetivo, el que se revela como una mera sustentaciónmental de ideas o principios, es ajeno a la teología normativa del Derecho. Elartículo 24 Constitucional, además de declarar la libertad religiosa comoprofesión de creencias, consagra, como ya dijimos, la libertad cultural, en elsentido de poderse ésta practicar en forma pública o de manera privada. Elculto público es aquel acto en el cual concurren o pueden concurrir, participano pueden participar, personas de toda clase sin distinción alguna, según lo hadefinido la Suprema Corte, o aquella ceremonia de cualquier clase que sea, quese practique fuera de la intimidad del hogar. Por el contrario culto privado esaquel que está constituido por actos o ceremonias que se practican dentro deuna casa particular, y a los que sólo tienen acceso las personas que autoriceel dueño poseedor de ésta. El aspecto objetivo, externo, de la libertadreligiosa, a diferencia del meramente subjetivo, está regulado y limitado porla Constitución; así tenemos lassiguientes limitaciones. Como primera limitación Constitucional a la libertadcultural existe la consistente en que toda ceremonia es permitida, en tanto quesu realización no constituya un delito. Por ello todas aquellas prácticas religiosasen las que tuvieren lugar actos privativos de la vida a ciertas personas(sacrificios humanos), están prohibidas por el artículo 24 Constitucional. Porlo que respecta al culto público, la limitación Constitucional consiste en queéste deberá celebrarse precisamente dentro de los templos y bajo la vigilanciade la autoridad, en los términos establecidos por el artículo 130Constitucional y por la ley reglamentaria respectiva. Por otra parte lalibertad religiosa goza, por otra parte de ciertas seguridades jurídicasConstitucionales. En primer lugar, la Constitución impone la prohibiciónterminante al Poder Legislativo, en el sentido de que éste no podrá expedir leyestableciendo o prohibiendo cualquier religión (Art. 130, párrafo segundo). Ensegundo lugar, además, la regulación legal del culto público y disciplinaexterna sólo puede establecerse por los Poderes Federales, teniendo únicamentelas autoridades locales el carácter de auxiliares de éstos. Así mismo, laslegislaturas de los Estados únicamente tienen facultad de determinar, según lasnecesidades locales, el número máximo de ministros de los cultos (artículo 130,párrafos primero y séptimo). Por último, cabe mencionar que, mediante DecretoCongresional publicado el 28 de enero de 1992, se modificó el artículo 24 Constitucionalpara quedar en los siguientes términos: “Todo hombre es libre para profesar lacreencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias,devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito ofalta penados por la ley”. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan oprohibían religión alguna. Los actos religiosos de culto público se celebraránordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera deéstos se sujetarán a la ley reglamentaria. Debe advertirse que este nuevo textono descarta los dos tipos de culto: el privado y el público, a los cuales noshemos referido con anterioridad. La novedad importante que introduce, estribaen la terminante y absoluta prohibición de que el Congreso no puede dictar leyesque establezcan o prohíban religión alguna, declaración enfática que garantiza,como derecho humano la libertad de creencias y de culto. Además, prevé laposibilidad de que el culto público se celebre extraordinariamente fuera de lostemplos, según lo prescriba la ley reglamentaria correspondiente, eliminandoasí la prohibición que el anterior artículo 24 contenía.



DÉCIMA QUINTA UNIDAD.LIBERTAD DE LIBRE CONCURRENCIA


La libre concurrencia es un fenómenoeconómico en virtud del cual todo individuo puede dedicarse a la mismaactividad, perteneciente a un determinado ramo, que aquella a cuyo desempeño seentregan a otras personas. La idea de libre concurrencia descarta la delexclusivismo en una función económica, esto es, implica la prohibición de queuna persona o un grupo de individuos determinados tengan el privilegio o la prerrogativade desplegar una cierta actividad, sin que ésta sea susceptible de ejercitarsepor otros sujetos. En el terreno económico, la libre concurrencia es un hechocuya realización trae como consecuencia el estímulo, el afán de superación y mejoramientopor parte de los individuos que compiten. Además, es bien conocido el fenómenode que, en virtud de la libre competencia, los precios bajan a la vez que seintensifica la actividad económica nacional y particular. La libre concurrenciaes el efecto natural de la libertad de trabajo, puesto que ésta, estribando enla potestad que todo hombre tiene para dedicarse a la ocupación lícita que másle agrade, coloca a todo sujeto en la situación de poder desempeñar la mismafunción que otro u otros. Si se vedara la libre concurrencia, en el sentido deprohibir a una persona que asuma una actividad económica ejecutada por un grupoprivilegiado, se haría nugatoria la libertad de trabajo, debido a que se impediríaque ésta se desplegara por aquellas personas que no tuvieran prerrogativasexclusivistas. El artículo 28 Constitucional, al consignar la libreconcurrencia como Derecho Público subjetivo individual, derivado de la relaciónjurídica que prevé y que existe entre el Estado y sus autoridades por un lado ylos gobernados por el otro, no hace sino afirmar la libertad de trabajo. Porende dicho precepto dispone que: “En los Estados Unidos Mexicanos no habrámonopolios ni estancos de ninguna clase, ni exención de impuestos, niprohibiciones a título de protección a la industria; exceptuándose únicamentelos relativos a la acuñación de moneda, a los correos, telégrafos yradiotelegrafía, a la emisión de billetes por medio de un solo banco quecontrolará el Gobierno Federal, y a los privilegios que por determinado tiempose concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras y a losque, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadoresde alguna mejora”.



Libertad delibre concurrencia.


Tras la caída del Imperio Romano de Orienteen 1453, en Europa se crearon las nacionalidades y se desarrollo elabsolutismo. Como consecuencia del propio desarrollo de los pueblos europeos segeneraría una tendencia hacia el liberalismo en materia económica, hecho queempezó a desplazar al absolutismo, que permitía al soberano intervenirampliamente en todos los aspectos del gobierno y en la actividad económica. Unavez concluida la Edad Media, la Revolución industrial inglesa (1688) y laRevolución Francesa trajeron consigo la industrialización que, sustentada porel liberalismo, daría lugar al capitalismo. Ya desde entonces habíaprohibiciones para los monopolios en cuanto a las actividades comerciales y ladistribución de mercancías en general. En el caso de México, en tiemposcoloniales se trataron de evitar los monopolios pero la Corona Española sereservó la explotación de ciertas actividades económicas, esto es, creóestancos. La medida hizo que el desarrollo económico de la Nueva España fueralento y preocupara a los criollos. Por lo demás, el logro de la independencia nacionalno evitó que se mantuviera un sistema de peonaje feudal en el campo. Entre 1820y 1850 se dieron numerosas luchas de poder, particularmente entre la IglesiaCatólica y el Estado. Aquélla acaparaba riquezas y dirigía al PartidoConservador, al que pertenecía el alto clero y los terratenientes. La oposiciónde este grupo político era el Partido Liberal, formado por quienes luchabancontra el feudalismo económico y cuyo fin era representar al pueblo, que notenía acceso a la riqueza. El triunfo del liberalismo implicó la expedición dela Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civilesy Religiosas (1856), contenida en las llamadas Leyes de Reforma. Gracias a esaley, la Iglesia perdió gran parte de sus bienes, lo que no implicó que ladistribución de la riqueza fuera equitativa. El Constituyente de 1856-1857 sedispuso a impedir la concentración de la riqueza en unas cuantas manos, de ahíque creará el artículo 28. Comenzó entonces la planeación económica a nivelnacional. Al llegar Porfirio Díaz al poder procuró impedir que las fracciones políticascontinuarán en pugna, ya que ello frenaba el progreso del país; lo logró pero acosta de desatender otros aspectos. En consecuencia, la riqueza se concentró enpocas manos y subsistió el peonaje en el campo. Las insoportables condicionesde vida de la población acarrearon la Revolución Mexicana, movimiento que tomóen cuenta la importancia de la libre concurrencia en el mercado para evitarperjuicios sociales. Las Constituciones mexicanas que estuvieron en vigordurante el siglo XIX apoyaron el liberalismo económico, sustentado en elprincipio dejar hacer, dejar pasar. En la parte relativa a la libreconcurrencia, el artículo 28 de la Constitución de 1917 es idéntico al de 1857.No obstante, la Ley Fundamental que hasta la fecha rige introdujo en el mundolas bases del Constitucionalismo social y estableció los fundamentos para eldesarrollo del Estado mexicano moderno. El artículo 28 Constitucional ha sidoobjeto de varias reformas importantes:


1. El 17 de noviembre de 1982 se agregó unquinto párrafo, donde se indicaba que el servicio de banca y crédito seríaprestado por el Estado, no por particulares.


2. El 3 de marzo de 1983 se creó el capítuloeconómico de la Constitución –artículos 25 a 27, 131 y 134-; se estableciócuales son las áreas estratégicas y prioritarias y se consiguió el derecho de protecciónal consumidor.


3. El 27 de julio de 1990 se eliminó elantiguo párrafo quinto, relativo a que el servicio de banca y crédito sólopodía ser prestado por el Estado.


4. El 30 de agosto de 1993 se adicionaron lospárrafos sexto y séptimo, referentes a la autonomía y funciones del Banco deMéxico.


5. Por último el 2 de marzo de 1995 sesuprimió el carácter de áreas estratégicas a los ferrocarriles y a lacomunicación vía satélite.


La primera ley reglamentaria del artículo 28Constitucional fue la Ley de 18 de Agosto de 1931, que sería sustituida por laOrgánica del Artículo 28 Constitucional en materia de Monopolios, publicada enel Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1934, de la que se desprenderíanprincipios que luego fueron recogidos en la Constitución. Hasta la fecha, laley reglamentaria del artículo en comento es la Ley Federal de CompetenciaEconómica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembrede 1992, y en vigor desde el 22 de junio de 1993. Según la Real Academia de laLengua Española, por concurrencia se entiende “acción y efecto de concurrir”,así como “conjunto de personas que asisten a un acto o reunión” y“coincidencia, concurso simultáneo de varias circunstancias”. A su vez, porconcurrir se entiende juntarse en un mismo lugar o tiempo. Jurídicamente lalibertad de concurrencia se traduce en la participación en el mercado de unproveedor o un grupo de proveedores, en igualdad de circunstancias, para quepor sí mismos establezcan las condiciones de producción y comercialización delos bienes o servicios que pretendan ofrecer al público. La libre concurrenciapretende asegurar una sana competencia entre los proveedores, objetivo que selogra de no existir determinadas prácticas que restrinjan la libertad de todaslas personas para participar en el mercado. En cuanto a la prohibición demonopolios, prácticas monopólicas, estancos y exenciones de impuestos tenemosque el primer párrafo del artículo 28 Constitucional señala: “En los EstadosUnidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas,los estancos y las exenciones de impuestos que en términos y condiciones quefijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título deprotección a la industria”. En tal sentido, la Suprema Corte de Justicia de laNación refiere que un Monopolio es “todo acto que evite o tienda a evitar lalibre concurrencia en la producción industrial o comercial y, en general, todolo que constituye una ventaja exclusiva e indebida a favor de una o varias personas,con perjuicio del pueblo en general o de una clase social”. Por otra parte, sedebe hacer hincapié que el propio texto Constitucional señala situaciones queno pueden considerarse monopolios. El párrafo cuarto del artículo 28Constitucional indica que no son monopolios las funciones que el Estado ejerzaen las llamadas “áreas estratégicas”, por las que se entiende: “el conjunto de actividadeseconómicas –producción y distribución de bienes y servicios- que exclusivamenterealiza el gobierno federal a través de organismos públicos descentralizados, yunidades de administración pública, por imperativos de seguridad nacional,interés general o beneficio social básico para el desarrollo nacional”. Tampococonstituyen monopolios las asociaciones que forman los trabajadores paraproteger sus intereses, es decir, los sindicatos, ni las asociaciones osociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses,vendan en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales quesean la fuente de la riqueza principal en la región donde se produzcan, sitales asociaciones están bajo vigilancia del gobierno federal o de losgobiernos estatales; por último, tampoco son monopolios los privilegiosconcedidos temporalmente a los autores o artistas para la producción de susobras, ni los que se otorguen a los inventores por el uso exclusivo de sus inventos.Por otra parte un estanco es un “monopolio constituido a favor del Estado paraprocurar provecho al fisco”. Esta definición no aparece ni en la Constituciónni en la Ley Federal de Competencia Económica. Se encontraba en el artículo 20de la abrogada Ley Orgánica del Artículo 28 Constitucional en Materia deMonopolios. En síntesis, la característica principal del estanco es la de “serun monopolio ejercitado por el fisco como fuente de recurso”. En cuanto a laexención de impuestos, su procedencia depende del Poder Legislativo, que es elúnico que puede autorizar que uno o varios contribuyentes no paguen un impuestodeterminado. Si la exención no está debidamente regulada en una ley, atentará contrael artículo 28 de la Ley Suprema.



FAQs

GARANTÍAS INDIVIDUALES Y SOCIALES | GENERALIDADES? ›

Son irrenunciables: no se puede renunciar a ellas. Son imprescriptibles: no se extinguen. Son inalienables: no se pueden suprimir a la persona. Son limitativas del poder del Estado: el Estado carece de poder sobre ellas.

¿Qué son las garantías individuales? ›

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su primer capítulo, las llamadas garantías individuales del hombre, que se refieren a los derechos y deberes que el Gobierno Federal define para hacer posible el disfrute de la libertad, sin alterar el orden y la paz social.

¿Que se entiende por garantías sociales? ›

Conjunto de preceptos jurídicos que, conforme a criterios de justicia social y bienestar colectivo, protege, tutela y reivindica sectores desprotegidos, marginados o vulnerables.

¿Qué son las garantías individuales y ejemplos? ›

Ejemplos de garantías individuales

Como ejemplo, podemos citar algunos derechos fundamentales de la Constitución española: Derecho a la vida, incluyendo la abolición de la pena de muerte. Derecho a la integridad física y moral, por lo que se prohíben las torturas, penas o tratos inhumanos.

¿Qué son las garantías individuales y cómo se clasifican? ›

Las garantías individuales se clasifican en: a) Garantías de igualdad. Artículos 1°, 4° y 12 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) Garantías de libertad. Artículos 3°, 4°, 5°, 6° 7°,8°, 9°, 10°, 24°, 130° y 28° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¿Cuántas son las garantías individuales? ›

Las Garantías Individuales se comprenden un total de 29 artículos de distinta índole, todos circunscritos a los derechos que como mexicanos tenemos dentro del territorio nacional y en las diferentes embajadas en el extranjero, que también forman parte de la propiedad nacional, el cúmulo de artículos está encaminado a ...

¿Cuál es la importancia de las garantías individuales? ›

La importancia de las garantías individuales radica en que constituyen una protección instrumental o procesal de la tutela de esos derechos. Las garantías son protecciones o soluciones para evitar la violación de nuestros derechos individuales.

¿Cómo surgen las Garantías Sociales? ›

Las garantías sociales, se introducen por primera vez en la constitución de 1917, como logro del movimiento armado de 1910 contra la dictadura porfirista, así surgen los artículos 27 y 123 de la Constitución, los cuales originaron novedosas legislaciones cobre la tendencia de la tierra y las relaciones obrero-patronal.

¿Qué importancia tienen los derechos y Garantías Sociales en la actualidad? ›

Las Garantías Sociales son muy importante porque hacen justicia a lucha incansable de la clase trabajadora y, con ellas, el Estado reconoce las condiciones en que debe realizarse el trabajo, respalda los derechos de las y los trabajadores y patronos; por eso nadie puede renunciar a ellas, ¿por qué?, para evitar que por ...

¿Cuáles son las Garantías Sociales en la Constitución mexicana? ›

Las garantías sociales se encuentran contenidas en los artículos 3°, 27 y 123 de la Constitución, que se refieren, respectivamente, a la educación, a los derechos de la nación sobre sus recursos, a la proscripción del latifundismo y a la protección del campesino, a la tutela del trabajador.

¿Cuáles son las 4 características de las garantías individuales? ›

Características de las garantías individuales

Son irrenunciables: no se puede renunciar a ellas. Son imprescriptibles: no se extinguen. Son inalienables: no se pueden suprimir a la persona. Son limitativas del poder del Estado: el Estado carece de poder sobre ellas.

¿Dónde se encuentran los derechos sociales? ›

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se encuentran reconocidos en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que comprende 31 artículos, adoptado por los Estados parte del Sistema Universal de Derechos Humanos en el año 1966 (en vigor a partir de 1976) y ratificado por Venezuela ...

¿Cuáles son las 4 garantías constitucionales? ›

señaló que la Constitución otorgaba a los derechos del hombre, las garantías de libertad personal, propiedad, seguridad e igualdad.

¿Qué es la suspensión de las garantías individuales y sociales? ›

la suspensión de las garantías individuales se justifica por la necesidad política de que los órganos gubernativos tengan libertad de acción para proceder con rapidez y energía a mantener el orden público mediante la eliminación radical de las situaciones y circunstancias de hecho que agreden los intereses sociales...

¿Cómo surgen las garantías individuales? ›

La primera Constitución del México independiente (1824) no incluyó una declaración de derechos humanos, dejando esa cuestión a las Constituciones locales. En cambio, las leyes supremas de 1836, 1843 y 1857 presentaron amplios catálogos de garantías individuales.

¿Qué pasa si se violan las garantías individuales? ›

La sentencia condenatoria será pronunciada por dos tercios dcl total de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Sea cual fuere el resultado dcl juicio de responsabilidades, no se podrá iniciar ningún otro proceso por los mismos delitos ni por los mismos hechos.

¿Qué son los derechos sociales y ejemplos? ›

Los derechos económicos, sociales y culturales incluyen los derechos a la alimentación, a la vivienda adecuada, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la participación en la vida cultural, al agua y saneamiento, y al trabajo.

¿Cómo se clasifican los derechos sociales? ›

Enumerándolos, los derechos sociales serían: El derecho a un empleo y a un salario. El derecho a la protección social en casos de necesidad (jubilación, seguridad social, desempleo, bajas laborales por causas de salud, maternidad o paternidad, accidentes laborales). El derecho a la vivienda, un hogar seguro.

¿Qué protege el derecho social? ›

El derecho social es la rama del derecho que se fundamenta en los principios y diferentes normas que tienen como objetivo principal proteger, velar y establecer el comportamiento y las actitudes del hombre velando por la igualdad dentro de las clases sociales.

¿Por qué son importantes los derechos sociales? ›

El derecho social es de una importancia crucial para garantizar el cambio social, es decir, la paulatina construcción de una sociedad más justa, libre de fenómenos que empobrecen la vida social de los individuos, como la discriminación, el racismo, el trabajo abusivo, la falta de acceso a la educación, etc.

¿Cómo se aplican los derechos sociales? ›

Los derechos sociales fundamentales, que más tarde dieron origen a lo que se llamó Estado Social, se pueden resumir así: Derecho a un empleo y a un salario justo. Derecho a la protección social en casos de necesidad (seguridad social, bajas laborales, desempleo, jubilación, maternidad, etc.). Derecho a la vivienda.

¿Quién creó los derechos sociales? ›

La originaria protección de los derechos de los mexicanos, del ciudadano, y del jornalero, se encuentran en las proclamas libertarias del Padre de la Patria, el Cura Miguel Hidalgo y Costilla y en el mensaje de Don José María Morelos y Pavón que reclamaba aumento de jornal y vida humana para los jornaleros, principios ...

¿Dónde se encuentran los derechos y deberes individuales y sociales? ›

Los derechos humanos fundamentales son reconocidos por la Constitución en el Título III, "Derechos y deberes individuales y sociales", y en el Título IV, "Derechos políticos". El Capítulo Primero del Título II, por su parte, establece las "Garantías fundamentales".

¿Qué son las garantías individuales Wikipedia? ›

Garantía personal: como, por ejemplo, un aval. Mediante la garantía personal una persona garantiza el pago de una deuda comprometiéndose a pagar ella en el caso de que el deudor principal no cumpliese con su obligación. Garantía real: como la prenda o la hipoteca.

¿Cuántas garantías individuales existen en México? ›

En el artículo 14 constitucional concurren cuatro garantías individuales relativas a la seguridad jurídica: irretroactividad legal, audiencia, legalidad en materia judicial civil y judicial administrativa, y legalidad en materia judicial penal.

¿Qué son las garantías constitucionales ejemplos? ›

El Habeas Corpus, una institución jurídica que busca evitar arrestos y detenciones arbitrarias. El Habeas Data, el derecho a acceder a la propia información en cualquier registro o banco de datos.

¿Que son y para qué sirven las garantías constitucionales? ›

Las garantías constitucionales se definen como los medios o instrumentos que la Constitución Nacional pone a disposición de los habitantes para sostener y defender sus derechos frente a las autoridades, individuos o grupos sociales; mientras que las garantías procesales como "las instituciones o procedimientos de ...

¿Cuáles son los derechos sociales y ejemplos? ›

Los Derechos Económicos Sociales y Culturales
  • El derecho al trabajo y los derechos de los trabajadores.
  • El derecho a la salud.
  • El derecho al agua.
  • El derecho a la Seguridad Social.
  • El derecho a la vivienda.
  • El derecho a la alimentación.
  • El derecho a la educación.
  • El derecho a un medio ambiente adecuado y saludable.

¿Cuáles derechos sociales? ›

Los derechos económicos, sociales y culturales incluyen los derechos a la alimentación, a la vivienda adecuada, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la participación en la vida cultural, al agua y saneamiento, y al trabajo.

¿Cuáles son los deberes sociales? ›

Deberes Sociales

Son el conjunto de obligaciones de orden moral, social, de tipo altruista, que invitan a los ciudadanos a colaborar, pero que, en caso de ser necesario, tienen mecanismos de obligatorio cumplimiento.

¿Cómo se clasifican las garantías sociales? ›

Las garantías sociales se encuentran contenidas en los artículos 3°, 27 y 123 de la Constitución, que se refieren, respectivamente, a la educación, a los derechos de la nación sobre sus recursos, a la proscripción del latifundismo y a la protección del campesino, a la tutela del trabajador.

¿Cuáles son los articulos más importantes de las garantías individuales? ›

Garantías Individuales > Capítulo I. Derechos Humanos y Garantías
  • Artículo 2. La Nación Mexicana es Única e Indivisible.
  • Artículo 6. Libertad de Acceso a la Información.
  • Artículo 12. Prohibida la Nobleza.
  • Artículo 15. Límites de la Extradición de Reos Políticos.
  • Artículo 16. ...
  • Artículo 22. ...
  • Artículo 25. ...
  • Artículo 26.

¿Cuáles son las características de las garantías individuales? ›

Características de las garantías individuales

Son irrenunciables: no se puede renunciar a ellas. Son imprescriptibles: no se extinguen. Son inalienables: no se pueden suprimir a la persona. Son limitativas del poder del Estado: el Estado carece de poder sobre ellas.

Videos

1. Garantías individuales, sociales y derechos humanos
(Ana María Prieto Hernández)
2. Garantías individuales y derechos humanos
(Espacio Jurídico)
3. Garantías individuales
(Daniel Alberto Aguirre Castillo)
4. Definicion: Garantias Individuales y Sociales
(AbogadoJohnMitchell)
5. De "garantías individuales" a "derechos humanos"
(Miguel Carbonell)
6. (2021)1-29 Garantías Individuales y Derechos Humanos-Primer Apartado Constitución México para niños
(Maestro de Informática y Español.)

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Author: Lidia Grady

Last Updated: 12/20/2022

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