En medio de un vacío legal, crece el número de acciones colectivas en Argentina (2022)

En medio de un vacío legal, crece el número de acciones colectivas en Argentina (1)

Las causas de este tipo no poseen una legislación que las regule. En Córdoba, el proceso sigue lo estipulado en un acuerdo reglamentario del TSJ. La tramitación es compleja y la demora en la resolución de los casos es importante. Hay un proyecto de ley que se está analizando en la Legislatura Unicameral

En Argentina, existe un vacío legal en materia de acciones de clase y la promulgación de una regulación apropiada. Ya se cumplieron 12 años del fallo Halabi dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), intentado poner luz a estos procesos. Desde aquel momento, las acciones de clase han crecido de forma exponencial generando un sinnúmero de interrogantes, tanto para el operador jurídico, como para el encargado de administrar justicia. Ante esta situación, varias justicias provinciales han comenzado a reglamentar su tramitación a través de diferentes Acordadas.

Las primeras acciones de clase tuvieron como fundamento legal los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional y los artículos 52 y 54 de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor.

La orfandad legislativa generó el dictado de tres fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (en este caso daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza – Riachuelo)”, “Halabi, Ernesto c/ P.E.N. ley 25.873 dto. 1563/04 s/ Amparo ley 16.986)” y “PADEC c/Swiss Medical S.A. s/ Nulidad de cláusulas contractuales”, en los cuales se delinearon una serie de requisitos a cumplir en los procesos colectivos, destacando la mora del legislador en el dictado de una normativa específica.

Con posterioridad, la Corte dictó las acordadas 32/2014 y 12/2016 por medio de las cuales agregó una mayor regulación en los procesos colectivos.

Las acciones colectivas son procesos judiciales que permiten defender los derechos de cientos, miles, inclusive millones de personas afectadas por un mismo hecho. Posibilitan la resolución de conflictos colectivos, donde se exige la protección de derechos que afectan a una gran cantidad de personas, o a una comunidad, como el derecho al ambiente, la salud, el hábitat, la educación, los derechos de consumo, sindicales, etc. Muchas veces, buscan también activar procesos de toma de decisión y contralor de omisiones del Estado.

Se caracterizan por ser “representativas”; así lo que se resuelve en estos procesos beneficia a todas las personas que se encuentran en la misma situación, aunque no hayan participado en el proceso. Esta característica posibilita el funcionamiento del sistema de justicia de forma eficiente, evitando el dispendio de recursos y las decisiones contradictorias sobre un mismo hecho entre los mismos sujetos.

Son fundamentales para garantizar el acceso a la justicia ya que permiten la discusión de conflictos que suelen ser difíciles de resolver de forma individual, ya sea por las barreras económicas y sociales existentes para llegar a la justicia o bien, porque entre los demandados suelen encontrarse el propio Estado y grandes empresas.

De esta manera, con su uso se pretende nivelar las desigualdades existentes entre las partes y permite llevar a los tribunales reclamos que no llegarían a discutirse de manera individual. Así, se convierten en una vía de participación activa de la sociedad.

El derecho a la vida, a la salud y la integridad física, fue tema central de diversos casos colectivos. La mayoría de estos procesos se tramitan en la Ciudad de Buenos Aires, donde también se encuentra el mayor número de asociaciones con legitimación para promoverlos.

En aumento

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En Córdoba, hay 40 causas iniciadas e inscriptas en el Registro de Procesos Colectivos: 22 en materia de consumo y otras 18 vinculadas a la afectación del medioambiente.

La mayoría de estas causas fueron promovidas por tres de las 41 asociaciones civiles empadronadas en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores: Usuarios y Consumidores Unidos, Fundación Club de Derecho y Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino.

Cabe aclarar que no todas las acciones iniciadas o en trámite figuran registradas, por distintas razones; entre ellas, que el Registro mencionado no da cuenta de las acciones que se tramitan en el fuero Federal.

Se han tramitado acciones colectivas en contra de numerosas entidades financieras, por caso, cabe mencionar el Banco Hipotecario, Banco de Córdoba, Tarjeta Grupar, Tarjeta Finandino, entre otros. En materia de salud, se iniciaron demandas contra el Hospital Privado y la Obra Social de los Petroleros (UCU) y Laboratorios Bagó .

Se han demandado también a todas las compañías telefónicas (Telecom, AMX, Movistar) y de prestación de servicios de Internet (DirecTV) e incluso de servicios de streaming como Netflix y Spotify.

Respecto de las compañías aéreas, y con motivo de la pandemia, la Asociación Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino (ADCOIN) tramitó en el juzgado de 51 Nominación una demanda contra la empresa Flybondi , que ya tuvo el visto bueno de la Fiscalía interviniente y se encuentra a la espera de la homologación para su posterior difusión.

Otro caso de gran interés local, es la demanda colectiva entablada contra Movypark (la empresa que tenía la concesión del estacionamiento medido en la ciudad de Córdoba) acusada de haber actuado «con desidia» al no proteger correctamente los datos personales de los usuarios de la aplicación.

En materia de autoplanes y automotrices, fueron demandadas todas las empresas, por la abrumadora suba de los precios de las cuotas, y otros incumplimientos derivados de esta forma de contratación.

Consultado por Comercio y Justicia, el abogado especializado en derecho de Consumidor y Director de la Sala de Procesos Colectivos del Colegio de Abogados de Córdoba, Exequiel Vergara, remarcó que en Córdoba vienen creciendo sostenidamente las demandas colectivas y “si bien falta mucho camino por recorrer y a la mayoría de los juzgados no les ha tocado aún la tramitación de este tipo de causas, resulta innegable su consolidación como herramienta legal para la obtención de soluciones en casos importantes y de afectación masiva”.

Las trabas judiciales

El problema es que el aumento de los casos de incidencia colectiva no ha venido de la mano de una normativa que regule la materia y tampoco de una práctica judicial que permita darle celeridad a estos procesos, más bien todo lo contrario.

El abogado Federico Macciocchi, presidente de la Federación de Asociaciones de Consumidores de la República Argentina, asegura que no son pocas las trabas judiciales que enfrentan quienes presentan demandas colectivas.

Muy crítico, Macciocchi recordó que en la mayoría de los casos, las acciones colectivas afectan intereses económicos muy fuertes o, en el caso de las causas ambientales, implica litigar en contra del propio Estado.

En ese contexto, el abogado sostuvo que no son pocos los jueces que “hacen lo imposible por sacarse estas causas de sus juzgados y terminan siendo más contraparte que la propia contraparte”

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“Hay muchos magistrados y funcionarios comprometidos con la Constitución y los DDHH, pero hay una enorme cantidad que parecen tener fobia, terror, sobre todo a procesos en donde se demandan grandes empresas. Muchos hacen lo imposible para evadirse de asumir sus obligaciones que el cargo impone”, planteó Macciocchi.

La asignación de la competencia está siempre en la mesa y es utilizado ¨como un recurso dilatorio”, coincidieron los abogados.

“La discusión de la competencia dificulta en extremo la sana tramitación de este tipo de causas, con dictámenes y resoluciones contradictorias en las que normalmente la justicia ordinaria resuelve que debería entender la órbita federal, y viceversa”, puntualizó Vergara.

Otro aspecto para analizar es el beneficio de litigar sin gastos. Para garantizar el acceso a la justicia, la regulación de las acciones colectivas debería consagrar el beneficio de litigar sin gastos sin importar cuál de los legitimados inicia el proceso. Ello no sólo implica exceptuar a la parte actora del pago de la tasa de justicia y sellados, sino también de todo gasto que sea necesario realizar. Esto no ocurre hoy en Córdoba, pese a los planteos que se han realizado sobre este punto.

“El TSJ a través de su administración lleva una persecución para el pago de la tasa de justicia pretendiendo cobrar inclusive sobre la pretensión del daño punitivo. Las violaciones a los derechos de los consumidores son tan grandes que, como en los casos de UVAS y autoplanes, comprometen la calidad de vida de las personas afectadas, y ello seguirá así en la medida de que el Poder Judicial continúe mirando el fenómeno por la ventana”, planteó Macciocchi.

Cabe destacar que desde el año pasado se modificó la ley tributaria y ahora es posible el diferimiento del pago. No obstante, “no es lo mismo diferir que eximir”, advirtió Vergara.

“En materia laboral ya no se discute el beneficio de litigar sin gastos, sin embargo en materia de acciones colectivas, esto sigue siendo un punto que no podemos sortear”, agregó, finalmente, el presidente de la Federación de Asociaciones de Consumidores de la República Argentina.

Proyecto de ley

En la Legislatura de Córdoba hay un un proyecto de ley con estado parlamentario, presentado por la legisladora de Hacemos por Córdoba, Laura Labat que recepta toda la experiencia y propuestas existentes a todo nivel (proyectos nacionales y provinciales, jurisprudencia local, acuerdos reglamentarios propuestas doctrinarias) y además incluye lineamientos de recientes leyes procesales, haciendo hincapié en los principios de oralidad, inmediación, concentración y economía procesal.

La iniciativa se encuentra en su etapa inicial, explicó a este medio la legisladora Labat y también aborda el punto referido al beneficio de litigar sin gastos.

“Todas las actuaciones judiciales y extrajudiciales realizadas por legitimados colectivos gozan del beneficio de litigar sin gastos de manera automática. Este beneficio comprende todas las costas del proceso y sólo podrá ser dejado sin efecto en caso de comprobada mala fe o abuso del proceso”, remarca la iniciativa que está siendo analizada en la Unicameral.

Panorama

Ante la falta de una ley que regule los procesos colectivos, en 2018 el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), por medio del Acuerdo Reglamentario 1499, reglamentó y unificó criterios para la tramitación de estas causas.

En primer lugar, el Acuerdo estableció el Registro Informático para la Registración Digital y Única de los Procesos Colectivos. Esto implica que, antes de impulsar un proceso colectivo, los abogados deben consultar dicho registro –por medio del Sistema de Administración de Causas (SAC), para saber si una causa con sustancial semejanza ya se encuentra en trámite.

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En segundo lugar, se fijaron reglas procesales mínimas para la tramitación ordenada de este tipo de juicios.

Las causas ambientales fueron incluidas dentro del Registro creado por el TSJ cordobés, algo que, a criterio de Macciocchi, no tiene sentido y burocratiza el proceso.

Desde lo institucional, el Colegio de Abogados de Córdoba creó el año pasado una Sala de Procesos Colectivos a los fines de profundizar el estudio y realizar aportes a la comunidad jurídica sobre esta especie particular de litigios. A nivel nacional hay varias iniciativas legislativas en el Congreso, destacándose dos de ellas que, en materia consumeril, una es más favorable a los consumidores y la otra a los proveedores.

La causa Halabi

Ernesto Halabi promovió acción de amparo reclamando que se declare la inconstitucionalidad de la ley 25.873 y de su decreto reglamentario, n° 1563/04, que autorizaba la intervención de las comunicaciones telefónicas y por Internet sin que una ley determine “en qué casos y con qué justificativos” podía llevarse a cabo.

El caso “Halabi” resulta trascendente ya que, captando argumentos ya aceptados en decisiones de algunas Cámaras de Apelaciones y en votos minoritarios de la misma CSJN, delineó por primera vez la características que deben cumplir las acciones colectivas.

Trámite oral, ágil y sencillo

Al ser litigios complejos y multisectoriales, las acciones colectivas deberían contar con un diseño procesal que incentive una amplia participación, que promueva la carga dinámica de la prueba, y la colaboración de las partes cuando sea necesario. Para ello, sería conveniente un proceso eminentemente oral, concentrado en distintas audiencias que garanticen la intervención de todos los sectores que podrían estar involucrados en el conflicto. Además, la estructura debería permitir que cualquier persona afectada asista a las audiencias para controlar el desempeño de su representante.

Las restricciones para “acceso irrestricto” a la justicia ambiental en Córdoba

Por Federico J. Macciocchi (*)

Si llevar adelante un proceso colectivo, ya es una tarea muy difícil, por lo complejo o estructural que importa el litigio, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, fiel a su estilo o idiosincrasia, lejos de propender a morigerar dicha dificultad, genera mayores obstáculos que la potencian.

Concretamente, nos referimos a los procesos que tienen como objeto la tutela del ambiente. Con mucho orgullo, en 2018 el TSJ -a través del Acuerdo Reglamentario 1499- anunciaba la creación del Registro de Procesos Colectivos, como si fuera una medida para favorecer el acceso a la justicia. Sin embargo, en materia ambiental no hace más que entorpecerlo.

Inspirándose en las acordadas de la Corte Suprema, el TSJ pretendió hacer lo mismo pero, cual copista que no comprendió las ideas propias del artista al que imita, la réplica resultó chanfleada.

La “reglamentación” -o mejor dicho- restricción del Acuerdo Reglamentario que impone una batería de cargas u obligaciones como condición para los actores para acceder a la justicia ambiental deviene completamente ilegal y arbitraria.

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Resulta ilegal, en primer lugar, porque el TSJ, violando el artículo 13 de la Constitución Provincial usurpó la atribución de dictar normas procesales que corresponde a la Legislatura. Asimismo, ha pasado por alto la garantía del artículo 32 de la Ley General del Ambiente que prevé el acceso irrestricto a la justicia.

Por otro lado, soslaya el Acuerdo de Escazú, recientemente ratificado por la Argentina.

Y lo arbitrario del Acuerdo surge de la falta de sentido, o sea del porqué, de alcanzar a los procesos ambientales. Es que el antecedente de la Corte para crear el registro fue la superposición de acciones de clase en materia de consumo, que tuvieran por objeto tutelar derechos individuales homogéneos, que fueran sustanciados en distintos tribunales del país (siempre en la órbita del Poder Judicial de la Nación).

Por eso, la finalidad es evitar la coexistencia de procesos idénticos que puedan dar lugar a sentencias contradictorias, y por otro lado, dar publicidad a la acción de clase para que el representado -que no es parte del juicio, pero que los efectos de las sentencia le serán oponibles-, pueda optar por quedar excluido (opt out). Entonces, la inscripción del proceso en el registro determina la competencia judicial en todas los juicios que guarden identidad en cuanto a sujeto, objeto y causa.

Pero cuando se procura proteger al ambiente como bien colectivo, no hay acción de clase, ya que éste es uno sólo, imprescriptible, indivisible e inalienable.

Por eso, la Corte excluyó expresamente del registro a los procesos ambientales. Aquí no existe opt out.

No se comprende entonces por qué copió mal el antecedente de la Corte, si los juicios que menciona el Acuerdo 1499 son todos procesos tramitados ante el mismo Tribunal Superior. ¿De qué sentencias contradictorias estamos hablando?

Distorsión del trámite. Innecesaria demora.

El Acuerdo Reglamentario establece que una vez antes de correr traslado de la demanda el tribunal debe hacer una búsqueda minuciosa en el SAC para ver si no encuentra otro trámite que guarde sustancial semejanza, para luego recién dictar el auto que certifique el proceso como colectivo.

Si los procesos ambientales en casi todos los casos son promovidos a través de acción de amparo, nos preguntamos dónde está la celeridad.

El acceso a la justicia colectiva no está realmente en agenda. Desde la lógica, si es falsa una premisa, será falso su consecuente. Resulta entonces inexplicable que se condicione la admisión de la demanda ambiental al cumplimiento, en cabeza de los actores y sus patrocinantes de los requisitos establecidos en el anexo II del Acuerdo 1499, ya que atenta contra el acceso a la justicia ambiental.

Esta absurda reglamentación debe ser juzgada junto con otras acciones u omisiones que nuestro Poder Judicial lleva adelante en materia ambiental. A poco de indagar y experimentar en la materia observamos que no basta con un gran número de jueces y funcionarios comprometidos con la Constitución y los DDHH si las autoridades judiciales superiores no llevan adelante una verdadera política al respecto. A modo de ejemplo, en las acciones de inconstitucionalidad en materia ambiental, el TSJ exige el pago de tasa de justicia, violando el artículo 32 de la Ley General del Ambiente; la competencia judicial en materia de amparo ambiental cuando se demanda al Estado Provincial o Municipales queda en manos de las cámaras con competencia en lo contencioso administrativo, extirpando así una instancia y sustrayendo el caso del juez más inmediato.

Urge entonces dejar de lado la demagogia y materializar en serio políticas que tiendan a hacer más efectivas las vías de acceso a la justicia en materia colectiva.

(*) Abogado -Docente de Derecho Público Provincial y Municipal de Facultad de Derecho (UNC), Presidente de la Fundación del Club de Derecho, Presidente de la Federación de Asociaciones de Consumidores de la República Argentina.

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FAQs

¿Cuántas personas se necesitan para una acción colectiva? ›

Las acciones colectivas son una herramienta jurídica usada para proteger el derecho que tiene un grupo de personas contra uno o varios proveedores que vulneren sus derechos, la sentencia será para todo el grupo en su conjunto.

¿Cuándo proceden las acciones colectivas? ›

Las acciones colectivas son procedentes para tutelar derechos o intereses transindividuales, es decir, cuya titularidad corresponde a una colectividad de personas o para el ejercicio de prestaciones individuales de un grupo de personas.

¿Que se entiende por acciones colectivas? ›

Qué son y para qué sirven las acciones colectivas

Las acciones colectivas son procesos judiciales que permiten defender los derechos de cientos, miles, inclusive millones de personas afectadas por un mismo hecho.

¿Quién expedirá las leyes que regulan las acciones colectivas? ›

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos…”.

¿Cuál es la importancia de acción colectiva? ›

La importancia de las acciones colectivas como instrumento de mejora en el acceso a la justicia, la calidad de vida, la protección de los derechos contra daños masivos, así como en la protección de grupos vulnerables, es una realidad que se corrobora con las iniciativas regionales en este ámbito.

¿Cuál es la finalidad de una acción de grupo? ›

Las acciones de grupo son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas.

¿Qué jueces conocen de las acciones colectivas? ›

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. …”.

¿Qué es una acción colectiva en sentido estricto? ›

Así, la acción colectiva en sentido estricto –se dijo–, es aquélla de naturaleza indivisible que se ejerce para tutelar los derechos e intereses colectivos, cuyo titular es una colectividad determinada o determinable con base en circunstancias comunes, cuyo objeto es reclamar judicialmente del demandado, la reparación ...

¿Qué protegen los derechos colectivos? ›

Los derechos e intereses colectivos pueden definirse como aquellos derechos que pertenecen a la comunidad y que tienen como finalidad garantizar que las necesidades colectivas se satisfagan.

¿Qué son los derechos colectivos y ejemplos? ›

LOS DERECHOS COLECTIVOS

Pueden enumerarse dentro de esta clase de derechos, el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente sano, el derecho de propiedad sobre el patrimonio común de la humanidad, el derecho al espacio público, el derecho a la moralidad administrativa, etc.

¿Qué dice el artículo 15 de la Ley de amparo? ›

Artículo 15.

- En caso de fallecimiento del agraviado o del tercero perjudicado, el representante de uno u otro continuará en el desempeño de su cometido cuando el acto reclamado no afecte derechos estrictamente personales, entretanto interviene la sucesión en el juicio de amparo.

¿Quién puede promover una acción colectiva ante los tribunales competentes? ›

¿Quién puede promover una acción colectiva ante los tribunales competentes? Los organismos públicos y privados que pueden promover una acción colectiva, en representación del grupo afectado, son: La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO). La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

¿Cuáles son los derechos colectivos y difusos? ›

Derechos que por su naturaleza no son titularidad de un individuo sino que corresponden a todos o a un grupo. Ejemplo: «El derecho a un ambiente limpio es un derecho colectivo que tenemos todas las personas».

¿Cómo se construye la identidad colectiva? ›

La identidad colectiva se conforma a través de la pertenencia grupal, entendida ésta como la inclusión de los sujetos al grupo (autoadscripción). Hay dos niveles de pertenencia: el de adscripción y el de identificación.

¿Cuáles son las conductas colectivas y en qué consiste cada uno de ellos? ›

La conducta colectiva se forma como una respuesta general mantenida por un grupo de personas, las cuales, no necesariamente deben conocerse entre sí. Generalmente se forma de manera espontánea. Muchas de ellas, generalmente los movimientos sociales, ameritan ser benéficas.

¿Qué es acción colectiva y movimientos sociales? ›

La diferencia entre acción colectiva y movimiento social está en que la primera es un comportamiento conflictivo dentro de un sistema social, mientras que el segundo es un comportamiento conflictivo que no acepta roles sociales impuestos y anula las reglas del sistema político.

¿Cuánto dura una acción de grupo? ›

La acción de grupo debe ser presentada, dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia de los hechos que generaron el daño o dentro de los dos años siguientes a la terminación de los hechos generadores del daño. La acción de grupo solo busca indemnizar.

¿Cuántas personas pueden poner una acción popular? ›

¿Qué debemos tener en cuenta? Deben organizar un grupo de mínimo, 20 personas. El grupo debe elegir un representante, que será el encargado de presentar la Acción.

¿Cuando no procede la acción de grupo? ›

La acción de grupo no procede para reparar perjuicios causados por varios actos administrativos individuales.

¿Qué son los derechos colectivos y cuál es la principal herramienta para su protección? ›

Derechos colectivos son los derechos cuyo sujeto no es un individuo (como es el caso de los derechos individuales), sino un conjunto colectivo o grupo social. Mediante esos derechos se protege los intereses e incluso la identidad de tales colectivos.

¿Qué es una acción colectiva difusa? ›

LA ACCIÓN DIFUSA.

Por último, el objeto de la acción difusa es la reparación del daño colectivo causado, pues no hay afectación a la persona o al patrimonio individual ninguno de los integrantes del grupo, a pesar de que el grupo en su conjunto sí resulta afectado en su interés.

¿Qué es una acción difusa? ›

Acción difusa: Es aquélla de naturaleza indivisible que se ejerce para tutelar los derechos e intereses difusos, cuyo titular es una colectividad indeterminada, que tiene por objeto reclamar judicialmente del demandado la reparación del daño causado a la colectividad, consistente en la restitución de las cosas al ...

¿Qué es el principio de instancia de parte agraviada? ›

parte agraviada. recae y se concreta en una persona física o moral determinada y que, sin ser necesariamente patrimonial, sea apreciable objetivamente y consista en una afectación real, no subjetiva, cuya realización sea pasada, presente o inminente, no simplemente eventual, aleatoria o hipotética.

¿Qué es acción individual homogenea? ›

Acción individual homogénea: Es aquélla de naturaleza divisible, que se ejerce para tutelar derechos e intereses individuales de incidencia colectiva, cuyos titulares son los individuos agrupados con base en circunstancias comunes, cuyo objeto es reclamar judicialmente de un tercero el cumplimiento forzoso de un ...

¿Qué tipo de amparo procede contra los actos preparatorios del juicio o prejudiciales? ›

"Lo anterior permite deducir que los actos prejudiciales o preparatorios del juicio son aquellos que se realizan con anterioridad a la presentación de la demanda; luego, las decisiones que se dicten con tal motivo, serán actos fuera de juicio e impugnables a través del amparo indirecto.

¿Cuánto tiempo dura una accion popular? ›

Tiempos de Respuesta
PeticiónDías
Acción Popular4
Acción de Grupo4
Recursos45
Derecho de Petición Solicitud de Información10
18 more rows

¿Cuándo se violan los derechos colectivos? ›

SE VULNERA DERECHO COLECTIVO AL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS CUANDO ÉSTE NO SE PRESTA DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.

¿Cuáles son los 21 derechos colectivos? ›

Derechos colectivos:
  • La participación en las decisiones del Estado. ...
  • A la integridad de sus territorios. ...
  • Consulta previa, libre e informada. ...
  • Administración de justicia. ...
  • Protección de los conocimientos colectivos. ...
  • Libre determinación: autodeterminación y autonomía. ...
  • Territorio y tierras.

¿Qué son los derechos de incidencia colectiva en Argentina? ›

b) Derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos: se refiere a aquellos que son indivisibles y de uso común, sobre los cuales no hay derechos subjetivos en sentido estricto. Estos bienes no pertenecen a la esfera individual sino social y no son divisibles en modo alguno.

¿Cuáles son los tres derechos fundamentales? ›

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

¿Cuál es la diferencia entre derechos individuales y derechos colectivos? ›

La individual es esencialmente contractual, con obligaciones recíprocas contraídas siempre que no afecten los mínimos establecidos. La colectiva no impone prestaciones directas sino que consiste en una serie de compromisos y de medios encaminados a la fijación de las condiciones de trabajo.

¿Qué establece el artículo 17 de la Constitución Política? ›

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

¿Qué pasa si no se respeta la legalidad de una nación? ›

No actuar con legalidad puede ir desde dar una vuelta prohibida, copiar en un examen hasta privar de la libertad a una persona. Cualquier acto de ilegalidad por más mínimo que sea enferma a la sociedad y hace que la convivencia sea cada vez más imposible.

¿Qué es el medio de control de legalidad? ›

El juicio de amparo es el medio de control de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de los actos u omisiones provenientes de autoridades o ciertos particulares, previsto en favor de las personas (físicas y morales), cuyo objetivo es proteger los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su ...

¿Cuáles son las acciones colectivas en Colombia? ›

La acción colectiva es definida por la doctrina como una acción declarativa o de condena, encaminada a la protección de intereses colectivos o difusos, o generales o públicos, incluso cuando se trate de intereses intrínsecamente individuales pero con relevancia colectiva.

¿Quién puede promover una acción colectiva ante los tribunales competentes? ›

¿Quién puede promover una acción colectiva ante los tribunales competentes? Los organismos públicos y privados que pueden promover una acción colectiva, en representación del grupo afectado, son: La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO). La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

¿Qué son las acciones individuales y colectivas? ›

Las acciones colectivas son aquellas en las que participa un conjunto de personas que trabajan de manera cooperativa para conseguir un mismo objetivo. Las acciones individuales son aquellas que realiza una sola persona.

¿Qué es una demanda colectiva laboral? ›

Demanda colectiva. Una demanda colectiva es una acción judicial interpuesta por un grupo de personas que han sufrido daños comunes. Las personas afectadas actúan por medio de una representación. Este procedimiento se conoce también como acción de clase.

¿Cuántas personas se necesitan para una accion popular? ›

¿Qué debemos tener en cuenta? Deben organizar un grupo de mínimo, 20 personas. El grupo debe elegir un representante, que será el encargado de presentar la Acción. El primer paso es intentar una conciliación.

¿Qué protege la acción popular? ›

Las acciones populares buscan proteger los derechos e intereses constitucionales en cuanto se relacionan con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia y otros de similar naturaleza que se definan por el legislador.

¿Qué diferencia hay entre una acción popular y una acción de grupo? ›

La diferencia sustancial entre la acción popular y la de grupo es que la primera pretende la protección de los derechos e intereses colectivos, mientras que la segunda persigue la reparación de un perjuicio por un daño común ocasionado a un número plural de personas.

¿Qué jueces conocen de las acciones colectivas? ›

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. …”.

¿Qué es una acción colectiva en sentido estricto? ›

Así, la acción colectiva en sentido estricto –se dijo–, es aquélla de naturaleza indivisible que se ejerce para tutelar los derechos e intereses colectivos, cuyo titular es una colectividad determinada o determinable con base en circunstancias comunes, cuyo objeto es reclamar judicialmente del demandado, la reparación ...

¿Qué es una acción colectiva difusa? ›

LA ACCIÓN DIFUSA.

Por último, el objeto de la acción difusa es la reparación del daño colectivo causado, pues no hay afectación a la persona o al patrimonio individual ninguno de los integrantes del grupo, a pesar de que el grupo en su conjunto sí resulta afectado en su interés.

¿Cómo se dividen las acciones humanas? ›

Existen, a grandes rasgos, dos tipos de acciones: las acciones ordinarias y las acciones preferentes. En este artículo se analizan estos dos tipos de acciones. Las acciones, al igual que otros conceptos económicos, se pueden clasificar teniendo en cuenta diferentes factores.

¿Qué es una acción de grupo ejemplos? ›

La acción de grupo procede cuando se ha originado un perjuicio o daño individual respecto a las personas que interponen la acción de grupo, como por ejemplo cuando se construye una carretera y en razón a ello las casas de los habitantes que residen en el área de influencia de la carretera, resultan destruidas o sufren ...

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Author: Chrissy Homenick

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