Decreto 491 de 2020 - Gestor Normativo (2023)

DECRETO 491 DE 2020

(Marzo 28)

Por el cual se adoptan medidas de urgencia paragarantizar la atención y la prestación de los servicios por partede las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicasy se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestaciónde servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado deEmergencia Económica, Social y Ecológica

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de las facultades que le confiereel artículo 215 de la Constitución Política, enconcordancia con la Ley 137 de 1994, y el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020,y

CONSIDERANDO:

Queen los términos del artículo 215 de la Constitución Política,el presidente de la Republica, con la firma de todos los ministros, en caso deque sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y213 de la Constitución Política, que perturben o amenacenperturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológicodel país, o que constituyan grave calamidad pública, podrádeclarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica,por periodos hasta de treinta (30) días en cada caso, que sumados no podránexceder de noventa (90) días en el año calendario.

Que,según la misma norma constitucional, una vez declarado el Estado deEmergencia Económica, Social y Ecológica, el presidente de laRepublica, con la firma de todos los ministros, podrá dictar decretoscon fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir laextensión de sus efectos.

Queestos decretos deberán referirse a materias que tengan relacióndirecta y especifica con el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica,y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificarlos existentes.

Quemediante el Decreto 417 del 17 de marzo de2020 se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológicaen todo el territorio nacional por el termino de treinta (30) días, conel fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al paíspor causa del nuevo coronavirus COVID-19.

Quedentro de las razones generales tenidas en cuenta para la adopción dedicha medida se incluyeron las siguientes:

Queel 7 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud identifico elnuevo coronavirus COVID-19 y declaro este brote como emergencia de salud públicade importancia internacional.

Queel 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección Socialdio a conocer el primer caso de brote de enfermedad por coronavirus COVID-19 enel territorio nacional.

Queel 9 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud solicito a lospaíses adoptar medidas prematuras con el objetivo de detener la transmisióny prevenir la propagación del virus.

Queel 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaroel actual brote de enfermedad por coronavirus COVID-19 como una pandemia,esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión,toda vez que el 11 de marzo de 2020 se habían notificado a la OMS cercade 125.000 casos de contagio en 118 países y que a lo largo de esas últimasdos semanas el número de casos notificados fuera de la RepúblicaPopular China se había multiplicado en 13 veces, mientras que el númerode países afectados se había triplicado, por lo que insto a los paísesa tomar acciones urgentes.

Quesegún la OMS la pandemia del nuevo coronavirus COVI0-19 es unaemergencia sanitaria y social mundial, que requiere una acción efectivae inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas.

Queuna de las principales medidas, recomendadas por la OMS, es el distanciamientosocial y aislamiento, para lo cual, las tecnologías de la informacióny las comunicaciones y los servicios de comunicaciones, en general, seconvierten en una herramienta esencial para permitir la protección lavida y la salud de los colombianos.

Quemediante la Resolución 0000380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio deSalud y Protección Social adopto, entre otras, medidas preventivassanitarias de aislamiento y cuarentena de las personas que, a partir de laentrada en vigencia de la precitada resolución, arribaran a Colombiadesde la República Popular China, Francia, Italia y España.

Quemediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el ministro de Salud y ProtecciónSocial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753de 2015, declaro el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevocoronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020y, en virtud de la misma, adopto una serie de medidas con el objeto de preveniry controlar la propagación del coronavirus COVID-19 y mitigar susefectos.

Queel vertiginoso escalamiento del brote de nuevo coronavirus COVID-19 hastaconfigurar una pandemia representa actualmente una amenaza global a la salud pública,con afectaciones al sistema económico, de magnitudes impredecibles eincalculables, de la cual Colombia no podrá estar exenta.

Quela expansión en el territorio nacional del brote de enfermedad por elnuevo coronavirus COVID-19 y cuyo crecimiento exponencial es imprevisible,sumado a los efectos económicos negativos que se han venido evidenciandoen la última semana, es un hecho que, además de ser una gravecalamidad pública, constituye una grave afectación al orden económicoy social del país que justifica la declaratoria del Estado de EmergenciaEconómica y Social, toda vez que se trata de situaciones diferentes alas que se refieren los artículos 212 y 213 de la Constitución Política.

Quesegún la Organización Mundial de la Salud - OMS, en reporte defecha 26 de marzo de 2020 a las 16:06 GMT-5, se encuentran confirmados 465,915casos, 21,031 fallecidos y 200 países, áreas o territorios concasos del nuevo coronavirus COVID-19.

Que,pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Socialreporto el 26 de marzo de 2020 6 muertes y 491 casos confirmados en Colombia,distribuidos así: Bogotá D.C. (187), Cundinamarca (21), Antioquia(59), Valle del Cauca (73), Bolívar (26), Atlántico (13),Magdalena (5), Cesar (2), Norte de Santander (15), Santander (4), Cauca (9),Caldas (10), Risaralda (19), Quindío (12), Huila (14), Tolima (9), Meta(8), Casanare (1), San Andres y Providencia (1), Nariño (1), Boyacá(2)."

Queel Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 quedeclaro el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica entodo el territorio nacional por el termino de treinta (30) días, con elfin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país porcausa del nuevo coronavirus COVID-19, en la parte considerativa señalo,entre otros aspectos:

Quecon el propósito de limitar las posibilidades de propagación delnuevo virus Covid 19 y de proteger la salud del público en general y delos servidores públicos que los atienden, se hace necesario expedirnormas de orden legal que flexibilicen la obligación de atenciónpersonalizada al usuario y se permita incluso la suspensión de términoslegales en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales.

Quecon igual propósito de limitar las posibilidades de propagacióndel nuevo virus Covid 19 y de proteger la salud del público en general yde los servidores públicos que los atienden, se hace necesario expedirnormas que habiliten actuaciones judiciales y administrativas mediante la utilizaciónde medios tecnológicos, y adoptar las medidas pertinentes con el objetode garantizar la prestación de los servicios públicos dejusticia, de notariado y registro, de defensa jurídica del Estado y la atenciónen salud en el sistema penitenciario y carcelario.

Quecon el fin de evitar la propagación de la pandemia del coronavirus ycontener la misma, el Gobierno nacional podrá expedir normas parasimplificar el proceso administrativo sancionatorio contenido en la Ley 9 de1979 y en la Ley 1437 de 2011 garantizando el debido proceso y el derecho a ladefensa>.

Queel artículo 3 del Decreto 417 del 17de marzo de 2020 señalo que el presidente de la Republica, ademásde las medidas anunciadas en la parte considerativa, podrá adoptarmedidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de susefectos, y así mismo dispondrá las operaciones presupuestalesnecesarias para llevarlas a cabo.

Quepara prevenir y controlar la propagación de la enfermedad por elCOVID-19 el Decreto 418 de 18 de marzo de 2020 establece que la direccióny el manejo del orden público en el territorio nacional estará encabeza del presidente de la Republica, por lo cual las instrucciones, actos yordenes que este imparta se aplicaran de manera inmediata y preferente sobrelas disposiciones que expidan los alcaldes y gobernadores.

Que,de forma complementaria, el Decreto 420 del 18 de marzo de 2020 señaloinstrucciones precisas a los alcaldes y gobernadores para asegurar el acceso yabastecimiento de la población a bienes y servicios de primeranecesidad, que garanticen el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Quedadas las circunstancias y medidas de cuidado declaradas por el Gobiernonacional para preservar la salud y la vida de los colombianos, el Decreto 457del 22 de marzo de 2020 impartió instrucciones para el mantenimiento delorden público y, específicamente, ordeno el "aislamiento preventivoobligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, apartir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hastalas cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco dela emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19."

Queasí las cosas en el marco de la Emergencia Sanitaria por causa de laenfermedad por coronavirus COVID-19 el Gobierno nacional ha adoptado medidas deorden público que implican el aislamiento preventivo obligatorio de todaslas personas habitantes de la Republica de Colombia, exceptuando de dichamedida, entre otros, a aquellos servidores públicos y contratistas cuyasactividades sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender laemergencia sanitaria por causa del coronavirus y para garantizar elfuncionamiento de los servicios indispensables del Estado.

Quelas entidades y organismos del Estado deben proteger y garantizar los derechosy libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, lasujeción de las autoridades a la Constitución y demáspreceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines yprincipios esenciales estatales, el funcionamiento eficiente y democráticode la administración y la observancia de los deberes del Estado y de losparticulares.

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Quede conformidad con lo anterior se hace necesario tomar medidas en materia de prestaciónde servicios a cargo de las entidades y organismos del Estado, con la finalidadde prevenir la propagación de la pandemia mediante el distanciamientosocial, flexibilizando la prestación del servicio de forma presencial yestableciendo mecanismos de atención mediante la utilización demedios digitales y del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la informacióny las comunicaciones, de manera que se evite el contacto entre los servidores públicosy los ciudadanos, sin que ello afecte la continuidad y efectividad delservicio.

Quesegún cifras del Sistema Único de Información de Tramites-SUIT, a la fecha Colombia cuenta con 68.485 trámites y procesosadministrativos que deben adelantar los ciudadanos, empresarios y entidades públicasante entidades del Estado, de los cuales 1.305 se pueden hacer totalmente en línea,5.316 parcialmente en línea y 61.864 de forma presencial.

Quees necesario tomar medidas para ampliar o suspender los términos cuandoel servicio no se pueda prestar de forma presencial o virtual, lo anterior, sinafectar derechos fundamentales ni servicios públicos esenciales.

Queel artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de loContencioso Administrativo señala que,

Quelos términos establecidos en el precitado articulo resultaninsuficientes dadas las medidas de aislamiento social tomadas por el Gobiernonacional en el marco de los hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica,Social y Ecológica, y las capacidades de las entidades para garantizarlea todos sus servidores, especialmente en el nivel territorial, los controles,herramientas e infraestructura tecnológica necesarias para llevar a cabosus funciones mediante el trabajo en casa, razón por la cual se hacenecesario ampliar los términos para resolver las distintas modalidadesde peticiones, con el propósito de garantizar a los peticionarios unarespuesta oportuna, veraz, completa, motivada y actualizada.

Que,asimismo, resulta imperioso ampliar el termino para el trámite de lasconciliaciones extrajudiciales en materia contencioso administrativa previstoen la Ley 640 de 2001, el arbitraje, entre otros, pues se requiere flexibilidaden los tiempos del procedimiento y ajustar las condiciones físicas yhumanas con las que cuentan las autoridades e instancias competentes, para el trámitede las mismas dada la coyuntura excepcional que exigió la declaratoriade la Emergencia Sanitaria y del Estado de Emergencia, Económica, Socialy Ecológica.

Quemediante Acuerdo PCSJA2011517 del 15 de marzo de 2020, el Consejo Superior dela Judicatura suspendió los términos judiciales en todo el paísdesde el 16 hasta el 20 de marzo de 2020. Mediante Acuerdo PCSJA2011521 del 19de marzo de 2020 prorrogo la medida de suspensión de términosjudiciales del 21 de marzo al 3 de abril de 2020. Mediante Acuerdo PCSJA2011526del 22 de marzo de 2020 prorrogo la medida de suspensión de términosjudiciales del 4 al 12 de abril de 2020. Mediante Acuerdo PCSJA2011529 del 25de marzo de 2020 se estableció una excepción a la suspensiónde términos en el Consejo de Estado y en los Tribunales Administrativos.

Quelos métodos alternativos de resolución de conflictos constituyenuna herramienta eficaz, eficiente y económica para garantizar el accesoa la justicia de la población colombiana, entre los cuales se encuentranla conciliación regulada en la Ley 640 de 2001, el procedimiento deinsolvencia de persona natural no comerciante regulado en la Ley 1564 de 2012,y el arbitraje y la amigable composición regulados en la Ley 1563 de2012.

Queen las condiciones actuales el normal desarrollo de los procesos y actuacionesreferentes a estos métodos puede verse alterado, generando riesgos, incertidumbree inseguridad jurídica.

Que,en virtud de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para hacerfrente a la crisis actual y con el fin de garantizar la seguridad jurídicay proteger los derechos de los usuarios y operadores que adelantan procesos de conciliación,insolvencia de persona natural no comerciante, arbitraje y amigable composiciónen todo el territorio nacional, se hace necesario disponer la posibilidad desuspender los términos de estos procesos cuando las circunstancias loameriten y dictar medidas para la prestación de los respectivosservicios, promoviendo la utilización de medios tecnológicos ylos servicios virtuales.

Queel artículo 25 de la Constitución Política establece queel trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas susmodalidades, de la especial protección del Estado, y que toda personatiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

Quela Organización Internacional del Trabajo en el comunicado de fecha de18 de marzo de 2020 sobre el "El COVID-19 y el mundo del trabajo:Repercusiones y respuestas", afirma que "[…] El Covid-19 tendráuna amplia repercusión en el mercado laboral. Mas allá de lainquietud que provoca a corto plazo para la salud de los trabajadores y de susfamilias, el virus y la consiguiente crisis económica repercutiránadversamente en el mundo del trabajo en tres aspectos fundamentales, a saber:1) la cantidad de empleo (tanto en materia de desempleo como de subempleo); 2)la calidad del trabajo (con respecto a los salarios y el acceso a protecciónsocial); y 3) los efectos en los grupos específicos másvulnerables frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral[…]".

Queasí mismo la Organización Internacional del Trabajo en elreferido comunicado estima "[…] un aumento sustancial del desempleoy del subempleo como consecuencia del brote del virus. A tenor de varios casos hipotéticossobre los efectos del Covid-19 en el aumento del PIB a escala mundial[…], en varias estimaciones preliminares de la OIT se señala unaumento del desempleo mundial que oscila entre 5,3 millones (caso "másfavorable") y 24,7 millones de personas (caso "másdesfavorable"), con respecto a un valor de referencia de 188 millones dedesempleados en 2019. Con arreglo al caso hipotético de incidencia"media", podría registrarse un aumento de 13 millones dedesempleados (7,4 millones en los países de ingresos elevados). Si bienesas estimaciones poseen un alto grado de incertidumbre, en todos los casos sepone de relieve un aumento sustancial del desempleo a escala mundial. A títulocomparativo, la crisis financiera mundial que se produjo en 2008-9 hizoaumentar el desempleo en 22 millones de personas".

Queen consecuencia la Organización Internacional del Trabajo -OIT en elcitado comunicado insta a los Estados a adoptar medidas urgentes para (i)proteger a los trabajadores y empleadores y sus familias de los riesgos para lasalud generadas por el coronavirus COVID-19; (ii) proteger a los trabajadoresen el lugar de trabajo; (iii) estimular la economía y el empleo, y (iv)sostener los puestos de trabajo y los ingresos, con el propósito derespetar los derechos laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una recuperaciónrápida y sostenida.

Quede acuerdo con las cifras del Sistema de Información y Gestion delEmpleo Público - SIGEP, el país cuenta con 1.198.834 servidores públicosdiscriminados así: (i) Rama Ejecutiva del Orden Nacional: 411.986uniformados; 326.952 docentes; 138.610 servidores; (ii) Orden Territorial:222.160 servidores; (iii) Rama Judicial: 60.801 servidores; (iv) Entes Autónomos:20.644 servidores; (v) Órganos de Control: 11.880 servidores; (vi) OrganizaciónElectoral: 3.553 servidores; (vii) Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparacióny No Repetición: 1.395 servidores; (viii) Rama Legislativa: 854servidores.

Quede acuerdo con las cifras del Sistema Electrónico de ContrataciónPublica -SECOP, a la fecha el Estado cuenta con 231.935 contratistas incluyendocontratación directa y régimen especial.

Queacogiendo las recomendaciones de la Organización Internacional delTrabajo -OIT, se deben adoptar medidas para proteger el trabajo en el sector público,implementando mecanismos que promuevan e intensifiquen el trabajo en casa, asícomo adoptar medidas para que por razones de la emergencia no se terminen osuspendan las relaciones laborales o contractuales en el sector público.

Que,de igual manera, se debe garantizar la atención a los administrados y elcumplimiento efectivo de las funciones administrativas y jurisdiccionalesmediante el uso de medios tecnológicos y de telecomunicación sinafectar los servicios que sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigary atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, ygaranticen el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado.

Que,para garantizar la participación en los concursos sin discriminaciónde ninguna índole, evitar el contacto entre las personas y propiciar eldistanciamiento social y hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar ala Emergencia Económica, Social y Ecológica, se aplazaran variasetapas del proceso de selección para el ingreso al empleo públicopor mérito.

Enmérito de lo expuesto,

DECRETA

ARTICULO1. Ámbito de aplicación. Elpresente Decreto aplica a todos los organismos y entidades que conforman lasramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores yniveles, órganos de control, órganos autónomos eindependientes del Estado, y a los particulares cuando cumplan funciones públicas.A todos ellos se les dará el nombre de autoridades.

ARTICULO2. Objeto. El presente Decreto, en el marco delos hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, Social y Ecológica,esto es, la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y ProtecciónSocial, tiene por objeto que las autoridades cumplan con la finalidad deproteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacíade los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitucióny demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento delos fines y principios estatales, el funcionamiento eficiente y democráticode la administración y la observancia de los deberes del Estado y de losparticulares.

ARTICULO3. Prestación de los servicios a cargo de lasautoridades. Para evitar el contacto entre las personas, propiciar eldistanciamiento social y hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitariadeclarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, lasautoridades a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto velaranpor prestar los servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo en casa,utilizando las tecnologías de la información y lascomunicaciones.

Lasautoridades darán a conocer en su página web los canalesoficiales de comunicación e información mediante los cualesprestaran su servicio, así como los mecanismos tecnológicos queemplearan para el registro y respuesta de las peticiones.

Enaquellos eventos en que no se cuente con los medios tecnológicos paraprestar el servicio en los términos del inciso anterior, las autoridadesdeberán prestar el servicio de forma presencial. No obstante, porrazones sanitarias, las autoridades podrán ordenar la suspensióndel servicio presencial, total o parcialmente, privilegiando los serviciosesenciales, el funcionamiento de la economía y el mantenimiento delaparato productivo empresarial.

Enningún caso la suspensión de la prestación del serviciopresencial podrá ser mayor a la duración de la vigencia de laEmergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y ProtecciónSocial.

PARAGRAFO.En ningún caso, los servidores públicos y contratistas del Estadoque adelanten actividades que sean estrictamente necesarias para prevenir,mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, ygarantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado podránsuspender la prestación de los servicios de forma presencial. Lasautoridades deberán suministrar las condiciones de salubridad necesariaspara la prestación del servicio presencial.

ARTICULO4. Notificación o comunicación de actosadministrativos. Hasta tanto permanezca vigente la EmergenciaSanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificacióno comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos.Para el efecto en todo tramite, proceso o procedimiento que se inicie seráobligatorio indicar la dirección electrónica para recibirnotificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se hadado la autorización.

Enrelación con las actuaciones administrativas que se encuentren en cursoa la expedición del presente Decreto, los administrados deberánindicar a la autoridad competente la dirección electrónica en lacual recibirán notificaciones o comunicaciones. Las autoridades, dentrode los tres (3) días hábiles posteriores a la expedicióndel presente Decreto, deberán habilitar un buzón de correo electrónicoexclusivamente para efectuar las notificaciones o comunicaciones a que se refiereel presente artículo.

Elmensaje que se envié al administrado deberá indicar el actoadministrativo que se notifica o comunica, contener copia electrónicadel acto administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridadesante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. La notificacióno comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en queel administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberácertificar la administración.

Enel evento en que la notificación o comunicación no pueda hacersede forma electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en losartículos 67 y siguientes de la Ley1437 de 2011.

PARAGRAFO.La presente disposición no aplica para notificación de los actosde inscripción o registro regulada en el artículo 70 del Código de ProcedimientoAdministrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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ARTICULO5. Ampliación de términos para atender laspeticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que seradiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliaran los términosseñalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:

Salvonorma especial toda petición deberá resolverse dentro de lostreinta (30) días siguientes a su recepción.

Estarásometida a término especial la resolución de las siguientespeticiones:

(i)Las peticiones de documentos y de información deberán resolversedentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.

(ii)Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relacióncon las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta ycinco (35) días siguientes a su recepción.

Cuandoexcepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquíseñalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado,antes del vencimiento del término señalado en el presente artículoexpresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazorazonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podráexceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.

Enlos demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

PARAGRAFO.La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a laefectividad de otros derechos fundamentales.

(ArtículoDEROGADO por el Art. 2 de laLey 2207 de 2022)

ARTICULO6. Suspensión de términos de las actuacionesadministrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta tantopermanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Saludy Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo1 del presente Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de laemergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los términosde las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa.La suspensión afectara todos los términos legales, incluidos aquellosestablecidos en términos de meses o años.

Lasuspensión de los términos se podrá hacer de maneraparcial o total en algunas actuaciones o en todas, o en algunos trámiteso en todos, sea que los servicios se presten de manera presencial o virtual,conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una de susactividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situaciónconcreta.

Entodo caso los términos de las actuaciones administrativas ojurisdiccionales se reanudarán a partir del día hábilsiguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por elMinisterio de Salud y Protección Social.

Duranteel término que dure la suspensión y hasta el momento en que sereanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripcióno firmeza previstos en la Ley que regule la materia.

PARAGRAFO1. La suspensión de términos a que se refiere elpresente artículo también aplicara para el pago de sentenciasjudiciales.

PARAGRAFO2. Los Fondos Cuenta sin personería jurídica adscritos alos ministerios, que manejen recursos de seguridad social y que seanadministrados a través de contratos fiduciarios, podrán suspenderlos términos en el marco señalado en el presente artículo.

Duranteel tiempo que dure la suspensión no correrán los términosestablecidos en la normatividad vigente para la atención de lasprestaciones y en consecuencia no se causaran intereses de mora.

PARAGRAFO3. La presente disposición no aplica a las actuacionesadministrativas o jurisdiccionales relativas a la efectividad de derechosfundamentales.

(ArtículoDEROGADO por el Art. 3 de laLey 2207 de 2022)

ARTICULO7. Reconocimiento y pago en materia pensional. Hasta tanto permanezcavigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y ProtecciónSocial para el reconocimiento en materia pensional y en aquellos casos en losque la normativa aplicable exija documento original o copia autentica, bastaracon la remisión de la copia simple de los documentos por vía electrónica.En todo caso, una vez superada la Emergencia Sanitaria declarada por elMinisterio de Salud y Protección Social el solicitante dispondráde un término de tres (3) meses para allegar la documentación enlos términos establecidos en las normas que regulan la materia.

Durantela Emergencia Sanitaria no se exigirá el requisito de acreditacióndel certificado de invalidez para efectos del pago de las mesadas pensionalesde invalidez de los pensionados y beneficiarios del Fondo Nacional dePrestaciones Sociales -FOMAG-.

ARTICULO8. Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados ylicencias. Cuando un permiso, autorización, certificado olicencia venza durante el termino de vigencia de la Emergencia Sanitariadeclarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo tramitede renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidasadoptadas para conjurarla, se entenderá prorrogado automáticamenteel permiso, autorización, certificado y licencia hasta un mes (1) máscontado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declaradapor el Ministerio de Salud y Protección Social.

Superadala Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y ProtecciónSocial el titular del permiso, autorización, certificado o licencia, deberárealizar el trámite ordinario para su renovación.

ARTICULO9. Conciliaciones no presenciales ante la Procuraduría General de la Nación.En la radicación de solicitudes de convocatoria y en el trámitede las conciliaciones que sean de competencia de la Procuraduría Generalde la Nación, se promoverán y privilegiaran los procedimientos nopresenciales, de acuerdo con las instrucciones administrativas que imparta elProcurador General de la Nación, para lo cual se acudirá a las tecnologíasde la comunicación y la información. Los acuerdos conciliatoriosgestionados mediante audiencias no presenciales se perfeccionarán a travésde los medios electrónicos utilizados o mediante el uso de correos electrónicossimultáneos o sucesivos. Con lo anterior, el procurador de conocimiento suscribiráel acta en la que certificara los acuerdos alcanzados o emitirá lasconstancias, según corresponda y cuando sea necesario las remitirápara aprobación a la autoridad judicial competente.

ElProcurador General de la Nación de acuerdo con la valoración delas circunstancias específicas de salubridad y capacidad institucional podrásuspender la radicación y/o el trámite de solicitudes de convocatoriade conciliaciones en materia civil, de familia y comercial que se lleven a caboen los centros de conciliación de la Procuraduría General de la Nacióna nivel nacional, así como de la conciliación extrajudicial enmateria contencioso administrativo adelantada por los agentes del MinisterioPublico.

Enel evento en que se suspenda la posibilidad de radicación de solicitudesde convocatoria de conciliaciones, no correr el termino de prescripcióno caducidad de las acciones o de los medios control, respectivamente, hasta elmomento en que se reanude la posibilidad de radicación o gestiónde solicitudes.

Modifíqueseel plazo contenido en los artículos 20 y21 de la Ley 640 de 2001 para el trámitede las conciliaciones extrajudiciales en materia civil, de familia, comercial yde lo contencioso administrativo a cargo de la Procuraduría General dela Nación, el cual será de cinco (5) meses. Presentada copia dela solicitud de convocatoria de conciliación extrajudicial en asuntoscontencioso administrativos ante la entidad convocada, el Comité de Conciliacióncontara con treinta (30) a partir de su recibo para tomar la correspondiente decisión.

Lostérminos previstos en el inciso anterior serán aplicables tambiéna las solicitudes de convocatoria de conciliación extrajudicialradicadas con antelación a la vigencia del presente decreto y que aúnse encuentren en trámite al momento de la expedición del mismo.

Lodispuesto en el presente artículo tendrá vigencia hasta tantopermanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Saludy Protección Social.

ARTICULO10. Continuidad de los servicios de arbitraje, conciliación y otrosmecanismos de resolución de conflictos por medios virtuales. Afin de mantener la continuidad en la prestación de los servicios dejusticia alternativa, los procesos arbitrales y los tramites de conciliaciónextrajudicial, amigable composición y procedimientos de insolvencia depersona natural no comerciante se adelantarán mediante el uso de tecnologíasde la comunicación y la información, de acuerdo con lasinstrucciones administrativas que impartan los centros de arbitraje y conciliacióny las entidades públicas en las que se tramiten, según el caso.

Dichasentidades públicas y centros pondrán a disposición de laspartes y apoderados, árbitros, conciliadores, amigables componedores losmedios electrónicos y virtuales necesarios para el recibo de documentosy de realización de reuniones y audiencias. Podrán habilitardirecciones electrónicas para el recibo de demandas arbitrales,solicitudes de conciliación extrajudicial, amigable composición,insolvencia de persona natural no comerciante, y cualquier documentorelacionado con los procesos o tramites de estos; también enviar por víaelectrónica comunicaciones y notificaciones; y adelantar virtualmentetodo tipo de reuniones y audiencias en cualquier etapa del proceso arbitral,del trámite conciliatorio, de amigable composición o deinsolvencia de persona natural no comerciante. En caso de no contar con la tecnologíasuficiente para hacerlo, el centro o entidad pública podrácelebrar convenios con otros centros o entidades para la realización eimpulso de las actuaciones, procesos y tramites.

Laspartes en los tramites conciliatorios, y los deudores y sus acreedores en losde insolvencia de persona natural no comerciante, podrán manifestar su aceptacióna través de cualquier mensaje de datos u otro medio idóneo quepermita registrar su voluntad de conformidad con lo establecido en la Ley 527 de 1999.

Elplazo contenido en los artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001 para el trámitede las conciliaciones extrajudiciales, a cargo de los servidores públicoshabilitados para conciliar y de los centros de conciliación públicosy privados autorizados, será de cinco (5) meses.

Enel arbitraje, el termino previsto en el artículo 10 de la Ley 1563 de 2012 será de ocho(8) meses; y el termino para solicitar la suspensión del procesoprevisto en el artículo 11 de la Ley1563 de 2012 no podrá exceder de ciento cincuenta (150) días. Lostribunales arbitrales no podrán suspender las actuaciones ni losprocesos, a menos que exista imposibilidad técnica de adelantarlos porlos medios electrónicos o virtuales señalados y una de las parteslo proponga.

(Video) Proyecto de Ley que convierte el Decreto 806 de 2020 en Legislación permanente y Reforma al CGP

Paralos procesos de insolvencia de persona natural no comerciante, durante lavigencia de la Emergencia Sanitaria, se suspende el plazo previsto en el artículo544 de la Ley 1564 de 2012 y se faculta alconciliador para que, mediante decisión motivada, suspenda dicho trámite.

Lasreglas y facultades previstas en los incisos anteriores serán aplicablestambién a los tramites de conciliación, de insolvencia de personanatural no comerciante, de amigable composición y de arbitraje que hayaniniciado con antelación a la vigencia del presente decreto.

Durantela vigencia de la Emergencia Sanitaria no correrán los términosde prescripción o caducidad de las acciones.

PARAGRAFO1. Los centros de arbitraje y conciliación y las entidades públicascompetentes, con el concurso de los conciliadores y los secretarios detribunales o paneles, según el caso, conformaran expedientes electrónicosa los que accederán las partes, los árbitros y secretarios, losconciliadores y amigables componedores a fin de facilitar el impulso de lostramites y procesos y adoptaran las medidas necesarias para garantizar laseguridad y autenticidad de la información.

PARAGRAFO2. No se podrá adelantar ninguno de los tramites previstos eneste articulo si alguna de las partes se muestra en imposibilidad paracomparecer a las audiencias virtuales, o aportar pruebas, soportes y anexos, y asílo determina el tribunal arbitral, el amigable componedor o el conciliador.

ARTICULO11. De las firmas de los actos, providencias ydecisiones. Durante el periodo de aislamiento preventivo obligatoriolas autoridades a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto,cuando no cuenten con firma digital, podrán válidamente suscribirlos actos, providencias y decisiones que adopten mediante firma autógrafamecánica, digitalizadas o escaneadas, según la disponibilidad dedichos medios. Cada autoridad será responsable de adoptar las medidasinternas necesarias para garantizar la seguridad de los documentos que sefirmen por este medio.

ARTICULO12. Reuniones no presenciales en los órganos colegiados de las ramas delpoder público. Sin perjuicio de las disposiciones contenidas enlas normas vigentes, los órganos, corporaciones, salas, juntas oconsejos colegiados, de todas las ramas del poder público y en todos losórdenes territoriales, podrán realizar sesiones no presencialescuando por cualquier medio sus miembros puedan deliberar y decidir por comunicaciónsimultanea o sucesiva. En este último caso, la sucesión decomunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con elmedio empleado.

Lasconvocatorias deberán realizarse de conformidad con los respectivosreglamentos y garantizar el acceso a la información y documentaciónrequeridas para la deliberación. Las decisiones deberán adoptarseconforme a las reglas de decisión previstas en los respectivosreglamentos, de todo lo cual deberá quedar constancia en las actascorrespondientes a dichas sesiones, cuya custodia estará a cargo de sussecretarios.

Exceptolos asuntos y deliberaciones sujetas a reserva, como las de los órganoscolegiados de la rama judicial, las sesiones no presenciales deberán serpúblicas, para lo cual se deberá utilizar únicamente losmedios o canales habilitados para el efecto en el reglamento.

Lodispuesto en el presente artículo tendrá vigencia hasta tantopermanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Saludy Protección Social.

(Artículo Declarado inexequible por la Corte Constitucional enSentencia C-242 de 2020)

ARTICULO13. Facultad para ampliar el periodo institucional degerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado. Losgobernadores y alcaldes podrán ampliar, por un término de 30 días,el periodo institucional de los gerentes o directores de Empresas Sociales delEstado que termina en el mes de marzo de 2020.

Siel alcalde o gobernador no amplia el periodo, deberá proceder a nombraral gerente o director, de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo20 de la Ley 1797 de 2016. Si decidenampliar el periodo, una vez finalizados los 30 días a que se refiere elinciso anterior, el alcalde o gobernador nombrara el nuevo gerente o director,de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20de la Ley 1797 de 2016. El periodo institucional del nuevo gerente odirector iniciara con la posesión y culminara tres (3) meses despuésdel inicio del periodo constitucional del gobernador o del alcalde respectivo.

ARTICULO14. Aplazamiento de los procesos de selección encurso. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitariadeclarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, paragarantizar la participación en los concursos sin discriminaciónde ninguna índole, evitar el contacto entre las personas y propiciar eldistanciamiento social, se aplazaran los procesos de selección queactualmente se estén adelantando para proveer empleos de carrera del régimengeneral, especial constitucional o especifico, que se encuentren en la etapa dereclutamiento o de aplicación de pruebas.

Lasautoridades competentes deberán reanudar dichos procesos una vez sesupere la Emergencia Sanitaria.

Enel evento en que el proceso de selección tenga listas de elegibles enfirme se efectuaran los nombramientos y las posesiones en los términos ycondiciones señalados en la normatividad vigente aplicable a la materia.La notificación del nombramiento y el acto de posesión se podránrealizar haciendo uso de medios electrónicos. Durante el periodo quedure la Emergencia Sanitaria estos servidores públicos estarán enetapa de inducción y el periodo de prueba iniciara una vez se superedicha Emergencia.

(Reglamentado por el Decreto 1754 de2020)

ARTICULO15. Prestación de servicios durante el periodo deaislamiento preventivo obligatorio. Durante el periodo de aislamientopreventivo obligatorio las autoridades dispondrán las medidas necesariaspara que los servidores públicos y docentes ocasionales o de horacatedra de instituciones de educación superior publicas cumplan susfunciones mediante la modalidad de trabajo en casa, haciendo uso de las tecnologíasde la información y las comunicaciones.

Enningún momento la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológicay la declaratoria de Emergencia Sanitaria, así como las medidas que seadopten en desarrollo de las mismas, podrán suspender la remuneraciónmensual o los honorarios a los que tienen derecho los servidores públicoso docentes ocasionales o de hora catedra de instituciones de educaciónsuperior publica, respectivamente.

PARAGRAFO.Cuando las funciones que desempeña un servidor público, undocente ocasional o de hora catedra no puedan desarrollarse mediante el trabajoen casa, las autoridades competentes podrán disponer que, durante laEmergencia Sanitaria, y excepcionalmente, estos ejecuten desde su casaactividades similares o equivalentes a la naturaleza del cargo quedesempeñan.

ARTICULO16. Actividades que cumplen los contratistas de prestaciónde servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Durante elperiodo de aislamiento preventivo obligatorio las personas naturales vinculadasa las entidades públicas mediante contrato de prestación deservicios profesionales y de apoyo a la Gestion, continuaran desarrollando susobjetos y obligaciones contractuales mediante trabajo en casa y haciendo uso delas tecnologías de la información y las comunicaciones. Aquelloscontratistas cuyas obligaciones solo se puedan realizar de manera presencial,continuaran percibiendo el valor de los honorarios durante el periodo deaislamiento preventivo obligatorio, previa verificación por parte delsupervisor de la cotización al Sistema General de Seguridad Social. Estosin perjuicio de que una vez superados los hechos que dieron lugar a laEmergencia Sanitaria cumplan con su objeto y obligaciones en los términospactados en sus contratos.

Ladeclaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica y ladeclaratoria de Emergencia Sanitaria, así como las medidas que seadopten en desarrollo de las mismas no constituyen causal para terminar osuspender unilateralmente los contratos de prestación de serviciosprofesionales y de apoyo a la gestión celebrados con el Estado.

PARAGRAFO.Para la recepción, tramite y pago de los honorarios de los contratistas,las entidades del Estado deberán habilitar mecanismos electrónicos.

ARTICULO17. Contratos de prestación de serviciosadministrativos. Los contratos de prestación de serviciosadministrativos, suscritos por personas jurídicas con entidades públicas,cuyo objeto sea la prestación del servicio de vigilancia, aseo, y/o cafetería,transporte y demás servicios de esta naturaleza no seránsuspendidos mientras dure el aislamiento preventivo obligatorio. Para que se efectuéel pago a las empresas contratistas estas deberán certificar el pago de nóminay seguridad social a los empleados que se encuentren vinculados al inicio de laEmergencia Sanitaria.

PARAGRAFO.Para la recepción, tramite y pago de facturas y cuentas de cobro, lasentidades del Estado deberán habilitar mecanismos electrónicos.

ARTICULO18. Reportes a las Aseguradoras de Riesgos Laborales.Las autoridades deberán reportar a las respectivas Aseguradoras deRiesgos Laborales la lista de los servidores públicos y contratistas quedurante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio presenten susservicios a través de teletrabajo o trabajo en casa.

ARTICULO19. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bogotá D.C. a los 28 díasdel mes de marzo de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

(FDO.) IVAN DUQUE MARQUEZ

LA MINISTRA DEL INTERIOR,

ALICIA VICTORIA ARANGO OLMOS

(Video) 🔴👉🔥 LEY 2213 DE 2022 tránsito de Legislación del Decreto 806 de 2020 perdida de vigencia 🚨✅

LA MNISTRA DE RELACIONES EXTERIORES,

CLAUDIA BLUM DE BARBERI

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO,

ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL,

CARLOS HOLMES TRUJILLO GARCIA

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL,

RODOLFO ENRIQUE ZEA NAVARRO

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL,

FERNANDO RUIZ GOMEZ

EL MINISTRO DE TRABAJO,

ANGEL CUSTODIO CABRERA BAEZ

LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGIA,

MARIA FERNANDA SUAREZ LONDOÑO

EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO,

JOSE MANUEL RESTREPO ABONDANO

LA MINISTRA DE EDUCACION NACIONAL,

MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ

LA MINISTRA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE(E)

MARIA CLAUDIA GARCIA DAVILA

EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO,

JONATHAN MALAGON GONZALEZ

LA MINISTRA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION YLAS COMUNICACIONES,

SYLVIA CRISTINA CONSTAIN RENGIFO

LA MINISTRA DE TRANSPORTE,

ANGELA MARIA OROZCO GOMEZ

LA MINISTRA DE CULTURA,

CARMEN INES VASQUEZ CAMACHO

LA MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGIA EINNOVACION,

MABELGISELA TORRES TORRES

EL MINISTRO DEL DEPORTE,

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Author: Nathanial Hackett

Last Updated: 03/01/2023

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