Chapter 114: 7. LOS DEBATES - Historia de la Revolución mexicana 1914-1917: Volumen 2 (2022)

7. LOS DEBATES

El dictamen de la Primera Comisión de Constitución sobre el artículo tercero se debatió entre el 13 y el 16 de diciembre de 1916 en sesiones de 15 a 20 horas diarias. Con excepción de Félix F. Palavicini y Alberto Román, nadie más tomó en cuenta la contradicción existente entre las cláusulas de que habría libertad de educación y que ésta fuera Los debates se centraron en que el bando radical que encabezaba Múgica sostuvo que el Estado debía restringir el libre ejercicio de un derecho natural, como el de la educación, cuando tenía mal efecto en la sociedad y obstruía su desarrollo. La exposición de motivos del dictamen decía que

la misión del poder público es procurar a cada uno de los asociados la mayor libertad compatible con el derecho igual de los demás; y de este principio, aplicando el método deductivo, se llega a la conclusión de que es justo restringir un derecho natural cuando su libre ejercicio alcance a afectar la conservación de la sociedad o a estorbar su desarrollo. La enseñanza religiosa… contribuye a contrariar el desarrollo psicológico natural del niño… en consecuencia, el Estado debe proscribir toda enseñanza religiosa en todas las escuelas primarias, sean oficiales o particulares… Afecta, además… el desarrollo de la sociedad… [porque] las ideas abstractas contenidas en cualquier dogma religioso… quedan como gérmenes prontos a desarrollarse en un violento fanatismo… [y] es preciso prohibir a los ministros de los cultos toda injerencia en la enseñanza primaria…

El autor de la exposición de motivos y presidente de la Primera Comisión de Constitución, el ex seminarista Francisco J. Múgica, añadió verbalmente que la del dictamen era la ocasión más solemne del Congreso porque “se trata nada menos que del porvenir de la patria… de nuestra niñez, de nuestra juventud… de nuestra alma máter… Soy enemigo del clero, porque lo considero el más funesto y el más perverso enemigo de la patria [Aplausos]…”. Luego atacó la educación religiosa diciendo que causaba la degeneración moral y física del individuo; enseñaba a los niños, trabajadores y gente del campo “las más absurdas ideas, el más tremendo odio hacia las instituciones democráticas… [los] principios de justicia, igualdad y fraternidad, predicados por el más grande apóstol… de nuestros tiempos… Jesucristo’’. Si se dejara la libertad absoluta de educación, concluyó Múgica, de modo que el clero participara con sus ideas retrógradas y anticuadas, no se podrían crear generaciones de gente sensible y

La inmensa mayoría de los constituyentes era pero el grupo de derecha o moderado consideraba que los padres de familia tenían derecho de escoger las escuelas de sus hijos y, para llevar adelante su propósito, echó mano de todos los recursos posibles. Entre los que estuvieron el de invitar a Carranza a la sesión del 13 de con la esperanza de que su presencia los favoreciera, pero el Primer Jefe asistió, escuchó, no hizo ningún comentario durante el debate ni trató de influir en la votación, y jamás volvió a presentarse en las Otro recurso del grupo moderado fue el de alegar que las restricciones y limitaciones a la libertad no correspondían a la sección de garantías individuales de la Constitución, y este punto lo sostuvieron cuatro de sus representantes más conspicuos, que anteponían la libertad individual a la colectiva, pero que de ninguna manera eran proclericales. Luis Manuel atacó el dictamen porque “no se ha entendido suficientemente lo que significa… la sección de garantías individuales… [que] son las limitaciones en favor del individuo, que se oponen al abuso de autoridad… por lo que es y fuera de lugar que se hable de la enseñanza obligatoria”, debiendo pasar el mandato al artículo Respecto a la restricción de que el clero enseñara, no había diferencia de criterio, ya que se asentaba en el artículo 27 del proyecto de Carranza, donde no producía alarma porque se citaban las Leyes de Reforma que estaban aceptadas como un hecho consumado. La oposición de ideas entre proyecto y dictamen estaba en extender la enseñanza laica a las escuelas particulares, por lo que el problema se reducía a la forma escandalosa en que lo presentaba el dictamen, desarticulando el proyecto y acomodando en un solo artículo lo más sonoro para impresionar a los más exaltados. No era lo mismo decir “deseamos mejorar éste o el otro concepto, que … ‘se rechaza el artículo relativo a la libertad de enseñanza, porque nosotros todavía queremos colgar a los frailes’ (Aplausos nutridos)”. Rojas acabó pidiendo que se retirara el dictamen, pero fue desechada su

El segundo de los constituyentes moderados que tomó la palabra fue Alfonso que atacó al dictamen por “arbitrario, impolítico, imprudente, insostenible, secularmente regresivo y preñado de consecuencias funestísimas”. Señaló que no aplastaba a los sacerdotes, pero sí los derechos fundamentales del pueblo, ya que la libertad de enseñanza se derivaba directamente de la libertad de opinión, la más trascendental de las libertades del hombre. Atacar una de las libertades era atacar todas, añadió Cravioto, y con ello le

daríamos una formidable bandera al enemigo para que estallese una revolución que no sería reaccionaria, sino liberal para derribarnos justificadamente y establecer la Constitución del 57. El triunfo liberal sobre la enseñanza religiosa no está en aplastarla con leyes excesivas que sólo producirían reacciones desastrosas… está en combatirla en su terreno mismo, multiplicando las escuelas nuestras… lo demás es tiranía. (Aplausos, vivas y felicitaciones) … Pensar, más que un derecho es una ley natural… y oponerse a esta potencia no es tiránico, es ridículo (Aplausos)… Si el hombre tiene derecho innegable de escoger temas para sus pensamientos y motivos para sus creencias, también tiene derecho innegable de aprender… y de enseñar. El adulto tiene capacidad de escoger materias y maestros, no así los niños y aquí entra la discusión. Algunos proponen la intervención del Estado, otros pretenden erigir frente a los derechos del hombre los de los niños. Dantón gritaba en la Convención: ‘Es necesario que revivamos el precepto antiguo de que los niños pertenecen a la República antes que a sus padres’. Y le contestaba su impugnador… ‘implantad en Francia las leyes de Esparta; pero antes resucitad las costumbres espartanas entre nosotros’. Es verdad… a toda obligación corresponde un derecho correlativo y si en las sociedades modernas el padre tiene obligación de mantener al hijo y el derecho de instruirlo, nadie puede discutirle que escoja alimentos, vestidos, maestros y enseñanza.

Los niños huérfanos contaban con establecimientos de beneficencia privados y oficiales, y allí sí escogería el Estado a falta del padre. Por otra parte, siguió diciendo Cravioto, el Estado era neutral en asuntos de la Iglesia y debería permanecer igual respecto a la enseñanza privada, en cambio impartirla laica y gratuita en las escuelas oficiales; porque si se educaba al niño como se pretendía en el dictamen habría que decretar que los padres que no comulgaran con esas ideas no tuvieran hijos o que el Estado se los confiscara desde los cinco años de edad. También “se nos dice que la libertad de enseñanza rompe la unidad de la nación, nos divide en el México juarista y el… antijuarista, como si nosotros… que tenemos derecho a discutir hasta a Dios mismo, vamos a negar el derecho de que se discuta a Juárez o a… Iturbide… Yo desafío a la Comisión para que me diga qué libertad no produce estos resultados aparentes”, ya que la libertad de prensa da lugar a que haya periódicos de criterios opuestos, a que se desarrollen grupos de mexicanos de diversas tendencias; “la libertad de religión crea el mexicano ateo… el mocho… de brujerías, etc. ¿Vamos por eso a destruir las libertades?” Cravioto finalmente, presentó datos oficiales para demostrar que se exageraba el peligro de las escuelas clericales, puesto que en 1907 llegaban apenas a 580 con 43 720 alumnos, mientras que las del gobierno eran 9 620 con 666 723

José N. Macías analizó las actividades del clero desde el punto de vista histórico y político para concluir que siempre había atado la mente humana, se había ligado a las dictaduras, nunca a la libertad y el progreso. En consecuencia convenía pero jamás a la libertad de conciencia como pretendía el dictamen. El proyecto de Carranza, dijo Macías, establecía la libertad de enseñanza, el dictamen en cambio pretendía retroceder

300 años y [que] declaremos… no hay enseñanza libre… es necesario guillotinar ese derecho humano para salvar a la sociedad… y por sus palabras, términos y forma [es exactamente] igual al dictamen de todas las dictaduras… donde se han desconocido los derechos del hombre… se ha quitado… la libertad de enseñar y aprender… Vamos a decir al Primer Jefe: “estáis engañado… no hay que conceder instituciones libres, porque la Comisión decapita la libertad de enseñar… la prensa debe guillotinarse porque va a enseñar doctrinas enteramente subversivas… el derecho de reunión es peligroso, porque la figura repugnante del fraile… seguirá sacando su cabeza de Mefistófeles y con el mismo derecho vendrá la Comisión a decirnos que es preciso quitar al pueblo todas sus libertades…” (Voces: ¡No! ¡No!).

Macías siguió diciendo que se había tachado a la revolución constitucionalista de que era “enemiga de la conciencia humana, [de que sostenía] ¡una guerra religiosa para acabar con las creencias!”, pero Carranza había declarado en uno de sus manifiestos: “se respetará la conciencia humana, los derechos del hombre serán reconocidos de la manera más amplia”. Macías, en fin, estaba de acuerdo en que desaparecieran los clérigos, pero no la libertad de la conciencia humana. Enseguida adujo que el dictamen significaba un peligro muy serio para México por las repercusiones que tendría en el gobierno de Estados Unidos, y que el gran jacobino Obregón era “un gran inconsciente”, ya que se había portado duramente con el clero de la Ciudad de México en febrero de 1915 y un año después se había casado por la Iglesia. Lo que en resumidas cuentas significaba que “en fondo de todo mexicano existe el sentimiento católico” y que la manera de educar no era quitando la libertad de enseñanza sino defendiendo la instrucción como lo hacía Carranza. Sin contar con que la educación religiosa no la daban los curas ni en los templos, sino que se recibía en el hogar; que las escuelas católicas a cargo directamente de los clérigos no llegaban a 10%, pues éstos eran flojos y tenían maestros pagados. En conclusión, el gobierno debía cuidar y vigilar las escuelas privadas y hacer que se respetaran las

Los médicos Alberto Román y Jesús López Lira defendieron el dictamen, aduciendo, uno, que asociar la religión con la educación era asociar error y verdad; el otro que la escuela no sería “luz del mundo… [ni] antorcha de la civilización… mientras estuviera en manos de los que no podían separar la razón del dogma”, y que nadie debía violar la libertad de los niños ni imbuirles

En la sesión del 14 de diciembre abrió el debate Román Rosas y Reyes, que defendió el dictamen diciendo: “es preciso que nuestros hijos se eduquen en principios saludables de verdad y de ciencia, y no en sofismas abstractos, en doctrinas ilegibles y en mentiras insondables… Ayudadme a destruir esas escuelas católicas, en donde se sentencia desde temprano a la niñez a llevar una vida de degradación, de dudas, de oscurantismo, de miseria moral”. El abogado Celestino Pérez siguió la misma corriente, aduciendo que la educación religiosa era contraria al desarrollo moral de la sociedad y que el Estado debía prescribir la educación laica hasta que el niño tuviera edad para poder distinguir la verdad del

Félix F. Palavicini atacó el dictamen el 14 de diciembre, asentando:

la Comisión que va a modificar una de las esenciales garantías de las libertades del hombre, la libertad de conciencia… nos hace este incomprensible embrollo en que concede libertades; pero que no las concede. ¿Cómo puede aprobarse un artículo en esa forma? ¿Qué aprobamos? ¿Aprobamos que hay libertad de enseñanza? No, porque a continuación todo el artículo niega esa libertad… Todos combatimos al clero y deseamos combatirlo… el asunto es saber si vamos a conservar en el título primero de la Constitución, las garantías individuales, o si vamos a derogarlas… ¿Vamos a incluir en esa garantía una modificación absurda y monstruosa que sostiene la tesis de que un individuo, por el solo hecho de pertenecer a la Congregación de María Santísima o de la Virgen de Guadalupe, no puede enseñar francés o inglés?.

Enseguida, como los tres moderados que tomaron la palabra el día anterior, Palavicini adujo que en todas las libertades había peligros, que los católicos del país ascendían a 90% de la población y advirtió a la asamblea que el radicalismo del dictamen favorecía una conquista yanqui inmediata y próxima. Uno de esos aspectos ya lo habían iniciado los ministros protestantes, pues no sólo habían establecido clubes deportivos y la Young Men Christian Association para difundir sus ideas, sino que se infiltraban en los establecimientos oficiales disfrazados de revolucionarios radicales. El propio Palavicini declaró que sin saber que eran o habían sido ministros protestantes, designó a uno de ellos, Andrés Osuna, director general de Educación, y a otros les dio plazas de directores de escuelas superiores y de inspectores de zonas. Palavicini concluyó que el proyecto de Carranza incluía las ideas del dictamen, pero no en forma hiriente, se le podía agregar que la enseñanza fuera laica en las escuelas particulares y complementar el pensamiento de la comisión en el artículo 27. Pero lo que no podía admitir ni la conciencia más limitada ni el criterio más insignificante, era impedir que los miembros de las corporaciones religiosas dieran clases. Palavicini terminó su intervención pidiéndole a la asamblea que actuara con cordura, sencillez, moderación y sin egoísmo

Múgica intervino para hacer dos aclaraciones, en primer lugar:

no queremos ofender al hombre [Carranza] que respetamos y queremos… ni aparecer como sus defensores más acérrimos… por modestia… La Comisión ha sido ruda… incorrecta,… pero… no lo ha hecho con el fin deliberado… de aparecer como una flecha de radicalismo… sino porque vio… que no estaba… en… [el] proyecto… [del Primer Jefe] todo el radicalismo que necesita la Constitución para salvar al país, vio un peligro inminente porque se entregaba el derecho del hombre al clero… y algo más sagrado… algo de que no podemos disponer nunca y que tenemos necesidad de defender; la conciencia del niño, la conciencia inerme del adolescente (Aplausos).

En segundo lugar, su oposición a que los miembros de las corporaciones religiosas enseñaran en las escuelas privadas, se debía a que aprovecharían la primera oportunidad para difundir “sus ideas malditas… y puede ser que ni los padres mismos tengan derecho a imponer a sus hijos creencias determinadas”. Al final, Múgica estuvo de acuerdo en que dicha prohibición no se pusiera en el artículo tercero, aunque dijo que no veía con claridad cómo se podía incorporar al Palavicini propuso que se retirara el dictamen, se conservara el proyecto de Carranza agregándole la palabra laica donde cupiera, y que la comisión presentara el artículo 27 modificándolo como creyera conveniente. Múgica aceptó la sugerencia y “retirar del artículo 3 la parte última y ponerla con la debida claridad en el artículo 27, si cabe, o donde piense la Asamblea”, y se levantó la sesión. Los constituyentes se volvieron a reunir el 16 de diciembre, pero al oír la lectura del dictamen, Luis Manuel Rojas pidió que se aplazara la discusión hasta el día 17 porque no contenía las modificaciones que había acordado la asamblea en la última sesión. Palavicini fue de la opinión que Rojas, pero no se opuso a que se empezara a debatir, después de “hacer pública esta traición hecha por la Comisión al pacto público que hicimos… antes de ayer en la Asamblea”. Múgica replicó que en la noche del 15 de diciembre hubo una “asamblea privada” en la Escuela de Bellas Artes en la que “estuvieron personas aun de las que no estaban conformes en aprobar el dictamen… y se dijo que esas llamadas restricciones… sólo cabían… en el artículo 3”. Rojas volvió a la carga porque el dictamen, dijo, “no corresponde al espíritu de la Cámara, cuando se mandó suspender la discusión… y se vuelve a consignar lo que ya está en otro lugar”; por lo que cualquiera podía pensar “que se insiste en hacer una especie de ataque a la política del Primer Jefe (Voces: ¡No!

Palavicini volvió a hacer uso de la palabra para asegurar que el autor del proyecto del artículo tercero había sido acusó a la comisión de que insistía en presentar un dictamen “tal como… [la asamblea] lo ha desechado”; dijo que su grupo estaba conforme en aprobar las restricciones a las corporaciones religiosas y sus ministros “en su sitio, aun antes de votar el artículo 3o.”; que los opositores sólo querían derrotar el proyecto de Carranza para “hacerle un mal político” y no podía aceptar “que votando este artículo en la forma en que lo propone la Comisión dejemos establecido, primero, que lo que se acuerda en la Asamblea después de largos debates, puede ser adulterado monstruosamente el día siguiente; segundo, que no entendemos lo que es la ley, porque se nos quiere poner reglas para la fabricación de zapatos en donde se habla de garantías individuales; y tercero, que no nos queremos prestar absolutamente a un propósito El médico Miguel Alonzo Romero apoyó el dictamen porque en Yucatán desde hacía más de dos años estaba en vigor el artículo tercero y “los discípulos de Querido Moheno”, Cravioto, Macías y Rojas, sólo trataban de embaucar a la asamblea. El abogado José María Truchuelo también apoyó el dictamen porque las restricciones a las corporaciones religiosas y sus ministros no cabían en el artículo 27, ya que éste se refería a la propiedad; tampoco se podían incluir en el 129 porque sólo trataba del culto y la disciplina

El abogado Fernando M. Lizardi atacó el dictamen porque de nada serviría prohibir la educación religiosa en las escuelas, ya que no se podía ni debía impedir en los hogares, por lo que añadió “siempre tendremos educación religiosa con sus abstractas”. Además preguntó dónde se aprendía que el clero había procurado adueñarse del poder en México, y se respondió a sí mismo: “en la clase de historia y no va a ser posible, aun cuando se prohibiese a los ministros de los cultos enseñar historia, evitar que se enseñe en las escuelas primarias, ni va a ser posible que todos y cada uno de los profesores que enseña historia patria tenga determinado criterio para enseñar esa historia, y menos los que nos preciamos de liberales vamos a exigir un cartabón especial para que se enseñe la historia de México”. Lizardi añadió que como ya había un acuerdo en la asamblea para que se estableciera la educación laica en el artículo tercero, sólo quedaba pendiente el lugar que les correspondía a las restricciones, por lo que sugirió una trasposición de párrafos en el artículo 129 o la elaboración de otro

El abogado Salvador González Torres y el ex seminarista José Álvarez y Álvarez, apoyaron el voto particular de Monzón sobre la educación racional; el primero de ellos lo justificó porque se basaba científicamente en la verdad, y el segundo, porque las religiones eran corruptas. Después hubo un intercambio de ataques personales entre Palavicini, Esteban Baca Calderón, Amado Aguirre, etc. Finalmente, el abogado radical Luis Espinosa cerró el debate, apoyando el dictamen porque era “la aspiración suprema, el anhelo más grande del pueblo mexicano”; además dijo que las restricciones a las corporaciones religiosas y sus ministros no se le podían agregar al artículo 129 porque a nadie se le quitaba el derecho de aprender o enseñar, puesto que “el niño puede aprender en las soledades de su casa lo que le dé la gana; el sacerdote puede enseñar donde no sea escuela oficial o particular; además, tiene el periódico, el libro y otros medios… hasta el La comisión acabó haciendo dos concesiones en su segundo dictamen: eliminar la prohibición de que los sacerdotes enseñaran y el requisito de que la educación primaria fuera obligatoria, pasando la obligación al artículo 31. Además, hizo un cambio: “habrá libertad de educación” por “la educación es libre” como decía el artículo tercero de la Constitución de 1857. En fin, después de tres días de continuos y acalorados debates en los que chocó la mente legalista de los moderados contra la reformista de los de izquierda, era evidente que nada más se podía decir en pro o en contra del artículo tercero y la asamblea lo aprobó por 99 votos contra

En resumen, y de acuerdo con la votación del artículo tercero fue la más destacada del Congreso porque demostró que todo el proyecto de de Carranza estaba expuesto al ataque y que los diputados decidirían de acuerdo con sus propias convicciones y no por lealtad a alguno de los principales jefes revolucionarios o por el interés de Se ha dicho que los militares escribieron la Constitución y que los abogados votaron en contra de la mayoría en los asuntos más importantes, pero por lo menos 18 de los que votaron a favor del artículo tercero tenían esa profesión y sólo 10 o 12 lo hicieron en contra. La votación demostró también que el grupo radical consideró que la educación religiosa dañaba a la sociedad, especialmente a los niños, y que se propusieron despojar a la Iglesia de su papel predominante en la educación; ese grupo fue mayoritario o lo suficientemente persuasivo, ya que obtuvo el apoyo de la mayoría de los constituyentes. Los moderados, tan anticlericales como los radicales, basaron su argumentación en anteponer las garantías individuales a las sociales, y en vano intentaron imponerse por diferentes medios, como el de contar con la presencia del Primer Jefe en una de las sesiones y aducir que se le ofendería si no aprobaban su proyecto; presentaron pruebas de que las escuelas clericales eran pocas y ejercían mínima influencia. También expusieron los malos efectos internos y externos que estaban causando el dictamen y los debates, especificando dos aspectos del imperialismo norteamericano: el peligro de una intervención y la progresiva influencia del

Al dictamen de la primera comisión sobre el artículo quinto, párrafo tercero, nadie se pero Monzón aprovechó la oportunidad para atacar nuevamente a la Iglesia y al clero, diciendo el 26 de diciembre que en Sonora “la enseñanza primaria, tanto en las escuelas particulares como en las oficiales, es racional… Los… frailes católicos no tienen acceso en las escuelas… porque… siempre hallan la manera de imbuir sus errores en la conciencia de los niños, aun cuando dan clases de taquigrafía”. Añadió que los templos estaban cerrados y los frailes al otro lado de la frontera, pues aquéllos eran antros de corrupción, donde se pervertía la pureza de las doncellas y la honra de las casadas, y los curas eran los enemigos más irreconciliables de la civilización y de las revoluciones Nadie puso en duda el dictamen de la primera comisión sobre el artículo 13 que se refería a la antigua prohibición de que existieran tribunales El dictamen de la primera comisión sobre el artículo 24 tampoco habría tenido debate, de no haber sido porque Enrique Recio presentó un voto particular que contenía dos adiciones: prohibir que los sacerdotes escucharan confesiones y limitar el ejercicio del sacerdocio a los ciudadanos mexicanos, los cuales debían estar casados si tenían menos de 50 años de edad. El voto particular sólo fue apoyado por Alonzo Romero y Terrones Benítez, el primero adujo que “la confesión era inmoral porque obligaba a la mujer a vaciar sus sentimientos íntimos en los oídos crapulosos de los sacerdotes… cada mujer que se confiesa es una adúltera y cada marido que lo permite es un alcahuete (Aplausos nutridos)”. En cuanto al celibato, aseguró que era contrario a los deseos humanos y les daba oportunidad a los sacerdotes de que fueran sátiros sueltos en el seno de la sociedad, las mujeres adúlteras y los hogares un desastre. Terrones Benítez consideró que las religiones carcomían a la sociedad como un cáncer, envilecían al hombre, y le impedían progresar, y que se necesitaba poner “coto a los abusos que han desvirtuado los preceptos de la Iglesia tal como los explicó el gran jacobino Lizardi habló en favor del dictamen porque para él era “la expresión genuina de la libertad de conciencia”; admitió que atacar la confesión era atacar un sacramento que los católicos consideraban un acto moral y, aunque los incrédulos lo consideraran inmoral, no se debía prohibir por ley y mucho menos en la Constitución. Además de que la confesión se basaba en un sentimiento instintivo de todos los hombres, que ante un problema moral consultaban con un amigo o un sacerdote, y sería “absolutamente difícil prohibirle a alguna persona que contara a otra lo que había hecho y le pidiera consejo”. También se opuso a que se casaran los sacerdotes porque era contrario a la libertad individual, además de que como existía el divorcio civil se podían casar y divorciar cuantas veces quisieran, y era inconsecuente imponerle obligaciones al clero cuando había separación entre la Iglesia y el Estado. Lizardi añadió irónicamente que si los que propusieron el voto particular deseaban hacer “algo más práctico… [debían] proponer una religión nacional basada en la lógica… busquemos una bella joven y declarémosla diosa de la razón y nombremos a… Recio sumo pontífice y a… Alonzo Romero como primer acólito”. La intervención de Lizardi terminó recordándole a la asamblea que más de 14 millones de los 15 millones de mexicanos eran católicos y, para evitar que se confesaran, se necesitarían tantos policías que jamás se podría aplicar la Hilario Medina también defendió el dictamen diciendo “si es el artículo 24 una de las más altas conquistas del espíritu humano, de las sociedades modernistas, si es la libertad de conciencia lo único que puede honrarnos y explicar nuestra vida actual… nuestra existencia como Congreso Constituyente; si es la libertad de conciencia el principio que más sangre ha necesitado… cualquier ataque contra ese principio, sea que se trate de la confesión auricular, sea que se trate del matrimonio, es obrar contra la libertad de conciencia… (Aplausos)”. Recio cerró el debate, insistiendo en que se prohibiera la confesión porque el sacerdote se enteraba de todo lo que pasaba en los hogares, tenía a su alcance los hilos de las cuestiones más íntimas y los utilizaba en cuestiones políticas y económicas; en cuanto al matrimonio de los sacerdotes convenía establecerlo de una vez por todas para fundar “la verdadera iglesia mexicana”, independiente de “la autoridad del príncipe de Roma”. La asamblea desechó el voto Niemeyer hace notar que 46 de los diputados — anticlericales de los más rabiosos— que votaron en contra del artículo 24, lo hicieron a favor del tercero; por otra parte, que 37 —moderados— de los que votaron en contra del mismo artículo, se unieron a los 29 que votaron a favor del artículo 24 para que alcanzara la mayoría necesaria para aprobarlo. Entre los que votaron a favor de los dictámenes de los artículos tercero y 24 estuvo el comecuras Francisco J. Múgica, diciendo que su deber era respetar el espíritu de la sección de las garantías individuales y no incluir medidas prohibitivas en el artículo 24. El voto particular de Recio, para la mayoría de los constituyentes, era muy discriminatorio; la supresión de la confesión habría sido un golpe muy serio para los Con el establecimiento del matrimonio de los sacerdotes, obligándolos a violar el voto de castidad, se pretendían dos fines: fundar una Iglesia mexicana independiente de Roma y expulsar del país al clero católico.

El dictamen de la primera comisión sobre el artículo 27, párrafo séptimo, fracción segunda, en lo relativo a “los templos que en lo sucesivo se erigieren para el culto público, serán propiedad de la nación si fueren construidos por suscripción pública; pero si fueren construidos por particulares, quedarán sujetos a las prescripciones de las leyes comunes para la propiedad privada”, fue atacado por el general Samuel de los Santos, exigiendo que no se construyeran más templos. Hilario Medina pidió que se modificara el dictamen, de modo que los que se construyeran en el futuro quedaran sometidos al poder civil sin importar el origen de los fondos. aceptó modificarlo, pero explicó que habían incluido en el dictamen la limitación relativa a los templos construidos por particulares, debido a la multitud de oratorios y capillas que había en las casas y hasta allá no había querido llegar la comisión, y además, porque una colonia de judíos rusos que trataba de avecindarse en México para colonizar una región, ya había gestionado el “permiso para construir sus templos y… suficientes garantías para consagrarse al culto de su religión”. Por otra parte, Lizardi intervino para hacer ver que el dictamen no era suficientemente completo, pues solamente se les negaba a las iglesias la “capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes raíces”, cuando la propiedad estaba tendiendo a convertirse en mueble mediante la creación de títulos al portador y el clero acabaría adueñándose de todas las industrias nacionales, como lo había hecho con las agrícolas. Medina discrepó de Lizardi porque para averiguar la suma de los bienes muebles de la Iglesia se necesitarían procedimientos inquisitoriales, pues el clero podía invertir en acciones por interpósita persona. José Álvarez y Álvarez se quejó porque en el dictamen se decía que las iglesias no podrían obtener tierras ni bienes, cuando en el artículo 129 no se les reconocía personalidad jurídica. El dictamen se retiró finalmente para hacerle las tres modificaciones sugeridas, pero se redujeron exclusivamente a la que aconsejó Medina: “los templos que en lo sucesivo se erigieren para el culto público serán propiedad de la nación”, eliminando lo relativo a los construidos por particulares. El dictamen del artículo 27, párrafo séptimo, fracción tercera, en lo tocante a “las instituciones de beneficencia pública o privada que tengan por objeto el auxilio de los necesitados… podrán adquirir, tener y administrar capitales impuestos sobre bienes raíces, siempre… que no excedan de diez años”, lo atacó Hilario Medina porque se podía violar el ordenamiento con prorrogar el vencimiento del primer plazo por otros 10 años y se crearía nuevamente la propiedad de manos muertas; para que la ley no fuera burlada, se debía suprimir la limitación a proponer otro sistema. Macías apoyó el dictamen porque si se prorrogaba el plazo por más de 10 años, como pretendía Medina, se favorecería al clero por la forma en que se manejaban los capitales destinados a la beneficencia privada. Finalmente, en lo relativo a excluir a las corporaciones o instituciones religiosas, así como a los ministros de los cultos y sus asimilados (legos), de que tuvieran bajo su patronato, dirección, administración, cargo o vigilancia las instituciones de beneficencia, hubo tal acuerdo en la asamblea que ni siquiera se

Los debates de los artículos 30 y 33 no se refirieron a las iglesias ni sus ministros. El dictamen de la primera comisión sobre el artículo 37 tampoco suscitó debates a ese respecto y fue aprobado el 26 de enero de 1917, pero en la sesión del día siguiente se le hizo una adición para establecer que se perdería la ciudadanía mexicana “por comprometerse de cualquier forma ante ministros de algún culto o ante cualquier otra persona, a no observar la presente Constitución o las leyes que de ella Los dictámenes de la segunda comisión sobre el artículo 55, fracción sexta; artículo 59 del proyecto de Carranza y 58 de la Constitución y el artículo 82, fracción cuarta, referentes al requisito de “no ser ministro de algún culto religioso” para ser diputado, senador y Presidente de la República (para este cargo se exigió además “no pertenecer al estado eclesiástico”) no suscitaron

El dictamen de la segunda sobre el artículo 129 del proyecto de Carranza, 130 de la Constitución, se leyó el 26 de enero y fue recibido con aplausos y deseos de votarlo inmediatamente; pero se debatió hasta el día siguiente en cuanto acabaron de votar el artículo 24, lo que mantuvo la efervescencia del anticlericalismo de la asamblea. Se aprobó en la madrugada del día 28 después de poco más de dos horas de debate, por unanimidad de votos y rechazando una adición que habían propuesto 13 diputados En el proyecto de Carranza se le habían agregado párrafos inocuos al artículo 123 de la Constitución de 1857, entre ellos el que establecía la naturaleza civil del matrimonial, pero la segunda comisión puso en el dictamen 12 párrafos más, muy

El preámbulo del dictamen decía que

una nueva corriente de ideas trae ahora el artículo 129, tendiendo no ya a proclamar la simple independencia del Estado, como hicieron las Leyes de Reforma, que parece se sintieron satisfechas de sacudir el yugo que allí habían soportado los poderes públicos, sino a establecer marcadamente la supremacía del Poder civil sobre los elementos religiosos, en lo que… toca a la vida pública. Por tal motivo desaparece de nuestras leyes el principio de que el Estado y la Iglesia son independientes entre sí, porque esto fue reconocer, por las Leyes de Reforma, la personalidad de la Iglesia, la cual no tiene razón de ser, y se le substituye por la simple negativa de personalidad a las agrupaciones religiosas, con el fin de que, ante el Estado, no tengan carácter colectivo… La colectividad, como persona moral, desaparece de nuestro régimen legal… En consecuencia… los ministros de los cultos son considerados no como miembros de un clero o una iglesia, sino como particulares que prestan a los adictos a la religión respectiva ciertos servicios… Se ha procurado suprimir de un modo absoluto el ejercicio del ministerio de un culto con todos los actos de la vida política de la nación, a fin de que los referidos ministros no puedan hacer del poder moral de la creencia el apoyo de una tendencia política. A esto obedecen las prohibiciones y restricciones sobre manifestación de ideas, voto y demás, así como también la referente a las publicaciones periódicas religiosas o simplemente de tendencias marcadas en favor de determinada creencia religiosa, y la relativa a la formación de partidos políticos con denominaciones religiosas. Con el fin de prevenir el peligro de la acumulación de bienes raíces en poder de los ministros de los cultos, se establecen incapacidad y restricciones al derecho de heredar los ministros de los cultos. Y por razones que son obvias se prescribe que las infracciones sobre cultos no sean vistas en jurado, pues saliendo éste de la masa social, lo más probable es que el jurado, en su mayoría, participará de las creencias del ministro a quien se juzga, y que no se aplicará debidamente la ley. La facultad de legislar, en materia de cultos religiosos, corresponde a la Federación, a causa de la unidad que en esta materia debe haber, y siguiendo la tradición iniciada en las Leyes de Reforma, los Estados serán, a este respecto, auxiliares de la Federación. Sin embargo, hay algunas cuestiones… que no es posible queden sometidas a la autoridad federal, por relacionarse con circunstancias meramente locales que pueden variar de un Estado a otro, y ésta es la reglamentación del número de ministros de los cultos que puede haber en cada Estado, la cual fue pedida a la Comisión por algunos… diputados; y aquélla… no tuvo inconveniente en aceptarla, dejándola por los motivos antes expresados a las legislaturas de los

Modesto González Galindo habló contra el dictamen porque no incluía la abolición de la confesión auricular —que ya se había desechado al votar el artículo 24, con disgusto de los ultrarradicales—, aduciendo González Galindo que se prestaba a inmoralidades, conspiraciones y crímenes; motivos por los que los constitucionalistas habían quemado públicamente los confesonarios durante la lucha armada. González Galindo concluyó: “ya hemos arrebatado al clericalismo la niñez, con la votación del artículo 3o… ¿por qué no hemos de arrebatar a la mujer del [instrumento político de la Iglesia, que es el] El abogado David Pastrana Jaimes también atacó el dictamen, porque a su juicio necesitaba dos adiciones: elevar el divorcio a precepto constitucional, pues había sido “una de las principales causas de la revolución constitucionalista”, y crear una Iglesia nacional porque el papado “ha venido atentando contra la soberanía de nuestra nación” y porque el clero de México se ligaba con el de las naciones fuertes para intervenir en los asuntos públicos. Por todo ello, puntualizó Pastrana, “es de altísima trascendencia… que se haga un clero verdaderamente nacional”, imitando al clero filipino que en se declaró completamente independiente del papado, y “yo tengo fe… en que aceptando esta adición no faltará entre los sacerdotes mexicanos algún Hidalgo, algún Morelos y algún Matamoros que se arriesgue a desafiar la excomunión del papado (Voces: ¡El padre Cortés! ¡Risas! ¡Ése es gachupín!) Esa… adición será… la primera clarinada que demos para que el clero se declare independiente del papado… José Álvarez y Álvarez defendió el dictamen, destacando que él había sido el autor de la iniciativa para desconocer la personalidad de las asociaciones eclesiásticas, y que el deber de los constituyentes era “extirpar ese mal, esa gangrena social que se llama clericalismo”. Además aseguró: “en México no hay problema religioso… el problema… [es] absolutamente político, es que el clero católico… ha venido tratando de dominar la conciencia de la multitud inculta… [para] la conquista del poder… [por lo que] el Gobierno y la Constitución… deben encaminar sus medidas para poner un justo remedio”. Álvarez siguió diciendo que de acuerdo con su iniciativa, se consideraba al clérigo un individuo dedicado a una profesión y como tal debía sujetarse a las leyes que dictare el gobierno y éste debía limitar su número como ya se había hecho en los estados de Veracruz e

Palavicini se mostró cordial al decir “toca hoy… la ocasión de aplaudir a las dos comisiones [de Constitución] juntas, la ocasión de aplaudir a los que dictaminaron sobré el artículo 24… y el… 129”. En lo relativo al dictamen de este último, sólo podía hacer algunas observaciones de forma, ya que “substancialmente no hay quien [lo] discuta… porque éstas son las Leyes de Reforma admitidas previamente por todos nosotros”. En primer lugar aseguró que en México no existía el problema religioso, sino un fantasma que se había levantado para tratar de oprimir al pueblo e intervenir en sus intereses; la verdadera dificultad estaba allende el río Bravo y principalmente se debía a las intrigas del católico Joseph Tumulty, secretario del presidente Wilson. En consecuencia, al exigirles a los ministros y encargados de los templos que fueran mexicanos por nacimiento, se debían especificar los cultos católico y Luego añadió Palavicini que se tenía que conservar la religión católica porque era un elemento básico de nuestra nacionalidad y no seguir el ejemplo de Filipinas como pretendían Pastrana y otros al pedir que “se supriman los sacerdotes y la Iglesia católica… [pues] quieren que entreguemos nuestras iglesias y la conciencia de nuestro pueblo a los metodistas para ayancarlos… No vamos a combatir la religión: vamos a combatir el peligro de los curas”. Por último, dijo Palavicini que el sacerdocio era una profesión lícita y como tal sería absurdo limitar su número, pues no se hacía con otros profesionistas, médicos, ingenieros, etc., y que al admitirse la “separación” de la Iglesia y el Estado, no se podía limitar el número de sacerdotes ni tampoco “clasificar qué cantidad de oraciones necesita un individuo… Ninguna Legislatura lo podrá hacer… [pues] sería convertirlas en un cabildo de

Múgica inició su intervención diciendo “es preciso que la resolución sobre el artículo 129 sea intensamente radical… y no sólo… perseguir… sino exterminar a esa hidra que se llama clero”. Como los que lo antecedieron en el uso de la palabra, insistió en que no existía problema religioso en México porque durante la revolución constitucionalista “jamás ha habido un grito de protesta entre nuestros hombres incultos… no se han arrepentido ni han vacilado un solo momento en penetrar al interior de un templo para matar a los enemigos de la libertad y para derribar sus edificios… Eso es consolador… viene a revelar que el problema religioso… [nada más] existe allá del otro lado del Bravo”. Luego se disculpó de la actitud que él había asumido horas antes al votar a favor del dictamen del artículo 24: “me sonrojaron los siseos… cuando voté ‘sí’… [pero] con el debate del artículo 129 volveré a levantar mi bandera radical… [no] me he quedado a la zaga de los jacobinos más avanzados de esta Asamblea… [Entonces] yo creí mi deber respetar las garantías otorgadas por el artículo 24, no porque acepte la confesión, pues soy… [su] enemigo más acérrimo… [pero] hubiese puesto en peligro una garantía interesante”. Las adiciones rechazadas en el artículo 24, concluyó Múgica, debían incorporarse al 129 porque “en la confesión auricular es donde está el peligro… donde reside todo el secreto del poder omnímodo que estos hombres negros verdaderamente retardatarios han tenido durante toda su vida de corporación en México… Pido… que seáis inflexibles [y] que cuando menos votéis por el dictamen del artículo 129 en la forma que lo ha propuesto… [la] Como ya se dijo, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos la madrugada del 28 de enero, pero además en la sesión permanente del 29 al 31 de enero se aprobó una adición: “El matrimonio es un contrato civil. Este y los demás actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades del orden civil, en los términos prevenidos por las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les

De la comparación de la parte religiosa de la Constitución de 1857 con la de 1917, resulta:

1857 Antirreligiosa

1917 Más antirreligiosa

No definió si la personalidad jurídica de la Iglesia quedaba unida al Estado o independiente de él.

Desconoce toda personalidad.

No tocó la independencia de la Iglesia en su régimen interno.

Niega la independencia:

1] desconoce la jerarquía, pues los ministros son simples profesionistas;

2] faculta a las legislaturas locales para limitar el número de sacerdotes;

3] se necesita ser mexicano por nacimiento para ejercer el ministerio;

4] exige que se registren los encargados de los templos.

Nada dijo sobre la igualdad de derechos civiles políticos de los sacerdotes.

Niega a los sacerdotes derechos comunes:

1] voto activo y pasivo, así como el derecho de asociarse con fines políticos;

2] libertad para criticar al gobierno hasta en reuniones privadas.

Niega a los católicos, aun seglares: escribir sobre política en publicaciones católicas y formar partidos políticos confesionales.

Nada dijo sobre el matrimonio.

Es de la exclusiva competencia de los funcionarios públicos y no añade las salvedades de las legislaciones anteriores. Establece el divorcio definitivo en cuanto al vínculo.

Decretó que la enseñanza era libre.

Prescribe la enseñanza laica en todas las escuelas oficiales y privadas de primaria, elemental y superior.

Las primarias particulares quedan sujetas a la vigilancia oficial, no pueden establecerse o ser dirigidas por corporaciones religiosas o por sacerdotes; prohíbe revalidar estudios hechos en seminarios.

Desautorizó el voto perpetuo, no el temporal. No dijo nada sobre las órdenes religiosas.

Prohíbe todo voto y toda comunidad religiosa.

Nada dijo sobre el culto.

Establece la libertad de cultos para todas las religiones, prohíbe el culto público fuera de los templos y crea delitos de culto.

Desconoció, en cuanto a bienes raíces, la propiedad eclesiástica, excepto los edificios destinados al fin de la institución.

Prohíbe tener bienes raíces sin excepción y capitales impuestos pertenecientes a la Iglesia; manda que los que tenga, incluyendo los edificios, pasen al dominio de la nación; manda que se destinen exclusivamente a los servicios públicos; concede acción popular para denunciarlos; prohíbe que la causa sea vista en jurado.

Nada dijo sobre los templos.

Todos los templos son propiedad de la nación; el gobierno federal determina cuáles siguen destinados al culto y cuáles no.

Nada dijo sobre el registro civil.

Se establece un doble registro, del sacerdote y del templo; el segundo es obligatorio para poderlo abrir al culto, el primero para poder ejercer; subordinando ambos registros al

En fin, la Constitución se elaboró después de tres años de persecución religiosa, y la Iglesia se encontró de hecho en la situación jurídica que había tenido antes de la Independencia, ya que el Estado logró “recobrar en provecho propio el Real Patronato que ejercían los reyes de España, no dejando libre a la Iglesia más que el dominio de la doctrina y de la devoción privada. Este nuevo Patronato iba a ser aplicado por un Estado que no era cristiano, sino agresivamente antirreligioso, y cuyas decisiones eran sin apelación, ya que no tenía relación alguna con Roma”. Las disposiciones anticlericales de la Constitución de 1917 jamás contaron con la aprobación calurosa de Carranza, e incluso trataría en vano de hacerlas reformar porque, como ya se dijo, en lo personal hubiera preferido la manera porfirista de tratar el problema religioso. En cuando a los prelados mexicanos en el exilio, defendieron a la Iglesia por sí mismos y a su modo, sin buscarse paladín alguno, sino protestando públicamente

porque el Código de 1917 hiere los derechos sacratísimos de la Iglesia católica, de la sociedad mexicana y los individuales de los cristianos, proclama principios contrarios a la verdad enseñada por Jesucristo, la cual forma el tesoro de la Iglesia y el mejor patrimonio de la humanidad, y arranca de cuajo los pocos derechos que la Constitución de 1857… reconoció a la Iglesia como sociedad. No pretendiendo inmiscuirnos en cuestiones políticas, sino defender a la manera que nos es posible la libertad religiosa del pueblo cristiano en vista del rudo ataque que se infiere a la religión, nos limitamos a protestar contra el atentado enérgica y decorosamente… Conforme con las doctrinas de los Romanos Pontífices… y movidos también por patriotismo, nos hallamos muy lejos de aprobar la rebelión armada contra la autoridad constituida, sin que esta sumisión pasiva a cualquier gobierno signifique aprobación intelectual y voluntaria a las leyes antirreligiosas o de otro modo injustas que de él emanaren, y sin que por… [ello] se pretenda que los católicos, nuestros fieles, deban privarse del derecho que los asiste como ciudadanos, para trabajar legal y pacíficamente por borrar de las leyes patrias cuanto lastime su conciencia y su derecho… Tenemos por único móvil cumplir con el deber que impone la defensa de los derechos de la Iglesia y de la libertad religiosa… Contra la tendencia de los constituyentes, destructora de la religión, de la cultura y de las tradiciones, protestamos como jefes de la Iglesia católica en nuestra patria… Por todo lo dicho, protestamos contra semejantes atentados en mengua de la libertad religiosa y de los derechos de la Iglesia, y declaramos que desconoceremos todo acto o manifiesto, aunque emanado de cualquiera persona de nuestra diócesis, aun eclesiástica y constituida en dignidad, si fuera contraria a estas declaraciones y

Ibarra González estuvo exiliado en Europa desde que triunfaron los constitucionalistas en 1914; dos años después regresó a México y hasta su muerte, el 1 de febrero de 1917, permaneció oculto en una casa de la colonia Santa María. El 2-3 de marzo de 1917.

Especie de grupo de Acción Social Católica, fundado en Guadalajara por José Refugio Galindo, que reunió a clérigos y seglares para elaborar una teoría sociopolítica de la participación de los católicos en la vida nacional. Meyer, La vol. 2, p. 52.

Nació en Pajacuarán, Mich., estudió en el seminario de Zamora. Obispo de Tehuantepec hasta 1901 cuando fue trasladado a Tulancingo, donde puso en práctica la Rerum y organizó los congresos agrícolas de 1904 y 1905, así como el de Zamora en 1906. Este último versó sobre la lucha contra la embriaguez y el concubinato; la enseñanza del catecismo y de la economía doméstica; mejores salarios; las cajas de crédito Raiffeissen; servicio médico para gañanes, y el uso de técnicas adecuadas para la agricultura. González, pp. 115-117.

Meyer, La vol. 2, pp. 21-61.

Ulloa Ortiz, Don Ramón Martínez p. 21.

Márquez Montiel, La doctrina pp. 45-47.

González, pp. 122-123.

Nació en el estado de Querétaro en 1865, estudió en el Colegio Clerical de San Joaquín, D.F., en el Pío Latino y en la Universidad Gregoriana de Roma. Arzobispo de Morelia entre 1912 y 1941. Promovió la instrucción católica, catequística y escolar; fomentó el desarrollo de las obras sociales entre campesinos y obreros. Diccionario Porrúa.

Meyer, La vol. 2, pp. 63-65.

El Estado de Guadalajara, 14 de noviembre de 1914: Manuel M. Diéguez, Guadalajara, Jal., 12 de noviembre de 1914.

Meyer, La vol. 2, pp. 71-80; Cumberland, La Revolución pp. 203-205. Para los problemas internacionales de Veracruz, véase la primera parte de este volumen.

Cumberland, La Revolución pp. 207-208; 812.512/1064, Gaston Schmutz, vicecónsul de Estados Unidos, al secretario de Estado, Robert Lansing, Aguascalientes, Ags., 25 de febrero de 1916.

812.404/10 y /99, Richard Stadden, vicecónsul de Estados Unidos, al secretario de Estado, Manzanillo, Col., 19 de enero y 29 de septiembre de 1915; Hernández Espinosa, Historia de la educación… , pp. 134-135; El 7 de abril de 1916.

Moscoso Pastrana, El pp. 20-27, 36. Véase, además, la primera parte de este volumen.

812.404/132, nota de San Luis Potosí, S.L.P., al Departamento de Estado, 23 de enero de 1917; Álvarez, Enciclopedia de t. 3, p. 1011. Véase, además, la segunda parte de este volumen.

Espinosa, Efemérides t. 13 y 25 de mayo, 30 de agosto, 20 de octubre, 28 de noviembre, 20-24 de diciembre de 1915.

exp. 9, f. 191 (26), Manifiesto de A. Robles Domínguez, Acapulco, Gro., 23 de diciembre de 1914. Véase, además, la segunda parte de este volumen.

812.404/76, William B. Davis, vicecónsul de Estados Unidos, al secretario de Estado, Guadalajara, Jal., 29 de febrero de 1915.

Meyer, La vol. 2, p. 72, transcripción de un párrafo citado por Luis Manuel Rojas en el Congreso Constituyente.

812.00/16093, W.B. Davis al secretario de Estado, Guadalajara, Jal., 29 de julio de 1915.

812.404/98, “Protesta” de las Damas de Guadalajara dirigida al gobernador Aguirre Berlanga, agosto de 1915, anexa al informe de W.B. Davis al secretario de Estado, Guadalajara, Jal., 30 de agosto de 1915.

El Guadalajara, 7 de mayo de 1916; El 7 de julio, 5 de noviembre de 1916.

Nació en Zamora, Mich., en 1864, estudió en el seminario de Jacona, en el Pío Latino y en la Universidad Gregoriana de Roma. Obispo de Chiapas (1902-1911) y arzobispo de Guadalajara (1912-1936). Famoso por su guadalupanismo, su mecenazgo a las letras y las artes, sus destierros y sus fugas. González, p. 119.

274, c. 137, ff. 5, P. Elías Calles a V. Carranza en Querétaro, Qro.; Bavícora, Son., 24 de enero de 1917.

Meyer, La vol. 2, pp. 102-103.

El 11 de abril de 1916; El 8 y 26 de agosto de 1916.

Meyer, La vol. 2, pp. 81-82; Romero Flores, Historia de la p. 56; Cumberland, La Revolución p. 207.

173, c. 94, ff. 1-4, telegramas del visitador de Bienes Intervenidos, Samuel R. González, a V. Carranza; del secretario de Gobierno de Michoacán, G. Guajardo, al diputado constituyente José Álvarez y Álvarez y del gobernador Alfredo Elizondo a V. Carranza, Morelia, Mich., 9, 16 y 19 de enero de 1917; /100, c. 47, 1er. t., f. 155, E. Herrera a V. Carranza, México, D.F., 19 de enero de 1917.

El 14 de abril de 1916.

Condumex, carp. 25, exp. 2554, oficio del gobernador de Puebla, A. Millán, al “jefe de las Operaciones en el Noreste”, A. Obregón, presente, Puebla, Pue., 16 de enero de 1915.

Condumex, carp. 25, exp. 2554, carta de A. Millán a E. Martínez, en Veracruz, Ver.; Puebla, Pue., 28 de enero de 1915.

Meyer, La vol. 2, pp. 68, 80.

221, c. 120, ff. 89-90, F. Coss a V. Carranza en Veracruz, Ver.; Puebla, Pue., 21 de enero de 1915; Cumberland, La Revolución p. 210 con alguna variante.

Nació en San Luis Potosí en 1890, terrateniente, maderista, encabezó la rebelión de los campesinos de su hacienda contra Victoriano Huerta en 1913. Jefe del estado mayor de Carranza. Cockcroft, pp. 39-40.

221, c. 120, ff. 237-238, telegrama del general F. Dávila a J. Barragán en Veracruz, Ver.; Puebla, Pue., 22 de julio de 1915. También cf. Cumberland, La Revolución pp. 200-201.

El 29 de septiembre de 1916.

Calzadíaz, Hechos t. p. 120.

El 27 de noviembre de 1916.

812.00/14783, 812.404/120, William E. Alger, cónsul de Estados Unidos, al secretario de Estado, Mazatlán, Sin., 20 de marzo y 3 de abril de 1916; /812.404/118, Louis Hostetter, cónsul de Estados Unidos, Hermosillo, Son., 24 de marzo de 1916.

El 10 de febrero de 1916; El 24 de febrero de 1916; El 22 y 24 de marzo de 1916. El término “reaccionario” también incluía a villistas y zapatistas.

812.404/118, L. Hostetter al secretario de Estado, Hermosillo, Son., 24 de marzo de 1916.

El 31 de marzo de 1916.

Meyer, La vol. 2, pp. 82, 159.

812.404/119, Alonzo B. Garret, vicecónsul de Estado Unidos, al secretario de Estado, Nuevo Laredo, Tamps., 11 de abril de 1916.

304, c. 143, f. 78, parte del teniente coronel Ascensión Técpatl, Santa Ana Chiautempan, Tlax., 30 de mayo de 1915.

Williman, La Iglesia y el p. 35, véase además la segunda parte de este volumen.

317, c. 150, f. 185, A. Millán a V. Carranza, Jalapa, Ver., 2 de mayo de 1916. Pagaza era además un distinguido humanista y poeta; nació en 1839 en Valle de Bravo, Edo. de Méx., estudió en el Seminario de México; obispo de Veracruz (1895-1918). Álvarez, Enciclopedia de

Williman, La Iglesia y el p. 35.

Salvador Alvarado, 21 de junio de 1915, cf. Fabela, Documentos t. pp. 176-181.

316, c. 149, t. 2, ir. 266-267; /326,c. 153, ff. 124-126, V. Carranza y S. Alvarado, Veracruz, Ver., y Mérida, Yuc., 22 y 23 de junio de 1915.

812.00/16442, W.P. Young, vicecónsul de Estados Unidos en Progreso, Yuc., al secretario de Estado, 27 de septiembre de 1915; /812.404/103, John R. Silliman, agente especial de Estados Unidos al secretario de Estado; Mérida, Yuc., 9 de octubre de 1915.

812.404/107, comandante del USS Kentucky al Departamento de Marina, Progreso, Yuc., 24 de noviembre de 1915.

Meyer, La vol. 2, pp. 102-103.

178, c. 47, f. 178; /233, c. 122, f. 12, Enrique Estrada y V. Carranza en Zacatecas, Zac., y Querétaro, Qro., respectivamente, 21-22 de enero de 1917.

100, c 47, ff. 161, 180-181, Luis Cabrera, Ignacio Bonillas y V. Carranza, los dos primeros en Nueva York y el último en Querétaro, Qro., 20-22 de enero de 1917.

100, c. 47, t. 2, f. 256, Benedicto XV a V. Carranza en Querétaro, Qro.; Roma, 27 de enero de 1917.

Bremauntz, Panorama p. 202.

V. Carranza, Adiciones al Plan de Guadalupe, Veracruz, Ver., 12 de diciembre de 1914, cf. Fabela, Documentos t. p. 111.

La primera de ellas determinó que pertenecían a la nación “todos lo bienes que el clero secular y regular ha estado administrando, cualquiera que sea la propiedad de que se trate”; la segunda previno que el dominio directo de los templos nacionalizados conforme a la ley del 12 de julio de 1859 continuaría “perteneciendo a la nación; pero su uso exclusivo, conservación y mejora”, quedaría en manos de las instituciones religiosas a las que los hubieran asignado.

Cumberland, La Revolución pp. 205-206.

V. Carranza, “Manifiesto a la Nación”, Veracruz, Ver., 11 de junio de 1915, cf. Fabela, Documentos t. p. 171.

El Veracruz, 19 de junio de 1915.

Advertencia de V. Carranza a S. Alvarado, cuando éste se apoderó del Arzobispado de Mérida para ampliar la Escuela Normal de Señoritas. Véanse páginas anteriores.

Circular del 4 de diciembre de 1915 que fue protestada por los prelados mexicanos a causa de sus pretensiones regalistas. Meyer, La vol. 2, p. 100.

Blas Corral en Chiapas, junio de 1915, véanse páginas anteriores; Martín Triana, Ags., 22 de diciembre de 1915 y Alfredo Elizondo, s/f (diciembre de 1915) cf. Cumberland, La Revolución p. 207.

V. Carranza, 17 de agosto de 1916, cf. El Pueblo y El 19 de septiembre de 1916.

V. Carranza, 22 de agosto de 1916, El 30 de agosto de 1916.

El 4 de noviembre de 1916; El 5 de noviembre de 1916.

Cumberland, La Revolución pp. 208-209.

Afirmación del obispo de Tacámbaro, Leopoldo Lara y Torres, cf. Meyer, La vol. 2, pp. 93, 158. Véanse además las páginas anteriores a este capítulo.

A partir de 1859 los cismáticos contaron con varios templos, entre ellos La Merced, la Santísima, San José de Gracia y Betlemitas. Atrajeron otros grupos disidentes como los de Ramón Lozano, Manuel Aguas y Eduardo Sánchez Camacho, y contaron con la colaboración del metodista Juan Butler. Gutiérrez Casillas, Historia de la pp. 308-310.

Nació en México, D.F., en 1860, estudió en el Colegio Clerical del padre Vilaseca, luego en el Pío Latino y en la Universidad Gregoriana de Roma. Maestro en el Seminario de México, “amante de la paz y de la inteligencia con los revolucionarios…, mantuvo siempre la entereza de su fe. Orador muy afamado…” y autor de La falsa ciencia y la Biblia. Murió en 1922 cuando esperaba las bulas de la Santa Sede nombrándolo obispo de Monterrey. Diccionario Meyer, La vol. 2, p. 158.

Meyer, La vol. 2, p. 158.

Declaración que firmaron además 13 sacerdotes y fue publicada en El Veracruz, 26 de marzo de 1915. John R. Silliman anexó una copia en su informe al secretario de Estado, del 26 de marzo de 1915 en 812: 404/86; 812.00/1411, Eliseo Arredondo a V. Carranza en Veracruz, Ver. Washington, D.C., 7 de abril de 1915.

Nació en Canadá en 1870, fue ordenado sacerdote en 1893, fundador del Extension Magazine en 1906 y editor. Protonotario apostólico en 1915 y presidente de la Catholic Church Extension Society de Chicago, Illinois, entre 1905 y 1917.

Library of Congress Washington, Manuscripts, Thomas J. Walsh Papers (LCW M TWP), Foreign Relations Box 184 (1913-1933); F. Kelly a W.J. Bryan, 20 de marzo de 1915.

812.404/109 y /111, John R. Silliman ahora “representante especial” del Departamento de Estado, al secretario de Estado, Querétaro, Qro., 1 y 8 de enero de 1916.

Nació en 1851 en el estado de Oaxaca, fue comerciante, antilerdista, se casó y enviudó (1873-1874). Fue ordenado sacerdote en 1881, párroco en Juxtlahuaca, Oax., en 1887; dos años estuvo preso por faltas a la autoridad civil y además se le retiraron las licencias para ejercer el sacerdocio, las cuales le fueron devueltas por el obispo Mora y del Río, designándolo ayudante del párroco de Iztapalapa y luego párroco de Tepetlaoztoc. En 1919 fue trasladado a Santa María la Redonda. En 1924 fundó la Iglesia Nacional. Diccionario

El 27 de julio de 1916.

Antonio J. Paredes, 20 de noviembre de 1916, El 28 de noviembre de 1916.

Meyer, La vol. 2, pp. 156-159; Diccionario

Sacerdote español que a mediados de 1914 se había entrevistado con Carranza en Saltillo para “arreglar un buen acuerdo sobre asuntos de la Iglesia”; además, en marzo de 1915 dirigió “las gestiones defensivas” para la libertad de Paredes y los otros sacerdotes que Obregón envió presos a Veracruz. El 28 de noviembre de 1916.

A.J. Paredes, 20 de noviembre de 1916, cf. El 28 de noviembre de 1916.

Como efectivamente sucedió y Cortés murió siendo capellán del Cementerio Español. Diccionario Porrúa.

El 28 de noviembre de 1916.

El 24 de noviembre de 1916.

Carta de Riendo a El 26 de noviembre de 1916.

El 26-28 de noviembre de 1916.

100, c. 47, ff. 215-216, carta de J. Cortés Canto a V. Carranza, ambos en Querétaro, Qro., 25 de enero de 1917.

México. XLVI Legislatura…, Derechos del pueblo t. p. 93.

t. p. 106.

En el segundo dictamen decía: “ningún”.

México. XLVI Legislatura…, Derechos del pueblo t. p. 224. La obligatoriedad de la enseñanza que contenía el dictamen y que aprobó la asamblea pasó al artículo 31, cf. Cumberland, La Revolución pp. 311-312.

Los demás párrafos se debatieron del 26 al 28 de diciembre de 1916 y el 23 de enero de 1917. De este artículo surgió el 123.

El proyecto de Carranza decía: “no reconoce órdenes monásticas ni puede permitir su establecimiento”.

México. XLVI Legislatura…, Derechos del pueblo t. pp. 411, 425-426, 505, 508.

t. pp. 409-411.

t. pp. 699, 707, 709-710. La palabra entre paréntesis corresponde tanto al proyecto de Carranza como al dictamen de la primera comisión.

t. p. 706.

En el proyecto de Carranza decía: “ningún”.

En el proyecto de Carranza decía: “fuera del interior”.

México. XLVI Legislatura…, Derechos del pueblo t. pp. 381, 532.

t. p. 532.

t. p. 285, Su antecedente se encuentra en las Leyes de Reforma, 14 de diciembre de 1874, cf. Niemeyer, Revolution at p. 80.

Rouaix, Génesis de los artículos 27 y p. 128.

Que correspondieron al párrafo séptimo, fracciones II y III del texto aprobado por el Congreso Constituyente.

Rouaix, Génesis de los artículos 27 y pp. 126-127.

pp. 151, 162-163, 201-202. Las frases entre paréntesis corresponden al proyecto de Rouaix y se incluyeron en el dictamen de la primera comisión; las que están con mayúsculas corresponden a lo que se agregó en el dictamen al proyecto de Rouaix; lo que está en cursivas a lo que se eliminó, tanto del proyecto de Rouaix como del dictamen de la primera comisión.

México. XLVI Legislatura…, Derechos del pueblo t. pp. 137-138, 160-161.

t. p. 136.

“VI: A los que representan capitales clandestinos del clero. VII: A los ministros de los cultos religiosos cuando no sean mexicanos… En todos estos casos la determinación que el Ejecutivo dictare en uso de esta facultad no tendrá recurso alguno y podrá expulsar en la misma forma a todo extranjero cuya permanencia en el país juzgue inconveniente, bajo el concepto de que en este último caso sólo procedería contra dicha resolución el recurso de amparo…”. Voto particular de Francisco J. Múgica y Alberto Román que fue desechado por la asamblea el 18 de enero por 93 votos contra 57.

México. XLVI Legislatura…, Derechos del pueblo t. pp. 137, 220, 227, 231. Las frases entre paréntesis corresponden a lo que se eliminó del proyecto de Carranza y las que están en cursivas a lo que se le agregó.

t. p. 220.

t. pp. 386-388.

t. p. 385.

t. pp. 75, 104, 106, 143, 160.

t. p. 75.

t. pp. 220-221.

t. pp. 170, 173, 180. El debate se refirió a otras fracciones y transitorios.

t. p. 168.

t. pp. 882, 888.

t. pp. 890-892, 909. Las frases entre paréntesis fueron eliminadas del dictamen, las que están con mayúsculas se le agregaron y las que están en cursivas se cambiaron.

Palavicini preguntó cómo era posible que la comisión declarara la libertad de enseñanza si después ponía una serie de trabas. Román dijo “el laicismo es una restricción completa a la libertad de enseñanza”. t. pp. 125, 167-169.

Ibid. t. pp. 105-106, 109-110.

“Todos… hubieron de hacer gala de un hondo anticlericalismo, unos —la mayoría— habrían de mostrarse más anticlericales que otros; y esta ligera diferencia de grado y no de esencia, sería la que ahondaría la división entre el moderatismo de éstos, y el radicalismo de quienes por haberse ostentado como furibundos anticlericales, bien pronto dieron lugar a que se les tildara de jacobinos”. Sayeg Helú, El t. p. 285.

La Primera Comisión de Constitución terminó su dictamen el día 9, lo presentó a la asamblea el 11, y en privado lo empezó a discutir en un salón de la Escuela de Bellas Artes. México. XLVI Legislatura…, Derechos del pueblo t. III p. 184.

Cumberland, La Revolución pp. 311-312.

Abogado, periodista, diputado de la XXVI Legislatura, y autor del proyecto del artículo tercero que presentó Carranza. Niemeyer, Revolution at p. 62; Carpizo, La constitución p. 103.

Como efectivamente sucedió. Artículo 31 del proyecto de Carranza: “Son obligaciones de todo mexicano: I. Concurrir a las escuelas públicas o privadas, los menores de 10 años, durante el tiempo que marque la ley de instrucción pública de cada estado, a recibir instrucción primaria, elemental y militar…”. Dictamen de la Primera Comisión de Constitución: “I. Hacer que sus hijos o pupilos menores de 15 años concurran a las escuelas públicas o privadas, durante el tiempo que marque la ley de instrucción pública de cada Estado, a recibir la educación primaria elemental y militar…”. Texto aprobado por unanimidad de 139 votos de la asamblea el 16 de enero de 1917: “I. Hacer que sus hijos o pupilos menores de quince años, concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación primaria elemental y militar durante el tiempo que marque la Ley de Instrucción Pública en cada Estado…”. México. XLVI Legislatura…, Derechos del pueblo t. pp. 177, 184, 186.

t. pp. 119-123.

Abogado hidalguense de grandes dotes oratorias, miembro del Ateneo de la Juventud, diputado de la XXVI Legislatura, director general de Bellas Artes en el gobierno de Carranza.

México. XLVI Legislatura…, Derechos del pueblo t. pp. 126-129, 131-133.

t. pp. 137-151. Estuvo más de dos horas hablando, Niemeyer, Revolution at pp. 70, 72.

México. XLVI Legislatura…, Derechos del pueblo t. p. 135; Niemeyer, Revolution at p. 75.

México. XLVI Legislatura…, Derechos del pueblo t. pp. 151-157.

t. pp. 167-177; Niemeyer, Revolution at pp. 70-72.

México, XLVI Legislatura…, Derechos del pueblo t. pp. 178-180.

t. pp. 180-187. Después siguieron aclaraciones sobre los ataques que había hecho Rojas a Obregón, Aguirre Berlanga y Roque Estrada, pp. 189-192, que se verán en el siguiente capítulo.

Rojas lo apoyó diciendo: “fui yo el que tuve la casualidad de formular el artículo en una forma original, que expresaba exactamente el pensamiento del Primer Jefe”. t. p. 186.

t. pp. 195-199.

t. pp. 192-193, 200-207.

t. pp. 208-210.

t. pp. 210-224.

Niemeyer, Revolution at pp. 74-78.

pp. 69-79.

Cándido Aguilar, a punto de convertirse en yerno de Carranza, unió su voto al de los radicales; en cambio, el líder obrero Jorge von Versen votó en contra, porque aunque odiaba el clericalismo temía que miles de niños se quedaran sin saber el alfabeto.

Para un estudio crítico y ampliamente documentado del artículo tercero, véase Ulloa Ortiz, El Estado

Los demás párrafos se discutieron del 26 al 28 de diciembre de 1916 y el 23 de enero de 1917. De este artículo surgió el 123, como ya se vio.

México. XLVI Legislatura…, Derechos del pueblo t. pp. 474, 508-509; Niemeyer, Revolution at p. 97.

El debate se centró en los tribunales militares. México. XLVI Legislatura…, Derechos del pueblo t. pp. 709, 712, 729; Niemeyer, Revolution at p. 98.

México. XLVI Legislatura…, Derechos del pueblo t. pp. 532, 534-535, 538-540; Niemeyer, Revolution at p. 81.

México. XLVI Legislatura…, Derechos del pueblo t. pp. 535-538; Niemeyer, Revolution at pp. 81-83.

México. XLVI Legislatura…, Derechos del pueblo t. pp. 541-545.

Niemeyer, Revolution at p. 85.

México. XLVI Legislatura…, Derechos del pueblo t. pp. 649-650, 674-680. Se supone que no se dieron cuenta del riesgo en que ponían a las instituciones de beneficencia y a sus encargados, por el apresuramiento y la ansiedad de restringir la propiedad de las instituciones religiosas, así como también por la premura del tiempo. Niemeyer, Revolution at pp. 95-96.

México. XLVI Legislatura…, Derechos del pueblo t. p. 388. Diez diputados firmaron la adición, cuatro de ellos eran anticlericales declarados y tenían en mente la oposición de los prelados mexicanos a jurar la Constitución de 1857. Niemeyer, Revolution at pp. 98-99.

México. XLVI Legislatura…, Derechos del pueblo t. pp. 106, 143, 160, 221; t. pp. 170, 180. Niemeyer, Revolution at p. 99, asienta correctamente que estas tres disposiciones salían sobrando porque el artículo 129 del proyecto de Carranza, 130 de la Constitución, establece que el clero no tiene voto ni es elegible ni tiene autorización para reunirse con fines políticos.

Que Agustín Garza González no firmó por enfermedad.

La presentaron el día 27 y establecía la disolubilidad del contrato matrimonial civil y que “los templos que se han destinado o destinen al culto religioso y sean propios de la nación no podían darse en arrendamiento, uso, explotación, administración, encargo o en cualquier otra forma, directa o indirectamente, a ministros de cualquier credo religioso o secta que reconozca autoridad, jurisdicción o dependencia de alguna soberanía o poder extranjero, sean cuales fueren su naturaleza y persona o personas en que radiquen”. La proposición provino de David Pastrana Jaimes, Alfonso Mayorga, Leopoldo Ruiz, Crisóforo Aguirre, Luis Espinosa, Andrés Magallón, Cristóbal Limón, Fernando Lizardi, Porfirio del Castillo, Benito Ramírez G., Enrique Recio, José Rivera y Alberto Terrones Benítez. México. XLVI Legislatura…, Derechos del pueblo t. p. 892. Con excepción de Lizardi, todos eran muy radicales. Niemeyer, Revolution at p. 89.

Explicable por el radicalismo de la segunda comisión. Niemeyer, Revolution at p. 87.

México. XLVI Legislatura…, Derechos del pueblo t. pp. 889-890.

t. pp. 892-894. Niemeyer, Revolution at p. 89.

El sacerdote Gregorio Aglipay encabezó un grupo cismático de la Iglesia católica y en 1902 fundó la Iglesia Filipina Independiente. Niemeyer, Revolution at p. 91.

México. XLVI Legislatura…, Derechos del pueblo t. pp. 894-896; Niemeyer, Revolution at p. 91.

México. XLVI Legislatura…, Derechos del pueblo t. pp. 896-899. Niemeyer, Revolution at p. 90.

Dejando que los chinos, japoneses, griegos y rusos tuvieran ministros de su misma nacionalidad.

México. XLVI Legislatura…, Derechos del pueblo t. pp. 899-904; Niemeyer, Revolution at pp. 91-92.

México. XLVI Legislatura…, Derechos del pueblo t. pp. 906-909.

t. p. 909.

Gutiérrez Casillas, Historia de la pp. 376-378.

Memorándum del arzobispo de Guadalajara, 31 pp., sin fecha ni lugar [abril de 1917] p. 9, cf. Meyer, La vol. 2, pp. 100-101; además, pp. 68, 70-71.

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